Una revisión de la historia ecuatoriana desde la reestructuración jurídica del Estado, en 1979, evidencia momentos vergonzosos en las relaciones entre las funciones del Estado. En su momento, cada uno de estos episodios suscitó el escándalo y el repudio de la sociedad ecuatoriana. Y aunque cada abuso superó en indecencia al anterior, ninguno de ellos llegó al nivel deplorable del que apreciamos hoy, en las actuaciones de dos importantes poderes del Estado: la legislatura y el sistema judicial. Veamos.

El primer episodio:

Cuando al presidente León Febres Cordero le disgustó la elección de nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia, por parte del Congreso y rodeó con tanques de la Policía las instalaciones de la Corte, la respuesta social fue una huelga nacional por la injerencia del ejecutivo en la designación de magistrados de la Corte. Era octubre de 1984 y la acción de Febres Cordero produjo el rechazo y la crítica de la ciudadanía.  El país estaba absorto por aquella interferencia tan visible del ejecutivo en dos funciones del estado. ¿Es posible equiparar aquel atropello con lo que acontece ahora en la Asamblea Nacional y en el sistema judicial? Parecería que no.

A raíz de la consulta popular, realizada en mayo de 1997, se resolvió que la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia sería por cooptación, y que su permanencia sería indefinida. El objetivo era evitar la intervención de la legislatura en la designación de los jueces supremos y propiciar la independencia judicial. El proceso inició con la nominación de una comisión calificadora que revisó las carpetas de 218 candidatos y de entre ellos seleccionó una lista de 45 aspirantes, de entre los cuales fueron escogidos los 31 magistrados. Esta comisión fue integrada por tres legisladores y tres representantes de la sociedad civil quienes, a su vez, nominaron a un séptimo miembro.  Así que la Corte Suprema de Justicia conformada en 1997 gozaba de una autonomía inédita en la historia ecuatoriana. Y de legitimidad social. Estas eran las credenciales de la Corte en funciones, cuando el coronel Lucio Gutiérrez asumió la presidencia de la república.

El segundo:

Una nueva intromisión del ejecutivo en las demás funciones del estado ocurrió entre noviembre de 2004 y 2005 cuando el gobernante de turno, Lucio Gutiérrez, logró una mayoría congresal. El compromiso del gobierno con sus aliados incluyó el cambio en la conformación del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, con integrantes afines a sus intereses. A pesar de las protestas de autoridades locales y de colectivos ciudadanos y sociales el reparto se mantuvo.

Uno de los arreglos de este pacto, en enero de 2005, fue el nombramiento de uno de los fundadores del Partido Roldosista Ecuatoriano, Guillermo Castro, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, al que siguió la toma del Consejo Nacional de la Judicatura. No pudieron conseguir que alguien de los suyos dirigiera la Fiscalía General por discrepancias y ambiciones entre los cófrades. Lo que sí lograron fue anular los juicios contra Abdalá Bucaram. Así, el ex presidente regresó en los primeros días de abril. La indignación que aquello provocó en las principales ciudades del país desencadenó la caída de Gutiérrez el 20 de abril.

La cesación de los jueces por el Congreso fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2004; fue remitida a la Corte en agosto de 2011 y la audiencia se verificó el 4 de febrero de 2013. El 23 de agosto de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la indemnización a los 27 ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 8 vocales del Tribunal Constitucional, por haber sido cesados arbitrariamente.

Era tal la preocupación nacional a fines de 2004 que colectivos nacionales, la Asamblea de Quito y el alcalde de Quito invitaron al jurista argentino Leandro Despouy a que observara la realidad de la justicia en Ecuador, en su calidad de relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados. El funcionario arribó a Ecuador e indagó sobre los hechos de noviembre de 2004. Antes de dejar el país Despouy señaló que la elección de la Corte en 2004 presentaba “visibles irregularidades”. Y afirmó el imperativo de que Ecuador reconstruyera un sistema institucional preservado de los intereses de la política. En otras palabras, Ecuador debía recuperar el estado de derecho.

Tras la remoción de Gutiérrez el congreso permaneció a pesar del rechazo ciudadano. Cambiaron sus autoridades y la nueva mayoría destituyó a 11 legisladores, cesó a los integrantes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral y reglamentó el procedimiento para elegir a los nuevos 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El proceso fue observado por veedores de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la Comunidad Andina. Todos alabaron la forma como fueron nombrados los magistrados, porque aseguró la transparencia, tuvo acompañamiento internacional y fue resultado de un diálogo democrático interno.

