La declaración del Presidente de la República del día 26 de julio de 2013, en el marco de un conversatorio con la prensa en la ciudad de Guayaquil, pareció sorprender a propios y extraños.  En este acto se hizo alusión a la posibilidad de tener una fuerza de reserva que permita disminuir el número de soldados rentados que es bastante costoso para el país. En palabras del Presidente: "no existe lógica que tengamos más soldados que antes de la firma de la paz con el Perú, cuando existía un peligro real de confrontación". Pero la pregunta que salta a la vista es: ¿A qué se debe esta declaración? ¿En qué contexto se circunscribe?
 

Se ha discutido ya con frecuencia que Ecuador es uno de los países que más invierte en Defensa en la región: 3,1% en relación al PIB según el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe 2012 (Resdal)[1]  ubicándose casi a la par de Chile y de Colombia, que mantiene un conflicto armado a nivel interno por más de 50 años. De igual forma, el presupuesto en Defensa creció a un ritmo superior que el Presupuesto General del Estado (PGE) entre el 2008 y el 2012 y ocupa el segundo lugar de importancia por debajo de Educación, pero por encima del gasto en Salud, Bienestar Social, etc. 

Las razones a este incremento pueden ser varias, entre las que destacan: una tendencia generalizada en la región a incrementar el gasto en Defensa, que muchos han denominado como "una escalada armamentística regional", la ubicación de Ecuador en un escenario conflictivo que recrudeció a raíz del ataque a Angostura en el 2008 y el abandono de inversión que se dio en las Fuerzas Armadas por más de una década, que el mismo Presidente ha catalogado como el más grave error de la larga noche neoliberal.

A nivel conceptual, existen también dos visiones para analizar el gasto en Defensa: la visión liberal y la visión realista. Para la visión liberal, el gasto en Defensa es un servicio destinado a satisfacer una demanda no deseada (igual que la asistencia sanitaria y la seguridad personal). Por esta razón, la paz produce múltiples dividendos y beneficios sociales, entre los cuales está la  disminución de los gastos en Defensa para canalizar a otras áreas como la salud y la educación.

Para la visión realista, por su parte, la utilidad del gasto en Defensa está por encima de la utilidad de cualquier bien alternativo, pues el valor de enfrentar una  amenaza debe valorarse, en muchos de los casos, en la supervivencia misma de la nación, lo cual es muchas veces incuantificable. Es decir, los beneficios del gasto en Defensa sólo se pueden percibir cuando la amenaza efectivamente ocurre.

Hablar de un gasto óptimo en Defensa es ciertamente un tema complejo. La Defensa es un bien público por naturaleza cuya asignación de recursos depende de la valoración de un grupo selecto de decisores (restringido al escrutinio e influencia pública por cuestiones obvias de seguridad)  sobre las amenazas que afectan a la seguridad de un país. Es decir, una asignación de recursos con base en una demanda efectiva (amenazas reales que están afectando el territorio); pero que se complica cuando se habla de amenazas potenciales (amenazas que pudieran afectar al territorio).

En este último punto,  pese a que existen formas que permiten tener un mejor escenario de riesgos, al final, la asignación de recursos siempre terminará en medio de una tensión entre miradas más optimistas y pesimistas. Eso sí, existen criterios que podrían ayudar mucho en este cometido como: a) el principio de proporcionalidad (los recursos asignados tienen que ser proporcionales a la magnitud de la amenaza); b) y la cuestión de que la Defensa no se agota en lo militar (se entiende por Defensa todas las actividades que el Estado en conjunto puede hacer para neutralizar amenazas). 

Pese a esto, la declaración del presidente Correa hace suponer que el gasto en Defensa no se orienta hacia la demanda. Si bien los incrementos en el gasto en Defensa en los últimos años se han justificado, producto de las inversiones para el equipamiento y repotenciación estratégico del sector, estos han sido oscilantes en el PGE siendo el año 2010 (350 millones de dólares aproximadamente) el de mayor significancia ya que representó el 21% del total del gasto en Defensa.  Por su parte, los incrementos más fuertes entre el 2008 y el 2012 vienen del gasto en personal, según Resdal con un 79%. Ecuador cuenta aproximadamente con 38 000 efectivos militares (se excluyen conscriptos) que lo ubican en el séptimo lugar en Sudamérica en número de efectivos por cada cien mil habitantes (272), sin embargo, tercero en la relación gasto /número de efectivos (62 620 dólares anuales). El promedio de gasto corriente entre el 2008 y el 2012 fue de 86% y se habla de que existe un déficit de 17% todavía para cubrir este gasto. Esta importancia del gasto en personal se debe, sin duda, a las mejoras en el bienestar de las Fuerzas Armadas (especialmente salariales), pero ha dado como resultado que el gasto se concentre más en el sostenimiento de la oferta laboral existente que en la inversión.  

Existen aproximaciones, como la del experto en economía de la Defensa Thomás Scheetz, quien sostiene que la Defensa de una nación debe ser evaluada como un juego de suma cero.  Es decir, ganar es lo único aceptable para el sector Defensa, porque perder afecta la supervivencia de la nación. Por esta razón, un soldado debe tener sus herramientas necesarias para ser un soldado, para lo cual es necesaria una asignación apropiada entre capital fijo (adquisiciones) y el variable (insumos y mano de obra). A escala internacional, se recomienda que esta relación de inversión en Defensa debe fluctuar entre un 20 a 25% anualmente. Pese a ello, el promedio de inversión de Ecuador en defensa fue de 13,9% entre el 2008 y el 2012 (sin contar el presupuesto de seguridad social de FF.AA.).

Parecería claro que la mirada de la Defensa en Ecuador está lejos de ser la misma que hace 20 años debido a la superación histórica de los problemas limítrofes del país con sus vecinos;[2] sin embargo, esto no quiere decir que hayan desaparecido las hipótesis de guerra o conflicto. La labor de las Fuerzas Armadas es defender la integridad nacional, sino no tendrían razón de existir.  Por otro lado, existen amenazas transnacionales como el narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal, que son y serán de responsabilidad compartida de las Fuerzas Armadas y qué decir del espacio marítimo (tres veces más grande que el espacio territorial a raíz de la firma de la Convemar) y aéreo cuya responsabilidad recae en la Marina y la Fuerza Aérea respectivamente. De igual forma, apoyo en labores subsidiarias como la gestión de riesgos  ya que aunque sea muy difícil evaluar la efectividad de Fuerzas Armadas en estas tareas, su labor siempre será importante.

Todo esto ha sido planteado como la necesidad de establecer un giro conceptual de las Fuerzas Armadas del país que implicaría modificaciones legales, institucionales y doctrinarias. Sin embargo,  este debate debe también recaer alrededor del gasto en Defensa y su eficiencia, más aun en un contexto de demandas sociales crecientes y recursos fiscales limitados. El diagnóstico está dado, la pregunta que nos debemos hacer de nuevo es: ¿quién le pone el cascabel al gato?

[1] Este porcentaje incluye el gasto en seguridad social de las Fuerzas Armadas.

[2] Actualmente los límites terrestres, aéreos y marítimos están totalmente cerrados.