La ambigüedad y la desproporción de las figuras legales y de las sanciones de la Ley Orgánica de Comunicación, fueron advertidas en el 2013, cuando se puso en vigencia esta legislación infame. "Nadie se atreverá a cometer infracciones", advirtió el periodista Lolo Echeverría. "Desde hoy la ‘Patria es para siempre", porque todo lo que leamos, miremos o escuchemos, en los medios de comunicación será veraz, verificado, oportuno, plural… la voz oficial reinará en torrentes de propaganda’, escribió César Montufar, en ese entonces legislador.

Es un hecho. Las advertencias se comprobaron… y se quedaron cortas. Hay serias limitaciones en la ley para el ejercicio periodístico.  Atenta directamente contra la libre circulación de información de casos de relevancia pública, en especial aquellos relacionados con denuncias de actos de corrupción, violaciones de derechos humanos y críticas a la gestión de autoridades y funcionarios públicos. La ley es discrecional y ambigua cuando se refiere al control de la información de los medios y periodistas. Y eso es aprovechado para callar a la prensa, con multas, y ha provocado autocensura. Los abogados son los nuevos editores. Y los cuestionados piden rectificar a la prensa. Entonces, actúa la Supercom…

La ley entera merece ser derogada. Es innecesaria una legislación que regula un derecho. Pero hemos perdido la oportunidad histórica de echar abajo esta norma: no hay mayoría opositora en la Asamblea Nacional y hasta el momento el presidente electo, Lenin Moreno, es un continuador de las políticas de Rafael Correa. No obstante, es urgente un cambio.

Algunas alertas. Desde el gobierno se quiere imponer una sola forma de mirar la realidad en el Ecuador. Una sola verdad. El artículo 22 establece: “Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada”. Y en el caso del contraste de la información indica: “La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las personas involucradas en los hechos narrados…”. Esto contradice normativa internacional que indica que basta con que el periodista tenga suficientes elementos de convicción para suponer que la información que está difundiendo es cierta. Atenta enormemente a la libertad de opinión. Pero esto es precisamente lo que el correísmo ha querido evitar, los corruptos aprovechan. Merece derogatoria.

Asimismo la Ley de Comunicación faculta al Estado a imponer contenidos a los medios, violando el principio de independencia en la línea editorial. Y puede detener, sin más, un proceso periodístico. El artículo 18 dispone que “Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa”.

La Ley dispone que la calificación de lo que constituye un asunto de interés público a discrecionalidad de la Superintendencia, cuya cabeza es absolutamente favorable a los intereses del gobierno. Esto acarrea una imposición grave. Ejemplo: si se publica una serie de reportajes sobre un hecho de corrupción pública las autoridades pueden detener este proceso, disponiendo la publicación de información que ellos consideren relevante para sus intereses: su gestión inexistente, una nueva represa, un plan de vivienda estatal, etc. Incluso en la portada… De hecho ahora mismo siete medios fueron sancionados por la Supercom por no plegar a la dudosa información del diario argentino Página 12, considerada de relevancia pública para los intereses de la propaganda correísta. El artículo 18 merece derogatoria.

La figura del linchamiento mediático establece un régimen de censura previa en Ecuador. Esta norma blinda a los funcionarios estatales del necesario control ciudadano y periodístico de su actuación pública. Parentesis, un servidor público blindado es el más peligroso para un país ya que no rinde cuentas a nadie. Cito textual: “La difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Ese supuesto desprestigio, normado de forma tan amplia y ambigua, corresponde calificar al Consejo de Comunicación y al Superintendente de la Comunicación, que en la práctica son dependientes del Ejecutivo. Esta figura debe desaparecer para siempre.

Hay una extrema limitación para informar acerca de asuntos judiciales y eso ya ha lastimado la agenda de los medios. El artículo 25, sobre la Posición de los medios sobre asuntos judiciales, dice: “Los medios de comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación legal o proceso judicial penal hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente”. La Ley no aclara a qué se refiere cuando dice posición institucional, si es un editorial o una o varias noticias sobre un tema, y lastima los procesos del periodismo que colaboran con ejercicio de la democracia, especialmente en casos criminales y de corrupción. Todo debe derrogarse.

Y para completar la desproporcionalidad de las normas que entretejen el control correísta… el Reglamento de esa ley es un disparate. Un ejemplo de las ansias de control al periodismo libre que pudiera afectar a portales como este, y que, de paso, muestran de cuerpo entero la desesperación por el blindaje a los corruptos. “Art. 3.- Medios en internet.- Son también medios de comunicación aquellos que operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los mismos derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación establece para los medios de comunicación social definidos en el Art. 5 de dicha Ley”. Este es uno de los insultantes remiendos a una ley  antidemocrática.

Entonces, ¿qué la mantiene viva ya casi cuatro años? César Montufar, en su libro ¿Vivimos en Democracia?, nombra a la Ley de Comunicación como uno de los tres pilares del gobierno para ejercer control y sometimiento de distintas instancias de la organización y funcionamiento de la sociedad; uno es la Ley, dos el Decreto 16 que ahora quieren hacerlo ley, y la consolidación de una reforma universitaria que lastima su autonomía…

Y, luego, en los hechos favorece enormemente a los corruptos. Lo hemos visto con algunos relacionados con malos manejos en Petroecuador, ya que mandaban persuasivas rectificaciones a través de varias entidades oficiales amparados en la Ley y así desvirtuar los prolijos reportes periodísticos, en prensa y televisión. Es la garantía vigente que tiene el cinismo de esos correístas. Sólo el tiempo ha demostrado que esos reportajes eran veraces, pero fueron señalados como malignas locuras de la opocisión...

En las cavernas sin luz, hay que hablar más duro para que el eco de la voz nos guíe y evitemos perdernos más en los vericuetos, escribió César Ricaurte, cuando se aprobó el mamotreto. Mientras no haya derogatoria, esa frase está vigente. Aunque… un inicio de cambio, Presidente Electo, es que provoque la remoción inmediata del Superintendente.