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19 de Septiembre del 2018
Ideas
Lectura: 4 minutos
19 de Septiembre del 2018
Gabriel Hidalgo Andrade

Politólogo y abogado. Docente universitario.

La lucha anticorrupción
Salvo la Ley de la Comisión Cívica de la Corrupción, presentada en agosto de 1998 por iniciativa del diputado Paco Moncayo de la Izquierda Democrática y publicada en diciembre 1999, las restantes resultaron en nada. Una se quedó en la presentación legislativa, 8 en la fase de distribución a los legisladores, otras dos con el informe favorable para el primer debate, otra en este debate plenario, y solo una se quedó en el segundo debate.

El presidente Lenín Moreno vetó totalmente la Ley Anticorrupción aprobada por la Asamblea Nacional. Inmediatamente presentó un proyecto alternativo para el tratamiento legislativo.

Aparte de estos dos intentos, hubo solo 14 propuestas legislativas de la misma naturaleza desde el retorno a la democracia en Ecuador. Son decenas de miles de leyes presentadas desde entonces y miles de leyes aprobadas, pero ninguno de estos intentos anticorrupción fue publicado como ley, ni ninguno está vigente hoy.

Salvo la Ley de la Comisión Cívica de la Corrupción, presentada en agosto de 1998 por iniciativa del diputado Paco Moncayo de la Izquierda Democrática y publicada en diciembre 1999, las restantes resultaron en nada. Una se quedó en la presentación legislativa, 8 en la fase de distribución a los legisladores, otras dos con el informe favorable para el primer debate, otra en este debate plenario, y solo una se quedó en el segundo debate. Tal parece que ha habido muy poco interés histórico de los legisladores en esta materia.

La corrupción es toda forma de conseguir provecho de los recursos financieros, humanos o políticos de un órgano público. Hay un amplio catálogo de delitos cometidos en contra de la administración tipificados por la ley penal. Pero siempre ha habido formas de evasión para los corruptos. Por eso se hace necesario legislar sobre nuevas herramientas que faciliten este tremendo desafío a quienes si queremos un Estado transparente.

La Comisión Anticorrupción reconocida por la ley de 1999 fue un órgano que operó tras la caída del gobierno de Abdalá Bucaram hasta poco después de la expedición de la Constitución de Montecristi en 2008. El nuevo sistema institucional derogó la Comisión, le arrebató su espíritu cívico y estatizó su composición e investigaciones. El presidente Rafael Correa, primero creó una Secretaría Anticorrupción que se hizo cargo de todos los expedientes en proceso de investigación. Luego de la instalación del Consejo de Participación Ciudadana creado por la última Constitución, esas atribuciones e indagaciones pasaron al dominio de una Secretaria de Transparencia adscrita al órgano de participación. Los más de 3 mil 500 casos fueron archivados y jamás se supo de su destino. 

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción operó durante 11 años. Durante ese tiempo despachó más de 4 mil 600 casos, de los cuales 600 fueron judicializados penalmente y solo 30 tuvieron sentencia. La Comisión enviaba los resultados de las investigaciones a la Fiscalía, a la Contraloría, al Consejo de la Judicatura, a la Defensoría del Pueblo, pero ahí volvían a reposar. Durante este tiempo se investigaron las redes de corrupción en las empresas telefónicas estatales, en las aduanas, en los ministerios o en la compra de seguros y reaseguros de aviones militares durante los gobiernos desde Abdalá Bucaram hasta Rafael Correa. Pero todo esfuerzo fue insuficiente en medio del ostracismo institucional.

Nada será suficiente si seguimos teniendo legisladores que no legislan, ejecutivos que destruyen la lucha cívica en contra de la corrupción, operadores judiciales que no actúan, corruptos libres y sin penas de encierro, ni leyes que se apliquen.

Nada será suficiente si los ciudadanos seguimos votando por corruptos, tolerando a los deshonestos y castigando a los decentes.   

@ghidalgoandrade

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