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26 de Agosto del 2020
Ideas
Lectura: 7 minutos
26 de Agosto del 2020
Mauricio Alarcón Salvador

Abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

La garita de la alegría
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Había sido embajador en Panamá en el gobierno de León Febres Cordero, diputado provincial por el Partido Social Cristiano por Guayas entre 1990 y 1992, reelecto en 1996. Fue Verduga quien mocionó en el Congreso, el 6 de febrero de 1997, la destitución del presidente Abdalá Bucaram Ortiz alegando incapacidad mental para gobernar el país. Uno de los “héroes” de febrero de 1997 jamás se imaginó que tres meses más tarde se vería envuelto en tan graves denuncias de corrupción.

Cuenta la historia que cuatro vigilantes de la extinta Comisión de Tránsito del Guayas, CTG, se cansaron de recaudar coimas para sus superiores y se rebelaron un 9 de mayo de 1997. Luis Santana, Stalin Rugel, Víctor Lam y Guillermo Araujo, supervisores de la garita 3 de la terminal terrestre de Guayaquil, denunciaron públicamente que eran obligados a pedir dinero a los choferes de las unidades de las distintas cooperativas para entregarlo a las autoridades de la CTG y al diputado socialcristiano Franklin Verduga Vélez.

Pero esta no fue la única anomalía. Se denunció además que el diputado Verduga utilizaba a agentes de la CTG como seguridad particular y como choferes personales, con carros de la institución, para él y su familia. Que abusaba de su poder para ubicar a familiares y amigos en cargos públicos: su cuñado Carlos Morales Echeverría, como presidente del directorio de la Comisión, su concuñado Enrique Pine León como director ejecutivo, su hijo Franklin Verduga Rodríguez como asesor del presidente del directorio y su sobrino Raúl Anchundia Verduga como jefe de almacén.

Las denuncias no pararon ahí. Se acusó a Verduga de ser “la cabeza” de una red de corrupción que incluía sobrefacturación en compras públicas y venta de cargos públicos. Incluso los medios de la época recogen que Verduga vendió un vehículo reportado como robado, disponiendo que se lo mantenga en los patios de la CTG.

Pero, ¿quién era Franklin Verduga Vélez? Había sido Embajador de Panamá en el gobierno de León Febres Cordero, diputado provincial por el Partido Social Cristiano por Guayas entre 1990 y 1992, reelecto en 1996. Fue Verduga quien mocionó en el Congreso, el 6 de febrero de 1997, la destitución del presidente Abdalá Bucaram Ortiz alegando incapacidad mental para gobernar el país.

Uno de los “héroes” de febrero de 1997 jamás se imaginó que tres meses más tarde se vería envuelto en tan graves denuncias de corrupción.

La Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional abrió una investigación contra Verduga y a partir de entrevistas directas a los agentes de la CTG, un informe proporcionado por la  inteligencia militar, el informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), notas y entrevistas de medios de comunicación, elaboró un informe preliminar que establecía la responsabilidad de Verduga frente a los hechos denunciados y recomendaba su destitución. El informe de la CCCC determinó que en la famosa “garita 3” se recaudaba alrededor de 4 millones de sucres diarios (aproximadamente 1000 dólares de entonces).

El expresidente Febres Cordero declaró públicamente su apoyo a Verduga frente a lo que consideraba era una persecución política por haber mocionado la destitución de Bucaram. Verduga, por su parte, afirmó que el informe no era sólido ni contenía pruebas de las denuncias. No obstante, renunció a su curul el 7 de octubre de 1997 para evitar ser destituido por sus compañeros del Congreso Nacional.

Las investigaciones continuaron en el ámbito judicial hasta abril de 1999, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Romero Parducci, dictó la orden de prisión preventiva contra Verduga por el supuesto cometimiento de los delitos de peculado (uso y abuso de dineros públicos y privados en beneficio propio) y concusión (exigir, abusando de su condición de funcionario público, cualquier tipo de pago). Los agentes y otras autoridades de la CTG también fueron vinculados al caso. De las investigaciones se determinó irregularidades en los procesos de compras y contrataciones públicas, así como alteración de planillas y proformas de venta, razón por la cual más funcionarios de la institución fueron procesados.

El caso de a poco fue quedando en el olvido hasta que los medios recordaron que, si la justicia no actuaba, el delito prescribía. Faltando horas para que el caso prescriba, la Corte Suprema de Justicia, el 14 de diciembre de 2002, sentenció a Verduga Vélez a cuatro años de prisión y al pago de una multa equivalente a 4 veces el valor de lo mal habido por corrupción. Miembros de la CTG también fueron condenados como autores y coautores.

Había sido Embajador en Panamá, diputado provincial por el Partido Social Cristiano por Guayas entre 1990 y 1992, reelecto en 1996. Fue quien mocionó en el Congreso, el 6 de febrero de 1997, la destitución del presidente Abdalá Bucaram. Uno de los “héroes” de febrero de 1997 jamás se imaginó que tres meses más tarde se vería envuelto en tan graves denuncias de corrupción.

Verduga apeló la sentencia y volvió a declararse como perseguido político.

En abril de 2003, el Fiscal General Subrogante Guillermo Mosquera Soto emitió su dictamen acusatorio por pedido de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema y para responder la apelación de los acusados. Según Mosquera, en el trámite de las apelaciones los acusados fueron incapaces de desvirtuar las acusaciones.

Un año más tarde, a finales de marzo de 2004, un controvertido fallo de la Sala de la Corte Suprema absolvió a Verduga y a otros implicados por supuestamente no poderse comprobar la existencia del delito. El fallo provino de los jueces Carlos Riofrío Corral y Eduardo Brito Mieles, con el voto salvado del conjuez permanente Carlos Pérez.

Una vez absuelto, Franklin Verduga Vélez publicó un comunicado para aclarar su situación legal y dio una rueda de prensa en la cual afirmó que siempre tuvo el respaldo del Partido Social Cristiano, del cual nunca se desafilió, y del que no se valdría “para buscar venganza contra los denunciantes.” Y el PSC no solo que lo respaldó, sino que en 2009 hasta lo candidatizó, sin éxito, para que vuelva al Legislativo (ocupó el cuarto escaño en la lista de candidatos a la Asamblea por uno de los distritos de Guayas). En 2014 fue candidatizado como concejal suplente de Guayaquil, escaño que ocupó junto a su principal, Luzmila Nicolalde, hasta 2019.

Estamos a pocos meses de un nuevo proceso electoral, en el que estamos obligados a elegir a nuestros representantes a la Asamblea Nacional en listas cerradas. Que este caso nos sirva para poner mucha atención a los candidatos que nos proponen partidos y movimientos políticos. No vaya a ser que entre principales o suplentes se nos cole algún personaje, por muy absuelto que haya sido, con algún tufo de corrupción e irregularidades.

[PANAL DE IDEAS]

María Amelia Espinosa Cordero
Fernando López Milán
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