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2 de Diciembre del 2014
Ideas
Lectura: 4 minutos
2 de Diciembre del 2014
César Coronel Garcés

Abogado y periodista guayaquileño. Ha colaborado en medios impresos y radiales de su ciudad. Actualmente cursa una maestría en Derecho de Empresa. 

¿La libertad ha quedado huérfana?
La Constitución dice que que los servicios públicos deben responder a los principios de obligatoriedad, generalidad y uniformidad. ¿Qué significa este último principio?, ¿será que uniformidad es que todos los medios informen lo mismo y de la misma forma?; ¿quién va a dictar lo que se comunica y lo que no?, ya se podrán imaginar el desenlace de esta historia.

Por estos días se debaten en la Asamblea Nacional dieciséis reformas a la Constitución que debieron ser consultadas a los ciudadanos, pero que el "ministerio de Constitucionalidad" adscrito a Carondelet -que algunos llaman Corte Constitucional- determinó que entre gallos y media noche los asambleístas de la mayoría oficialista modifiquen la principal ley de la República a espaldas del pueblo que la aprobó en referéndum hace apenas seis años.

Una de las reformas que se discuten y seguro se aprobarán -sin siquiera entrar a analizar lo peligrosa que puede ser- es la de convertir a la comunicación en servicio público, tema que al parecer –salvo honrosas excepciones- es huérfano. Porque todos estamos distraídos hablando de la reelección indefinida y nadie le para bola a este ítem de la reforma que es tan complejo. Adelanto que no cabe una explicación que pueda ser jurídicamente coherente sobre este tema.

¿Tiempos de revolución ciudadana?, ¡nada!, esto no tiene nada ni de revolucionario, ni de ciudadano. Es que declarar la comunicación como servicio público en lugar de ser un avance en nuestro sistema jurídico, es más bien un retroceso. Les cuento -pero no le digan a nadie- que este disparate ya se les había ocurrido al generalísimo Franco en la España de 1938 y a Mussolini en su momento. Eso sí, ellos también hicieron bonitas carreteras.

A través de esta reforma se pretende constitucionalizar lo que es claramente inconstitucional en la Ley Orgánica de Comunicación que ya determinaba a la comunicación como servicio público. Este carácter que se le quiere dar a la comunicación social es algo que debemos analizar con sumo cuidado, porque implica darle una calidad diferente a un derecho y que el control estatal sea más estricto a través de las normas particulares que regulan a los servicios públicos.

No nos dejemos confundir: son servicios públicos el de alumbrado público, fuerza pública (Fuerzas Armadas y Policía), agua potable, alcantarillado, etcétera. Al parecer, se confunde un servicio público con " servicios al público", algo que podría definir mejor a la comunicación social y la mayoría de actividades que ejercemos a diario desde el sector privado, como vender papas o tomates.

Nuestra Constitución dice que servidores públicos son todos aquellos que prestan un servicio público. Entonces los periodistas se convertirían en servidores públicos, con todas sus amplias implicaciones. Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 314 dice, entre otras cosas, que los servicios públicos deben responder a los principios de obligatoriedad, generalidad y uniformidad. ¿Qué significa este último principio?, ¿será que uniformidad es que todos los medios informen lo mismo y de la misma forma?; ¿quién va a dictar lo que se comunica y lo que no?, ya se podrán imaginar el desenlace de esta historia.

Cuando se afecta la libertad de expresión de los medios de comunicación y periodistas mediante este tipo de normas, el único y verdadero afectado es el ciudadano que verá mermado su derecho a recibir información plural, libre, diversa, independiente y sin censura alguna. ¿Qué esperamos para levantar nuestra voz ante esta reforma tan peligrosa?

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