La extorsión se expande cual epidemia en el país y anticipa nuevas dinámicas violentas. La UNASE ya registra 2.902 casos de extorsión en lo que va del 2022, pero se trata de una cifra opaca, pues la desconfianza en el Estado inhibe las denuncias de las víctimas.

La extorsión criminal se presenta cuando un actor amenaza o utiliza la violencia para extraer rentas de una población a cambio de la promesa de protección contra amenazas externas (Moncada 2021, 18 ). Tres condiciones son necesarias para su expansión. La primera es de carácter contextual: a medida que el ambiente social se torna violento la demanda de protección crece, porque crecen las vulnerabilidades de la población. La segunda es el poder coercitivo de los grupos criminales. La permeabilidad del país al tráfico de armas, municiones y explosivos amplifica el repertorio violento de los extorsionadores. La tercera condición es la información de las posibles víctimas. El arraigo social de los grupos criminales facilita la identificación de rutinas de trabajo y el mapeo de potenciales víctimas.

No es casual que en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), donde la violencia criminal se cuela por todas partes la extorsión avance a ritmos acelerados. En la Bahía, por ejemplo, hombres armados exigen entre 1000 y 5000 dólares para brindar protección. Si no se efectúan los pagos balean las casas y lanzan granadas. En mayo de este año la alcaldesa de Guayaquil reconoció que en su cantón los contratistas deben pagar “vacunas” de hasta 10.000 dólares para ingresar a los barrios y hacer obras. Ni siquiera los profesores de primaria se salvan, poniendo en riesgo a los niños, niñas y adolescentes.

Varios fenómenos colaterales multiplican las violencias en el país. Por un lado, el desplazamiento interno de familias que huyen de la violencia criminal; como ocurre con frecuencia en Esmeraldas. También hay un desplazamiento forzado producto de la extorsión que facilita el lavado de dinero en la compraventa de inmuebles de bajo costo.

Por otro lado, las estrategias de resistencia a la victimización criminal están en auge. La “justicia por mano propia” es un ejemplo. En diciembre del año anterior dos hombres fueron quemados vivos por la comunidad en Bahía de Caráquez. En septiembre de este año dos hombres fueron linchados e incinerados en su vehículo por moradores de El Carmen (Manabí) En Durán el vigilantismo es persistente –como lo mostró PlanV en su documental Durán: tierra de sicarios– y efectivo –en septiembre de 2022 cortaron la mano derecha de un hombre que delinquía en ese cantón.

Discretamente se han creado grupos armados con financiamiento de empresarios agroindustriales en varias zonas del litoral. Públicamente ganaderos y camaroneros han exigido libre porte de armas para enfrentar la inseguridad. Como candidato, Guillermo Lasso siempre fue partidario del libre porte de armas y prometió autorizarlo. Como presidente, ventajosamente ha incumplido esa promesa y tal posibilidad sigue vetada.

Las narco-explicaciones son insuficientes para comprender la espiral criminal de la extorsión. Las violencias que se avecinan son más complejas y difíciles de revertir, y solo el gobierno parece no advertirlo.