Este caso empezó con un escueto mensaje de un abogado especialista en tributación. De esos que trabajan con grandes empresas y grandes personajes… No sé si buscaba redención o era una valerosa acción anticorrupción. “Mira esto pana”, escribió. Luego, llegó una foto al chat.

Esta era la captura de la Disposición Reformatoria Primera del Decreto 1073. En palabras cristianas… el Reglamento a la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana que fue creada para ayudar a Manabí y Esmeraldas luego del terremoto del 2016. 

“Lavaron harto”, finalizó. 

Eso fue todo. El mensaje dejó ver un párrafo, construido por las mentes correístas para abrir la puerta trasera para que regrese el dinero que había salido del país, plata buena y posiblemente dinero sucio. El pretexto parecía perfecto: nuevas contribuciones para los damnificados y la necesaria vuelta de recursos para esa tributación especial. Pero… desactivaba el Código Penal. Y se levantaron todos los controles antilavado del país sobre ese dinero.

El texto está escondido al final de un larguísimo reglamento que mostraba cómo debíamos ayudar a los afectados por el sismo. Era la contribución obligatoria para personas que cumplían cierto nivel de ingresos.

El caso salió a la luz por primera vez en este portal el cuatro de septiembre del 2017. El Decreto 1073 incluyó tres mandatos que fueron detallados en ese reportaje. Tres diferentes mecanismos de posible defraudación tributaria.

El primero deja sin efecto el artículo 298 del Código Penal, sobre las defraudaciones tributarias. Esto para las personas no presentaron sus declaraciones patrimoniales desde el 2009 o lo hicieron de forma incompleta o equivocada. Rafael Correa dispuso que a esos ‘olvidadizos’ les caiga encima una leve multa por no presentar la declaración…

Asimismo, desactivo el control del SRI a las declaraciones patrimoniales y, de paso, el control de lavado de activos. Y, tres, no se establecieron los mecanismos de control anticorrupción del dinero que llegó o que no se declaró desde el 2009.

Esta denuncia fue recogida por el asambleísta César Carrión. Él, en su papel fiscalizador, hizo su propia indagación durante cinco meses y denunció las irregularidades a la Contraloría y la Fiscalía. En sus primeras averiguaciones conoció que unos 5 800 contribuyentes realizaron 8 300 declaraciones nuevas y se beneficiaron de esta ayuda de Rafael Correa. Las nuevas declaraciones y otras sustitutivas revelaron un patrimonio oculto de casi 4000 millones de dólares. Todos dentro de los períodos fiscales entre 2010 y 2016. Para Carrión es claro: el Decreto 1073 viabilizó lavado de activos en Ecuador.

El tres de abril del 2018, el asambleísta contextualizó el Decreto y denunció a las autoridades de control. Para él, la riqueza que estaba oculta fue súbitamente legitimada por una necesidad ocasionada por escándalos de corrupción.

El entorno internacional era adverso para los corruptos, dijo el asambleísta Carrión, que ocultaban recursos de origen dudoso, ya que se iniciaron investigaciones por los sobornos de Odebrecht, se publicaron los Panama Papers, estaban en curso investigaciones del Departamento de Estado de EE.UU., y Colombia se encaminaba a la firma de la paz.

La pregunta que se hacía el legislador es si esos dineros fueron obtenidos lícitamente. Y trasladó esas preguntas a la Fiscalía y la Contraloría. El SRI, denunció, no hizo caso a los pedidos de información sobre el Decreto correísta.

Un bloque de instituciones con las investigaciones abiertas…

A casi un año de la denuncia de Carrión, esas investigaciones no finalizan. En la Contraloría está en ejecución el examen especial a la emisión y aplicación del Decreto 1073. Recién “el 14 de febrero del 2019 se emitió la orden de trabajo para el inicio de la auditoría”, dice un comunicado de la Contraloría. Quien estaría en la mira de los auditores es el propio Rafael Correa.

En la Fiscalía General el caso, también, avanza lentamente. No obstante, en esa dependencia ya tienen los detalles de nombres y montos. Y, efectivamente, hay personas que colaboraron con el correísmo.

Sin embargo, con la llegada de Diana Salazar esto puede dar un vuelco. Y con el liderazgo y su autoridad sobre el tema de combate al lavado de dinero, la nueva Fiscal General puede determinar quienes usaron este Decreto para declarar dineros de la corrupción y quienes no.

El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio también tiene la denuncia. Así lo informó la exsecretaría Anticorrupción del Consejo, María Arboleda, cuando dejó su cargo en agosto del 2018. Tampoco hay resultados de esa investigación.

Todo esto… por un mensaje de Whatsapp. “Lavaron harto”.