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27 de Agosto del 2015
Ideas
Lectura: 8 minutos
27 de Agosto del 2015
Consuelo Albornoz Tinajero

Profesora universitaria, investigadora y periodista.

La indefensión informativa por el decreto 755
La difusión de la información, en caso de una catástrofe, no puede ignorar ni soslayar a los medios de información. Los medios son instituciones preparadas para difundir información con la frecuencia que exija una equis situación. Una capacidad que carecen los organismos de comunicación del poder político, de acuerdo con la apreciación ciudadana.

Desconfianza, suspicacias, escepticismo e inconformidad son los sentires y malestares de ecuatorianos que se pronuncian en Facebook (FB) y Twitter, sobre la información que entregan el ministerio coordinador de Seguridad y el Instituto Geofísico de la Politécnica (IG). Doy ejemplos de ello, ubicados al azar.

El siguiente es un mensaje publicado el 26 de agosto en el FB del IG: “Definitivamente, me siento en estado de indefensión con los informes del Geofísico en los que cada vez están disminuyendo su contenido aunque el Cotopaxi está incrementando su actividad”.

Otro, escrito el 17 de agosto y reproducido literalmente, dice: “No nos interesa la versión del gobierno que seguro culparán a la partidocracia por despertarse los volcanes, nos interesa información técnica!!!”. Un tercero, también expuesto el 17 de agosto, luego de varias preguntas planteadas por los usuarios, señala: “No se molesten en preguntar amigos... nunca responden”. Por ultimo, el 24 de agosto un ecuatoriano presenta esta recomendación, transcrita textualmente: “Los informes estan escritos de manera técnica, pero un poco de lenguaje mas sencillo no estaría mal, ya que por tratar de entender lo que dicen puede dar lugar a malas interpretaciones y eso generar alarmas innecesarias. Eso deberia hacer el ministerio coordinador, ya que dicen que solo ellos informan para evitar informacion falsa”.

Pero, los ecuatorianos que intervienen en las redes sociales asumen que “Ese ministerio [el coordinador de Seguridad] no informa, confunde y sería mejor que el IGEPN informe cada dos horas, como debe ser”.

La última insinuación sintetiza una demanda ciudadana y social, más sentida desde el 15 de agosto, cuando el primer mandatario decretó el estado de excepción, luego del cual el Ecuador vive la censura de prensa sobre la actividad del volcán Cotopaxi.  En ese bando, el 775, se afirma que uno de sus propósitos es “garantizar la seguridad ciudadana”. Pero tal objetivo no ha sido alcanzado pues la información además de estar centralizada en una oficina política, como es un ministerio, repite los informes técnicos del IG, difunde asuntos burocráticos como reuniones, y resalta la figura del titular de ese ministerio.

Por añadidura, no se aprecia interrelación entre los responsables de esas páginas y los ciudadanos. Apenas unas palabras formales al estilo de “gracias por su preocupación. Su aporte es importante para nosotros. Saludos cordiales”, además de indicar el enlace a www.volcancotopaxi.com.

¿Qué ha conseguido el edicto al prohibir el libre flujo de la información por los medios masivos y en las redes sociales? ¿Y qué al dictaminar la primacía de la información de fuente política sobre la proveniente de un organismo técnico y académico? Solo aumentar la incertidumbre y la desinformación, sería mi primera conclusión.

Un estudio sobre cómo enfrentó una calamidad natural el municipio brasileño de Blumeneau, en 2008, publicado en la revista científica Disertaciones, en el volumen correspondiente a enero-junio de 2013, reconoce cuán difícil es articular la comunicación del poder político, de modo que sea eficaz y llegue a los posibles afectados, antes, durante y luego de una eventualidad de origen natural.

La revisión bibliográfica de los autores del artículo manifiesta que la comunicación en momentos de crisis debe ser informativa y persuasiva, simultáneamente. En otras palabras, transferir a los públicos una información que les provea de una “comprensión racional del riesgo” y permita que los probables damnificados asuman una actitud para prevenir los peligros que podrían acontecer y atenuar sus consecuencias. Lograr este objetivo exige entregar información clara, precisa, transparente para que la población advierta los riesgos potenciales y esté lista para tomar las mejores decisiones. Solo así podrá crearse un clima de confianza que dé lugar a una interacción positiva y a la cooperación entre todos los implicados.

La difusión de la información, en caso de una catástrofe, no puede ignorar ni soslayar a los medios de información. Los medios son instituciones preparadas para difundir información con la frecuencia que exija una equis situación. Una capacidad que carecen los organismos de comunicación del poder político, de acuerdo con la apreciación ciudadana.

En el caso ecuatoriano el contexto es más delicado aún, pues la dependencia de comunicación del gobierno y sus filiales se han especializado no en informar sino en la propaganda y en la publicidad además de en la mercadotecnia. Todo el sistema de medios presidenciales ha seguido recorrido similares, y no ha aprendido a trabajar con pluralidad. Su predisposición es a confiar solo en las fuentes oficiales, por ello no contrastan la información. Encargar de la información sobre la actividad de un volcán en erupción a agencias y empleados que no simpatizan con el acceso a la información, suelen evadir preguntas en las ruedas de prensa y rehúyen los intentos de ser entrevistados es un atentado contra nuestra seguridad. Por esta percepción hay ecuatorianos que opinan que nos enteraremos solo de lo que a juicio de los funcionarios del régimen no afecte su imagen. No sabremos aquello que ellos crean podría socavarla.

Un documento, este de la oficina de la UNESCO en Perú y titulado Manual de gestión de riesgos de desastre para comunicadores sociales, otorga una relevancia superlativa a la credibilidad, capacidad y oportunidad de quienes informan, los voceros, y de la manera cómo lo hacen. El uso de un lenguaje inadecuado e inaccesible, actitudes de arrogancia y de falta de empatía se constituyen en barreras para el ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos en todo evento, asegura tal publicación.

Siendo la comunicación una actividad inherente a la condición humana, las interpretaciones y puntos de vista de los distintos actores sociales no pueden ser ignorados, peor descalificados. Si lo hacen, los responsables oficiales no podrán configurar una “visión compartida del desastre”, para lo cual requieren acudir a los “diálogos de saberes”, “diálogos de ignorancias” y “diálogos de imaginarios”. En otras palabras, reconocer la dimensión simbólica de la comunicación y de la información, y no circunscribirlas a lo técnico, a lo exclusivamente trasmisible.

Otro error, relacionado con la gestión actual de la censura, es la de desconocer que los públicos, las audiencias, los ciudadanos pueden desempeñar el papel de reporteros cívicos. Este ejercicio no solo potenciaría las alertas tempranas sino que aportaría con el valor testimonial, clave no solo para las autoridades sino para otros posibles afectados. Contribuiría a precaver y a mitigar.

El citado manual subraya en que todo proceso informativo en circunstancias de riesgo, debe fundarse en un enfoque de los derechos universales de las personas: sus derechos a la protección, a la información, a la participación, a la diversidad. Ello exige que la información se produzca de modo oportuno y con fluidez. Solo así generará solidaridad y credibilidad.

[PANAL DE IDEAS]

Hugo Cahueñas Muñoz
Fernando López Milán
Rodrigo Tenorio Ambrossi
Alexis Oviedo
Gabriel Hidalgo Andrade
Consuelo Albornoz Tinajero
Oswaldo Toscano
Patricio Moncayo
Carlos Rivera

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