Al margen de cualquier afinidad ideológica que tenga con muchas de las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional, debo reconocer que ha sido el mejor tribunal constitucional de las últimas décadas (si no de toda la historia nacional). Durante los tres años de ejercicio nos ha ahorrado toda suerte de escándalos y suspicacias a los que estábamos acostumbrándonos.

Que sus pronunciamientos hayan generado ásperas reprobaciones era inevitable. Todo fallo tiene detractores, sobre todo cuando se manejan temas espinosos. Lo extraordinario, en este caso, es que inclusive juristas de derecha, que desaprobaron algunas decisiones estratégicas de la Corte, ni siquiera han insinuado una falta de probidad, rectitud o independencia en los magistrados. A lo mucho, critican cierto sesgo ideológico que habría pesado en algunas sentencias.

Que los jueces constitucionales tengan posturas ideológicas también resulta inevitable. Mejor dicho, es una obviedad. En cualquier corte de justicia del mundo hay jueces de avanzada y jueces conservadores que, de acuerdo con sus convicciones, pueden inclinarse a favor de una u otra norma. Lo fundamental es que actúen desde la más estricta honestidad jurídica. Como declaró en una reciente entrevista el presidente saliente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, las discrepancias entre magistrados tienen como techo la Constitución.

Para quienes hemos abogado abiertamente por las agendas de los movimientos sociales (despenalización del aborto, consultas comunitarias vinculantes, derechos de la naturaleza, matrimonio igualitario), la salida de Ramiro Ávila y Agustín Grijalva nos genera una gran preocupación. Ambos cumplieron un papel decisivo en la aprobación de medidas que implican una ampliación progresiva de varios derechos. En más de un caso se granjearon la animadversión de grupos fundamentalistas o de sectores económicos poderosos inconformes con estas medidas.

¿Está en riesgo el prestigio alcanzado por la Corte Constitucional recientemente renovada? Sí. Porque, según los entendidos, los nuevos magistrados no llegan con un bagaje ideológico personal sino con una afinidad política oficial. Dicho de otro modo, van a facilitar la agenda del Gobierno a fin de viabilizar su modelo político y económico.

En ese sentido, el truquito de la renovación de la Corte Constitucional no estuvo en el sorteo, como algunos incautos suponen, sino en el concurso. Los tres nuevos jueces (Ortiz, Escudero y Cárdenas) tienen una trayectoria académica y política muy distinta a la de Ávila y Grijalva. Ergo, en temas de fondo tendrán posturas diferentes, seguramente más alineadas con el régimen.

El Gobierno apostó a tener en la Corte Constitucional jueces que no solamente puedan bloquear las demandas más radicales de la sociedad, sino que refuercen su punto de vista en temas cruciales. Tres de nueve ya es ganancia. Lo que el presidente Lasso no sabía es que la suerte estaba de su lado, porque, además, del ánfora salieron eliminados precisamente los dos jueces que menos afinidad tienen con el oficialismo. El camino está desbrozado.