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16 de Enero del 2017
Ideas
Lectura: 4 minutos
16 de Enero del 2017
Esteban Torres Cobo

Abogado en libre ejercicio. Especializado en litigio y arbitraje.

La locura del nuevo tributo por obra pública
Lo absurdo de todo esto no es sólo que ahora quieran cobrar directamente por la construcción de obras públicas de este tipo, sino que se olviden que las mismas se hacen, al menos en teoría, con la plata que ya se cobra por impuestos (en realidad lo recaudado por impuestos se destina al pago del gasto corriente, no de inversión).

La imaginación no alcanza para entender el afán por dinero que tiene el Estado Central. Es una vorágine impositiva que no tiene límites ni precedentes.

Hace pocos días, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el tributo por Contribución Especial de Mejoras.

Lo hizo dentro de una reforma a la Ley actual de Contratación Pública que, adicionalmente a este nuevo golpe al bolsillo ciudadano, también tiene problemas gravísimos en lo que respecta a expropiaciones. Todavía está pendiente el veto del Ejecutivo y su posterior publicación en el Registro Oficial, pero hay que decirlo de frente, para ver si con esto evitamos en algo tal despropósito: el tributo es nefasto y carente de toda lógica.

El recuerdo del terrible impuesto del 75% a la plusvalía inmobiliaria todavía estaba fresco como para que, en medio de la campaña electoral y con una Asamblea Nacional plagada de asambleístas alternos que recién se familiarizan con el trajinar legislativo, a mes seguido aprueben otro tributo más.

El nuevo tributo es diferente al que cobran actualmente los gobiernos municipales y metropolitanos y que se encuentra contemplado en el Capítulo Quinto del COOTAD. Con el nuevo, el Estado podrá cobrar a los ciudadanos por aquellas obras públicas que, una vez hechas, incrementen el valor de los predios a los que supuestamente beneficien.

Es decir que, si al lado o cerca de su casa o de su terreno le hacen un nuevo hospital, una nueva escuela, un retén policial o un edificio administrativo, el Estado le cobrará a través del SRI la supuesta revalorización que su predio experimente. Hoy esto es imposible. Impensable.

El dinero, además, irá directamente a la Cuenta Única del Tesoro y no se quedará en los municipios. Nutrirá desesperadamente el Presupuesto General del Estado.

El modus operandi que seguirá la determinación del tributo es subjetivo y poco técnico. Primero, la oficina de avalúos y catastros de cada GAD Municipal o Metropolitano del lugar donde se ejecutó la obra emitirá un informe con el cálculo de la revaloración que experimentó el predio. La misma dependencia será la encargada, además, de establecer la "zona de beneficio o influencia" que se revalorizó gracias a la ejecución de la obra.

A continuación, emitirá un informe que llegará a manos de la dependencia que ejecutó la obra pública para que ésta, a su vez, emita un acto administrativo donde se establezcan los predios beneficiados, los sujetos obligados, el monto que de manera individual deberán cancelar y el plazo que tendrán para hacerlo.

Al ciudadano le cobrarán el valor total de la obra pública, prorrateado entre los propietarios de los predios 'beneficiados'. Le podrán cobrar hasta el 50% de la revalorización experimentada. Para todo esto, las dependencias activarán su jurisdicción coactiva, sin perjuicio que sea el propio SRI el que entre en el juego. Jaque mate directo al ciudadano, sin derecho al pataleo.

La locura de todo esto no es sólo que ahora quieran cobrar directamente por la construcción de obras públicas de este tipo, sino que se olviden que las mismas se hacen, al menos en teoría, con la plata que ya se cobra por impuestos (en realidad lo recaudado por impuestos se destina al pago del gasto corriente, no de inversión).

¿Cobrar dos veces por la misma cosa? ¡Suena muy revolucionario!

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