El viejo dicho de que hecha la ley, hecha la trampa debería ser sustituido por uno que rece así: hacer la ley con la trampa incluida. Únicamente de ese modo es posible entender y explicar el funcionamiento de nuestra institucionalidad. En caso contrario, tendríamos que asumir que muchos ecuatorianos poseen una astucia digna de una enciclopedia. Porque encontrar tantos subterfugios para burlarse de las normas requiere de una capacidad extraordinaria.

Varios hechos recientes sacan a flote esta situación. Empecemos por el vapuleado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Que hasta la fecha hayan sido depuestos sus dos presidentes por el cometimiento de irregularidades evidencia un grave defecto de concepción del organismo. No es casual que dos personajes con antecedente tan opacos hayan conseguido instalarse en esos cargos.

En efecto, el CPCCS fue diseñado desde Montecristi para cumplir una función específica dentro de un esquema autoritario y corrupto de administración del Estado. No solo tenía que bloquear justamente lo que sus estatutos pregonan (participación y control), sino asegurar la impunidad a las máximas autoridades del gobierno. Y ese cometido solo lo pueden cumplir personan vinculadas con los chanchullos del poder. La trampa venía disimulada desde el inicio bajo una retórica democrática.
Por eso mismo, la nueva presidenta no tendrá posibilidades de cumplir un buen papel ni de evadir la tendencia al desprestigio de esa función del Estado. Con un gobierno débil y fragmentado no existe la posibilidad de ordenar un comportamiento vertical y unidireccional del organismo.

El Código de la Democracia, por su parte, acaba de confirmar que fue concebido desde la picardía jurídica. Que un grupo de delincuentes encarcelados, sentenciados y enjuiciados tengan posibilidades formales de inscribir sus candidaturas para el próximo proceso electoral solo es posible si la ley tiene más agujeros que un cernidor. Bueno sería saber qué mente infernal imaginó esa norma y la disfrazó con un ropaje incluyente y amplio que permite tantos excesos y abusos. Que el derecho electoral esté sobre la justicia plantea un dilema tan complicado como peligroso.

El caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no corre con mejor suerte. Detrás de la parafernalia garantista del anterior gobierno se propició un saqueo descomunal de sus recursos. Se aprobaron leyes que se suponía iban a asegurar mayores derechos a la ciudadanía, pero que al final aseguraron gigantescos negocios a los empresarios privados a través de la construcción de infraestructura, la dotación de insumos y la subcontratación de servicios.

Clínicas privadas quebradas experimentaron una súbita resurrección gracias a la transfusión de fondos operada por el IESS; amigos y familiares de altos funcionarios verde-flex armaron esquemas de provisión de servicios que los convirtieron en millonarios de la noche a la mañana; políticos corruptos consolidaron sus caudillajes locales mediante el reparto de fondos y de cuotas burocráticas. Todo amparado bajo la ley.

Hoy, las reformas a la Ley de Seguridad Social propuestas por su máximo directivo pretenden nuevamente meter la culebra en el cesto de frutas. El supuesto salvataje del IESS, que todo el mundo lo considera una necesidad loable, eximirá de responsabilidades al sector patronal y recargará las imposiciones sobre los más pobres.