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9 de Diciembre del 2013
Ideas
Lectura: 9 minutos
9 de Diciembre del 2013
Carlos Poveda
Ex coordinador de la veeduría internacional para la reforma judicial. Es abogado y doctor en Jurisprudencia. Especialista superior en Derecho Procesal. Catedrático.
La inauguración de la justicia universal en el Ecuador
Lo novedoso del Informe de la Comisión de la Verdad y la judicialización de casos, así como la Ley de reparación de víctimas contempla sólo el ejercicio del poder durante gobiernos anteriores a éste, dejando de lado acciones como la de “Dayuma” en el ostracismo e impunidad, contradiciendo una máxima que rige en estos esquemas el “nunca más”, frase que al parecer no se ha digerido totalmente y que cuesta aceptar.

Hechos que ocurrieron hace más de veinte años en la actualidad se están judicializando, sin que se aplique el argumento de la prescripción de la acción penal o, en su defecto, a pesar de haberse dictado sobreseimientos y hasta sentencias absolutorias y muy pocas veces condenatorias, los enjuiciamientos se han reabierto.

Las salas donde se evacuan las audiencias correspondientes a estos enjuiciamientos han sido testigos de la comparecencia de agentes policiales y militares, en servicio activo y pasivo, sin importar el grado o el cargo que tuvieron en el pasado, al igual que civiles que desempeñaban funciones de dirección y control en la Función Ejecutiva.

En el año 2007, recién inaugurada la Presidencia de la República del economista Rafael Correa, se produjo un hecho que tal vez no fue tomado en cuenta inicialmente por el Sistema de Administración de Justicia, cuando se crea por medio de decreto ejecutivo, la denominada Comisión de la Verdad, al igual que han ocurrido en otros países como Chile, Argentina, Guatemala, Sudáfrica, que sin ser un organismo jurisdiccional permitía reabrir casos graves de violaciones a los Derechos Humanos como los delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y tratos inhumanos crueles y degradantes, etc., sin importar el tiempo transcurrido.

Estas arbitrariedades, de manera general, fueron analizadas en un contexto de una política definida de atentado a la dignidad humana, justificando de por medio la seguridad ciudadana y el bien público. Pero además, el otro factor fue el de las dictaduras militares en el Cono Sur, así como del ejercicio del poder autoritario y sin límites por civiles que gozaban del respaldo de la fuerza pública con una ideología de seguridad nacional, eliminando a factores que atenten contra ésta.

La Comisión se convirtió en un escenario donde se pudo escuchar a las víctimas y familiares que denunciaban sus casos. Hubo narraciones escalofriantes y se conocieron hechos que denotaban una práctica sistemática, el involucramiento de altas esferas de poder, así como actos que incluso tenían conexión con otros países para la “colaboración y entrega” de personas que, al decir de las autoridades de esa época, se consideraban como enemigos del sistema.

Algo que fue recurrente en los testimonios, más allá de establecer la verdad de los hechos y sus partícipes, fue la expectativa de que todos esos lamentables hechos fueran judicializados en nuestro sistema de Administración de Justicia, lo cual -de inicio- encontraba en lo formal determinadas trabas legales que impedían prima facie lo solicitado por el grupo de víctimas y sus familiares.

La promulgación de la Constitución de la República del Ecuador en octubre del 2008 permitió, con mayor facilidad, el desarrollo de tan anhelada expectativa, en virtud de extender la aplicación directa e inmediata de los instrumentos internacionales y no sólo de los convenios y tratados en la promoción de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

De esta manera, las resoluciones, principios, directrices, recomendaciones, resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sentencias, aunque pocas, de la Corte Penal Internacional; el Estatuto de Roma y otras decisiones expedidas por instituciones internacionales de Derechos Humanos sobre los delitos graves en el plano internacional permitían inferir de manera directa ante fiscales y jueces del Ecuador.

La tarea aún no ha sido sencilla, ya que cuando en un tribunal o judicatura se empieza a analizar este tipo de amparo jurídico -además de la incredulidad de los juzgadores y de los defensores de los procesados- causa hilaridad y hasta sorna.