Esos hechos, indudablemente, fueron bochornosos para Ecuador. Pero a pesar de su gravedad, la legislatura mantuvo cierto nivel de decoro, por su afán de auto depurarse y por buscar una vía para la constitución de una corte de justicia independiente.

El tercero:

Fueron los inicios del gobierno de Rafael Correa. El 7 de marzo de 2007 el Tribunal Supremo Electoral removió a 57 legisladores y los sustituyó por sus suplentes, en una acción coordinada con funcionarios y simpatizantes del mandatario. El incidente fue denominado por sectores de la oposición como un golpe de estado. El 21 de marzo, el régimen obtuvo una mayoría con 21 diputados suplentes, tres de la Unión Demócrata Cristiana y 31 de la Izquierda Democrática, Pachakutik, Partido Roldosista Ecuatoriano, Movimiento Popular Democrático, Movimiento Red Ética y Democracia y el Partido Socialista Ecuatoriano. Con el control del Congreso, Correa pudo convocar una consulta popular para organizar la constituyente de Montecristi y expedir la constitución de 2008.

Apenas aprobada la nueva carta política, y de establecerse un régimen de transición, el pleno del Tribunal Constitucional se reunió en forma reservada y resolvió autoproclamarse como Corte Constitucional el 20 de octubre de 2008. El 24 de octubre dejaron sus oficinas los 31 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Estaba por nacer la Corte Nacional de transición, conformada por 21 miembros, sorteados por el Consejo Nacional Electoral. El 18 de diciembre se instaló esta corte temporal.

En enero de 2011 el presidente Correa planteó un plebiscito para reformar la justicia. La propuesta fue aceptada y aprobada por la Corte Constitucional en febrero. El triunfo en la consulta le facultó a Correa a “meter las manos en la justicia”. En julio de ese año se conformó el Consejo Transitorio de la Judicatura, con representantes del presidente de la república, de la legislatura y del Consejo de Participación Ciudadana. Este cónclave se encargó de la reestructuración de la función judicial y su mandato duró 18 meses. Una de sus prioridades fue la convocatoria para renovar la Corte Nacional de Justicia y designar a mil jueces. Siete nuevos jueces de la Corte Nacional se posesionaron el 26 de enero de 2012.

Un año más tarde se conformó el Consejo de la Judicatura, que sustituyó al transitorio. El nuevo organismo fue presidido por el candidato elegido de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, Gustavo Jalkh. Este funcionario había colaborado con el ejecutivo desde 2007, cuando ejerció como ministro de Justicia; luego pasó al Ministerio del Interior en febrero de 2010 y desde entonces fue el secretario particular de la presidencia. El nombramiento fue parte de la estrategia del gobernante para alcanzar el dominio del sistema de justicia, para ser usado como herramienta de persecución. Parte de este objetivo fue la aprobación del nuevo Código Integral Penal, a la medida de las necesidades del jefe de estado.

La ocupación de la justicia por parte de Correa estuvo revestida de procedimientos que simulaban un respeto a la constitución y a las leyes, desde la legislatura. Sin embargo, y a pesar de ser el origen del cataclismo institucional que vivimos en este 2023, quienes conformaban ambas funciones no revelaron la estulticia, degradación y obscenidad que vivimos en la actualidad con la Asamblea y el sistema judicial. La mayoría de sus integrantes evidenció que perdieron todo decoro y se manifestaron como seguramente siempre fueron.

Dada esta situación, la iniciativa de revocar de sus cargos a los asambleístas, emprendida por un colectivo ciudadano, el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, es plausible. Es una expresión de ejercicio de la democracia directa que puede marcar un hito en la relación entre los ciudadanos y quienes dicen que nos representan. ¿Pero con la justicia, qué hacer? ¿A quién le corresponde sanear una función que responde al crimen organizado y a los intereses electorales de los sentenciados y prófugos? 

A lo mejor los ciudadanos también tenemos la palabra para demandar el saneamiento de la instancia del Estado que garantiza la impunidad de los delincuentes, incluidos los de cuello blanco.

@consualbornozt