El mayor problema del país no son los niveles de violencia criminal que estamos viviendo hoy, sino los que afrontaremos a futuro. En efecto, y según los criterios de expertos en la materia, una vez que el crimen organizado toma viada es muy difícil contenerlo.

Para muestra bastan dos botones: la guerra contra los carteles de la droga en México y Colombia (dos países referenciales a nivel mundial) ha fracasado rotundamente. En México, el incremento progresivo de los asesinatos y muertes violentas no se ha detenido; en Colombia, la producción de cocaína se ha triplicado en los últimos años.

Uno de los flancos más vulnerables de nuestras sociedades es la extrema permeabilidad de las instituciones. En México, dos zares antidrogas (la máxima autoridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico) eran miembros de los carteles y terminaron con sus huesos en la cárcel. En Colombia, el escándalo de los narco-diputados y los narco-senadores provocó una crisis política complicadísima. Ambos casos demuestran que el crimen organizado llevaba mucho tiempo aplicando una eficaz estrategia de penetración, cooptación y control de los más importantes organismos del Estado.
Es más que probable que en el Ecuador venga ocurriendo algo similar (o peor). Los casos de funcionarios y autoridades involucrados con el narcotráfico se multiplican a diario. En varios municipios con una ubicación estratégica para el trasiego de droga, es un secreto a voces que hay candidatos a alcaldes que responden a los carteles. En la última convocatoria de la Policía Nacional se detectó que miles de aspirantes tenían antecedentes penales o pertenecían a conocidas bandas delictivas.

Es estas condiciones, los llamados que se formulan desde diversos sectores políticos y periodísticos para articular una respuesta política consensuada alrededor del gobierno enfrenta un obstáculo de fondo: ¿cómo estar seguros de que las instituciones, organizaciones sociales y partidos políticos convocados  a esta cruzada nacional contra el crimen organizado no están contaminados por los mismos enemigos a los que se pretende combatir?

El caso de los alcaldes resulta especialmente dramático, porque como autoridades civiles locales integran los COE cantonales. ¿Qué garantía existe de que su función no estará condicionada por su eventual vinculación con las bandas criminales? La filtración de información es un factor clave en las operaciones ilícitas.

Estas particularidades solo son algunos componentes de una confrontación que, en la práctica, reproduce una lógica de guerra. Es decir, de un enfrentamiento entre actores con un enorme potencial bélico: armas, tecnología, pie de fuerza, recursos financieros… Pero sí, como lo evidencian las experiencias mexicana y colombiana, estas guerras se pierden de antemano, la conclusión es que la propuesta de los distintos poderes políticos está equivocada. Más armas, más tecnología, más equipamiento, más policías y militares no resolverán un problema que se origina en la pobreza y en las profundas desigualdades sociales que persisten y se incrementan en forma alarmante.