Los resultados electorales del 5 de febrero fueron una sorpresa. El Gobierno daba por descontado su triunfo en el referendo. Las encuestas, nuevamente no acertaron. No hay lugar para el triunfalismo de la oposición, porque ella también sufrió reveses. Basta ver lo que le aconteció al partido social-cristiano, en su bastión Guayaquil. Los vencedores en las elecciones para las alcaldías y prefecturas no arrasaron en las urnas.

La política, pues, no es una ciencia exacta. Los que intervienen en el juego aciertan o cometen errores. Ello impide tener certezas. Los que se sienten ganadores, ahora tienen que moderar sus críticas al gobierno, pues necesitan de él para poder hacer obras en sus respectivas jurisdicciones.  Una cosa son las elecciones, y otra gobernar. Por otro lado, en los concejos municipales no son mayoría, lo que les obliga a transar con quienes no son de su tienda política.

La consulta popular muestra reñidos resultados. El No superó al Sí por escaso margen. Quizá una parte del electorado se inclinó más por el rechazo al gobierno que por las preguntas del referendo.  ¿Se puede sostener, entonces, que el pueblo se pronunció en contra de combatir al crimen organizado, al narcotráfico, a la violencia que con fuerza se ha extendido por el país y sobre todo por las provincias de la costa? La caída del social cristianismo muestra que ningún modelo de gestión es infalible. Privilegió la modernización urbana pero la pobreza creció en el suburbio.

Los retos que enfrentan los vencedores son tan graves como los que tiene el Gobierno. En ambos casos, la capacidad para administrar el estado, en sus distintos niveles, se vuelve crucial. Sin duda, el gobierno no jugó bien en el medio tiempo. No midió las consecuencias de sus falencias.  Su inexperiencia política le pasó factura. Pero las fuerzas que se autoproclaman como triunfantes tampoco demostraron capacidad política y técnica para, en su momento, gobernar con probidad y eficiencia. Las cuentas que tienen con la justicia lo demuestran.

El andamiaje político que nos dejó el gobierno de Rafael Correa erosionó la institucionalidad del país. El CPCCS no impulsó ni la participación ni el control social. Su existencia sigue siendo un atentado contra el estado de derecho. El país enfrenta el riesgo de tener como autoridades de control a partidarios de la impunidad que se exhibieron como adherentes al gran ausente. 

La complicidad de la justicia con el crimen organizado puede que se vea alentada con los resultados electorales. Acabar con esa complicidad no es responsabilidad solo del gobierno sino del conjunto de actores sociales y políticos.    

La inoperancia de la Asamblea Nacional convertida en un territorio de conspiradores que irresponsablemente juegan a la desestabilización del régimen democrático queda a buen resguardo. Ya se escuchan voces que claman por la renuncia del presidente, la muerte cruzada o adelantar las elecciones. Esta visión apocalíptica ignora los principios del régimen democrático que se asienta en equilibrios que garanticen su estabilidad.

Las elecciones son una medición de fuerzas que tanto el Gobierno como la oposición deben tomar en cuenta. Pero pretender interpretar el pronunciamiento popular desde una visión tremendista es ignorar los matices del sentir ciudadano.   

El panorama post electoral no ha derogado las prioridades derivadas de la difícil situación que enfrenta el país en diferentes órdenes. Habrá que ver si los alcaldes y sus cabildos, y los prefectos electos son capaces de administrar las ciudades y provincias en beneficio de sus colectividades. En Guayaquil, ¿el alcalde electo, Aquiles Álvarez, tendrá la capacidad para implementar un modelo de gestión municipal que iguale o supere el aplicado por los alcaldes Febres Cordero y Nebot, que, pese a todos sus errores, cambiaron la faz de Guayaquil en los 31 años de su administración?  

El Gobierno ha planteado su voluntad de forjar un gran acuerdo nacional. No se sabe sobre qué bases y con qué fuerzas. Parece difícil que ese acuerdo incluya a la Revolución ciudadana que busca pavimentar el regreso de su líder para el 2025. El movimiento indígena quizá pueda ir en busca de ese acuerdo, dados los alcances de su propuesta histórica. Su base social es rural. Bajo el gobierno de Correa sufrió persecución. La CONAIE y/o Pachakutik representan un movimiento social, y no un caudillo. El partido social cristiano, por las declaraciones de su líder, Jaime Nebot, expresa su resentimiento con Lasso, poniendo a un lado sus coincidencias ideológicas.    

Se ha hablado de los problemas de la gente. Éstos no deben entenderse en abstracto. Habría la posibilidad de concertar acuerdos puntuales entre el gobierno nacional con los gobiernos seccionales y con los movimientos sociales.  No sería descabellado pensar en una nueva consulta popular acordada por todas estas fuerzas.

También se oye el clamor por construir un proyecto político democrático que erradique la fragmentación de los grupos políticos partidarios.  Hay un gran vacío en la izquierda y en la centro-izquierda. Correa, si bien fue apoyado por la izquierda para encaramarse en el poder, no tardó en romper con ella y optar por el populismo. La derecha enfrenta una división que limita su perfil ideológico. En la campaña electoral brillaron por su ausencia las propuestas programáticas y los candidatos apelaron  a las redes sociales para captar votos no con ideas sino con caricaturas circenses. No hubo, por tanto, debate, sino descalificaciones personales.

Que el juego sea una metáfora de la política, dada la existencia de equipos que se disputan victorias transitorias, como en el fútbol, el ajedrez o el cuarenta, de ninguna manera significa ignorar su complejidad. Para entender la política hace falta no solo conocimiento sino pericia para moverse en escenarios no controlados por los jugadores. La estrategia y la táctica para abrir caminos en condiciones adversas valen más que las bondades de panaceas apriorísticas.