Mientras la narrativa de la narcoviolencia coloniza la opinión pública, la gobernanza criminal se consolida alrededor de la minería. Las autoridades no parecen alarmadas por este fenómeno, pues muy poco se ha hecho al respecto. Por el contrario, han optado por una simplificación banal: «la minería ilegal está relacionada con el narcotráfico».

La gobernanza criminal en la minería es un punto ciego para el Gobierno. Ni siquiera se la menciona en los discursos públicos de los principales voceros del sector seguridad, peor aún en los documentos oficiales. No es lo mismo hablar de economías ilícitas –palabras favoritas del ministro Carrillo– que de gobernanza criminal. Economías ilícitas o criminales es una noción normativa que carece de poder analítico, y su uso desprolijo solo conduce a reforzar la visión securitista de la criminalidad grave.

La gobernanza criminal es un fenómeno sociopolítico que guarda una relación simbiótica con la gobernanza estatal. Ocurre cuando los grupos criminales controlan gobiernos locales, poblaciones y territorios, pero sin sustituir al aparato estatal; más bien aprovechándose de sus recursos, de sus funcionarios e instituciones para imponer sus propias reglas. En palabras del académico brasileño Enrique Desmond Arias, desde esta perspectiva “el crimen crónico no es el resultado de un quiebre del Estado de derecho per se, sino la presencia de un particular tipo de compromiso entre el Estado y los actores criminales”.

Estas enredadas relaciones entre criminales y funcionarios públicos son cada vez más notorias en el sector minero. Por ejemplo, durante el primer semestre del 2019 (gobierno de Lenin Moreno), el subsecretario de Minería Artesanal y Pequeña Minería autorizó 44 títulos mineros, a pesar de que el catastro minero fue cerrado en enero de 2018 (https://bit.ly/3RTAURD).

En febrero del 2022, el Gobierno hizo aspavientos del operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas contra la minería ilegal en las orillas de los ríos Jatun Yaku y Yutzupino, en la provincia del Napo. El festín minero habría iniciado en junio de 2021, con la complicidad de los pobladores, de las autoridades políticas y de la empresa china Terraearth, concesionaria de esa zona. Luego se conoció que en este lucrativo negocio están implicados gobernadores, alcaldes, prefectos y asambleístas, como lo evidencia la investigación periodística de PlanV: https://bit.ly/3eErj2U https://bit.ly/3DhJSnZ.

La respuesta del gobierno de Lasso ha sido militarizar las zonas mineras. Pero esto agrava el problema. Para muestra un botón: el mes pasado un excapitán del Ejército, José Luis F., quien en octubre del 2019 cumplía funciones de jefe del subsector en la parroquia Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, fue sentenciado como coautor del delito de actividad ilícita de recursos mineros (https://bit.ly/3xhUsr3).

El caso más reciente de gobernanza criminal en el sector minero está en el cantón Ponce Enríquez, de la provincia del Azuay. Aquí no solo se repite el patrón de connivencia de grupos criminales con autoridades, sino también de grupos armados que se disputan violentamente el control del negocio (https://bit.ly/3B5Y54I). A solo 500 metros de la plaza principal, el Municipio y la Fiscalía, hay una decena de retroexcavadoras que extraen oro del río Guanache, sin permisos, en el cantón azuayo Ponce Enríquez (Fuente: https://bit.ly/3UeC24D).

Así las cosas, si el catastro minero se reabre en diciembre de este año, como lo anunció el Gobierno, la violencia criminal tendrá un nuevo estímulo perverso y la gobernanza estatal seguirá corroyéndose a vista y paciencia de un Gobierno obsesionado con el narco.