La deuda pública agregada ecuatoriana totaliza casi el 75% del PIB, es decir, 78 mil millones de dólares de los cuales el 56,4% corresponde a deuda externa; 37,2% a deuda interna y 6,4% a otros pasivos. Para una economía golpeada que en el año 2020 sufrió una contracción del 7,8% de su Producto Interno Bruto y que se estima crecerá en el año 2022 en alrededor del 2,54%, la deuda se convierte en un gran lastre para el crecimiento y desarrollo del Ecuador.

Es claro que el endeudamiento público, per se, no debería constituirse en un problema, en tanto sea sostenible. El Estado, al igual que sucede con una familia que atraviesa momentos de dificultad económica, los empréstitos constituyen una opción para -con el tiempo- estar en condiciones de revertir la situación desventajosa inicial y provocar un mejor ambiente que permita no solamente superar el bache financiero sino relanzar una actividad productiva. Pero claro, para alcanzar aquello se entiende que el destino del crédito debe ser el adecuado.

Siguiendo esa línea de razonamiento, cuando revisamos el Art. 290.3 de la Constitución podemos leer con claridad que: ‘Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador’.

De ahí que nos preguntamos los ecuatorianos al tener que pagar una deuda cercana a los 80 mil millones de dólares: ¿dónde está toda esa plata? ¿quién se ha beneficiado de esos recursos? Estas y otras preguntas son las que deberían responder los diferentes gobiernos de turno y, desde luego, clarificar las autoridades de control en torno a una auditoría de la deuda externa que permita conocer claramente las condiciones en las que se contrataron los créditos, el destino y utilización final de esos recursos y su beneficio real para el país.

Esto es fundamental conocer para identificar responsabilidades frente a una política de endeudamiento público que no ha conocido de planificación y que, por lo mismo, corresponde al poder ciudadano vigilar y auditar esos excesos que hoy han hipotecado el futuro del país.

Solamente en el Presupuesto General del Estado del año 2022 se establece como amortizaciones de la deuda pública el monto de USD. 4.7 mil millones (el equivalente casi al presupuesto para la educación) con necesidades crecientes en los próximos años llegando, por ejemplo, en 2025 a requerirse, para el pago de la deuda externa, algo más de 6.2 mil millones de dólares.

Sin duda, el capítulo de la deuda externa tiene pasajes bastante dolorosos como aquel protagonizado por el ex ministro Richard Martínez, quien, en pleno pico de la pandemia del coronavirus, prefirió pagar a los acreedores más de USD. 1.232 millones...

Por eso, la deuda pública debe ser asumida con absoluta responsabilidad por parte del actual gobierno, buscando los mecanismos para re-perfilar la deuda, es decir, mejorar las actuales condiciones de los créditos y dar un respiro a un país que de no corregir a tiempo el timón, puede verse envuelto en una gran convulsión social de impredecibles consecuencias.

Esperamos sensatez en nuestras autoridades.

@giovannicarrion