La entrega del informe de la Comisión de la Verdad al Presidente de la República generó esperanzas inmensas de los colectivos de defensa de los derechos humanos y de las víctimas, por una pronta judicialización de sus casos y la reparación no necesariamente económica que ha generado esta iniciativa.

Bajo esta línea también en la actualidad se discute la Ley de Reparación, que ha tenido la objeción parcial del Ejecutivo y que ha sido tratado en la Asamblea Nacional.

De los más del centenar de casos que se analizaron en la Comisión de la Verdad, muy pocos han sido judicializados, replicándose lo que ocurrió en esa entidad, cuando en su interior se discutía la prioridad de víctimas, como por ejemplo, la creación dentro de un espacio autónomo para las víctimas de Alfaro Vive Carajo, militantes que algunos de ellos se encuentran en el ejercicio de cargos públicos.

Este accionar y la protesta de las víctimas generó que dentro de la Fiscalía General del Estado se establezca como organismo especializado una Dirección que se encargue del seguimiento de casos, teniendo el mayor impulso con el Fiscal actual, doctor Galo Chiriboga, quien no escatimó esfuerzos por consolidar un equipo altamente especializado.

Lastimosamente una de las debilidades que arrojan estos enjuiciamientos es la falta de preparación de jueces y juezas en niveles intermedios y de primera instancia; donde analizar casos como la imprescriptibilidad de acciones, sentencias fraudulentas o la aplicación de instrumentos internacionales aún sigue siendo una quimera y hasta dislates de cierta tendencia.

El primer caso que se judicializó fue en la ciudad de Cuenca, dentro de la investigación por la ejecución extrajudicial del adolescente Damián Peña, donde se encuentran involucrados agentes policiales, pero llevamos ya un año sólo en la etapa de juicio, situación incomprensible en la denominada agilidad de la justicia, a pesar de que el caso ya lleva once años de investigación.

La formulación de cargos y las medidas adoptadas en estos juicios aperturados formalmente pueden llenar los espacios jurisdiccionales, sin embargo se requiere de una dosis de altísima técnica jurídica y probatoria, cuando se trata de demostrar con certeza la práctica sistemática, la cadena de mando, la actuación de esferas de poder, las repercusiones psicológicas de las víctimas, el contexto social y económico de la época, teniendo a veces plazos muy cortos de duración de la instrucción fiscal.

Indudablemente este accionar de la justicia ecuatoriana marca un hito que se diferencia con otras épocas, pero que aún deberá advertirse con las respectivas resoluciones, teniendo según el sistema procesal la tarea más dura para la Fiscalía y posteriormente la suficiente imparcialidad de jueces y juezas.

Lo novedoso del Informe de la Comisión de la Verdad y la judicialización de casos, así como la Ley de reparación de víctimas  contempla sólo el ejercicio del poder durante gobiernos anteriores a éste, dejando de lado acciones como la de “Dayuma” en el ostracismo e impunidad, contradiciendo una máxima que rige en estos esquemas el “nunca más”, frase que al parecer no se ha digerido totalmente y que cuesta aceptar.

¿Será que este accionar legítimo dentro de estas graves violaciones a los Derechos Humanos se replicará después de unos pocos años?, posiblemente por cuanto también la coyuntura política desarrolla un papel importante en el sistema  de Administración de Justicia que requiere de independencia judicial, para juzgar a todos por igual, sin ningún tipo de distinción o prerrogativa.

De estas experiencias tenemos muy cerca a nuestro vecino país del Perú donde, el exmandatario, Alberto Fujimori ha sido juzgado por delitos de lesa humanidad, irónicamente, con el mismo sistema que en alguna ocasión propició.

O en su defecto podrá suceder como ocurre actualmente en España donde crímenes del franquismo se los juzga en Argentina; en definitiva parece claro que con el transcurso del tiempo todo acontecimiento sale a la verdad y aquellos que ejercieron poder violentado los Derechos Humanos, ocuparán algún momento la silla de los acusados.

[PANAL DE IDEAS]

Andrés Tapia
Ernesto Carrión
Fernando López Milán
Patricio Moncayo
Rodrigo Tenorio Ambrossi
Rubén Darío Buitrón
Giovanni Carrión Cevallos
Andrés Quishpe
Mario Pazmiño Silva

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