La llegada del general (r)  Oswaldo Jarrín al Ministerio de Defensa Nacional marcó un hito sustancial en el redireccionamiento de la conducción política de la defensa del Estado. Varios son los aciertos de su administración, sin duda el principal, apartar a las Fuerzas Armadas de la mirada de un proyecto político que buscaba politizar e ideologizar a la institución aplicando las prácticas chavistas que llevaron a la ruina a la democracia venezolana.

Es así como, a partir de su llegada, se paralizó el proceso de desinstitucionalización que se vivía en el Palacio de la Exposición puesto en marcha por las nefastas administraciones de la Revolución Ciudadana, proyecto político que empleó a varias de sus figuras clave para lograr sus aspiraciones pseudo democráticas, pretendiendo la politización de la institución militar, fórmula del fracasado modelo socialista SXXI. 

Ponce, Espinosa, Cordero, Patiño, entre otros hostiles antagonistas de la institución militar, fueron parte de dicho proyecto. De igual forma, se puede atribuir a Jarrín la interrupción de la acefalía del Ministerio de Defensa durante la administración de Patricio Zambrano, quien demostró un total desconocimiento de lo político, estratégico y de gestión de crisis durante su permanencia en esa Cartera de Estado.

La emisión del Libro Blanco 2018, mediante el cual se publicó la Política de Defensa Nacional, es otro hito fundamental que marca la administración de Jarrín. En dicho instrumento se plasman los objetivos políticos de la defensa, insumo de trascendental importancia para el Comando Conjunto FF.AA. en su proceso de concepción del planeamiento estratégico militar de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se destaca la ejecución de varias acciones en las áreas legal, diplomática de defensa, disciplinaria interna, medidas de confianza mutua y cooperación ejecutadas en su administración, resaltando la designación del Ecuador como sede de las maniobras navales UNITAS 2020.

Ahora bien, este 19 de agosto el ministro Jarrín entregó al presidente de la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, en el cual se tratan los temas relacionados con la carrera militar, incluyéndose el máximo legal de años de oficiales y tropa en cada uno de los grados militares. Lo delicado de este proyecto es que mantiene el error introducido en su tiempo en la vigente Ley de Personal. Esta Ley, publicada en el 2007, aumentó los años de servicio para los oficiales y la tropa desde una mirada que no necesariamente respondería a las necesidades de seguridad de la nación en términos de amenazas, riesgos y retos del ambiente estratégico, sino que parecería que su enfoque se concentró en la sostenibilidad de la seguridad social militar, asunto fundamental pero no único de los desafíos en curso.

Las demandas estratégicas futuras exigen de la defensa un correcto ensamble de las capacidades militares para que, en caso de necesitarse, asistan al Estado en la aplicación de la fuerza y garantizar su protección. Estas capacidades se constituyen como un conjunto de factores críticos, entre ellos, personal, sistemas de armas, infraestructura y medios logísticos, cuya sinergia persigue alcanzar un efecto militar o político mediante el cumplimiento de las misiones asignadas. Para lograr tal propósito, es imperativo contar con un recurso humano altamente calificado, activo, dinámico, con adecuada resistencia física, rápida capacidad de reacción y despliegue, con apto grado de flexibilidad y adaptación a complejas situaciones propias de los teatros de operaciones contemporáneos. Así, una edad adecuada se constituiría como una condición de excelencia de los efectivos militares. Sería difícil imaginar a un capitán de 40 años de un ejército moderno responder con eficiencia ante potenciales condiciones de conflicto. Por tanto, el cumplimiento de la misión estaría comprometido si el promedio etario del personal militar es demasiado alto, especialmente en los grados más bajos de quienes se requiere explotar sus habilidades de combate en misiones tácticas que involucran un alto nivel de esfuerzo físico. 

Para ilustrar lo mencionado, en el siguiente cuadro comparado se presentan los mínimos de edad con los que un oficial llegaría a terminar los grados de coronel (funciones de estado mayor) y de capitán (funciones tácticas), considerando la edad mínima de egresamiento de las escuelas de formación. Es notoria la excesiva extensión de la carrera militar en el Ecuador en contraposición de las fuerzas militares más representativas de la región, lo que en términos reales significa una disminución del dinamismo de sus efectivos para el óptimo empleo militar en despliegues y ejercicios de combate, limitando así la capacidad operativa de la fuerza.

Como es de conocimiento público, en la siniestra década del correato la seguridad social militar pasó por etapas complejas que pusieron en grave riesgo su proyección, empleando artimañas fundamentadas en la errada lucha de clases dentro de una institución altamente jerarquizada debido a su naturaleza. Pero ¿es la sostenibilidad de la seguridad social militar una justificación válida para adecuar el planeamiento de fuerza de un Estado a esa coyuntura dejando de lado cuestiones prioritarias para la seguridad nacional? De acuerdo con el “modelo Bartlett” empleado en varios ejércitos de primer orden, un planeamiento de fuerza eficiente consiste en la evaluación de las necesidades de seguridad de una nación, estableciendo las capacidades militares que surgen de dichas necesidades para seleccionar las fuerzas militares requeridas. Dicho en otras palabras, si factores externos a las variables claves del planeamiento (ambiente estratégico, fines, estrategia, medios, riesgos) condicionan el proceso, a la final solamente se obtendrán desajustes entre los objetivos nacionales y las capacidades militares que realmente se requieren para lograr los niveles de seguridad deseados. 

Si bien, asegurar el bienestar del efectivo militar una vez deje la institución es un aspecto insoslayable, bajo ningún tipo de vista esta variable podría marcar el planeamiento de fuerza del Estado. Por lo que, se deberá pensar en nuevos mecanismos de seguridad social que no condicionen al planeamiento estratégico militar, que en épocas actuales, exige una proyección de fuerza de dimensión limitada, acción inmediata y sumamente letales, apartándose de los modelos napoleónicos de masa.