En los debates político electorales de los años 1980, al regreso a la democracia, los candidatos de la centro-izquierda lanzaron sendos mensajes a los empresarios monopolistas advirtiéndoles del riesgo que significaba para ellos la acumulación desenfrenada de la riqueza. Ello -lo dijeron- les obligará a amurallar sus viviendas frente al desborde de la violencia provocada por el aumento de la pobreza y de la inequidad.

Lo que está viviendo el Ecuador, hoy día, con el estallido del crimen organizado, del narcotráfico y de la delincuencia común, confirma aquellas prevenciones realizadas hace ya décadas.

Los partidos de la centro-izquierda se replegaron, abandonaron sus postulados reformistas y dejaron el campo libre a las propuestas de un liberalismo económico que no midió las consecuencias sociales de las políticas estatales que privilegiaron el mercado y desatendieron la función social del estado.

Se borró del mapa institucional a la planificación con la eliminación del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y se priorizaron las políticas de ajuste económico con miras al pago de la deuda externa.  Hoy se reconoce que la seguridad y el desarrollo son las dos caras de una misma moneda. Pero el estado ha descuidado estas dos dimensiones clave y es responsable, por tanto, del flagelo de la inseguridad que hoy nos azota.

Sin duda, en esas condiciones adversas se fue perfilando un populismo que se manifestó, primero, con Abdalá Bucaram, y, recientemente, con Rafael Correa. Su discurso apela a los estragos de la pobreza y de la desigualdad social que afectan a la mayoría de ecuatorianos. La corrupción atribuida a sus gobiernos queda relativizada en el imaginario popular, por la inversión en obra pública y por las migajas que reciben a costa de su apoyo al caudillo de turno.
   
La pérdida o el debilitamiento de la concepción de una remediación progresiva de la desigualdad social es una de las causas de la poca legitimidad de la democracia. No es posible defenderla si los gobiernos electos no asumen con responsabilidad y entereza la lucha contra la pobreza.

Ésta no sólo se expresa en la economía, también se aposenta en otras inequidades, como las de género y étnica. El país está rodeado por bombas de tiempo que pueden alentar la confrontación social. Los levantamientos indígenas de octubre del 2019 y de junio del 2022 son un testimonio de una insubordinación social que tiene hondas raíces. El feminicidio de María Belén Bernal es otra afrenta de esa plaga que también tiene causas en la entronización de una cultura patriarcal.

La naturaleza ha sido y es objeto de inmisericordes depredaciones. Pese a los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución de Montecristi, el gobierno de Rafael Correa desistió de la iniciativa con la que pretendía salvar al Yasuní de la explotación petrolera. Priorizó la rentabilidad mercantil para aplicar su política económica populista. 

Más allá de los temas coyunturales que enfrenta el gobierno del presidente Lasso, los problemas estructurales demandan, no sólo de éste, sino de los próximos gobiernos, la asunción de una perspectiva que no se ocupe sólo del corto plazo, sino que siente las bases de una acción estatal sostenida que apunte a extirpar los estallidos de la violencia sistémica. Ello implica conciliar la reactivación económica con políticas capaces de atacar las causas estructurales de la violencia social.

Conseguirlo no es fácil sobre todo si la Asamblea Nacional veta los proyectos del Ejecutivo. A nivel social, ciertos grupos empresariales critican al gobierno por no ejercer el poder para cumplir el programa económico con el que se comprometió. Los sectores laborales siguen aferrados a reivindicaciones propias de un proletariado que ya alcanzó mejoras dentro del capitalismo. ¿Cómo incentivar el empleo sin una flexibilización de la legislación laboral?

Resulta difícil, por otra parte, promover la inversión privada, nacional o extranjera, cuando crecen los niveles de inseguridad que las desalientan. El gobierno y la policía no solo enfrentan los efectos de la violencia estructural sino la acción de bandas criminales con conexión internacional y con sofisticados niveles de organización. Gobernar, por tanto, es ahora una tarea mucho más compleja que cuando Ecuador era una isla de paz.

El estado ha sufrido una merma en su institucionalidad. Expertos señalan que existen estructuras mafiosas que funcionan desde el estado. Hay sospechas de una infiltración en estamentos políticos. En este escenario, las fallas en las prácticas de gobierno son aprovechadas por las redes delincuenciales. Mientras la gobernanza de las organizaciones criminales crece, en el campo político los partidos adolecen de una debilidad orgánica que anula la capacidad de gobierno del estado. Esta se sustenta en la facultad institucional para encarar problemas con acierto y eficacia.

El populismo ofrece resultados rápidos y fáciles. Los desafíos que enfrentan los gobiernos no populistas dificultan su acción remediadora orientada a mantener el equilibrio entre las fuerzas que se disputan el poder dado que no es posible contentar a todos. La masa ciudadana, sin embargo, es presa fácil de falsas promesas.  

Para derrotar al populismo se requieren partidos políticos capaces de entender la complejidad de la situación que vive el país, con líderes honestos y preparados para gobernar con conocimiento de causa. La democracia demanda de diálogos y de consensos El disfraz ideológico con el que astutas minorías adoptan actitudes que armonizan con el sentir de las multitudes para captar el poder, le llevan a la política al terreno de la confrontación.

En un clima de antagonismos sociales y políticos, las organizaciones delincuenciales no hallan obstáculos para beneficiarse de ellos y convertirse en un poderoso rival político y económico del estado.