La existencia de redes de corrupción en el entorno del actual gobierno plantea la necesidad de reflexionar sobre esta dimensión de los regímenes populistas.

Marx trató este tema a propósito del ascenso al poder de Luis Bonaparte en Francia en el siglo XIX. Entre los grupos sociales que promovieron tal ascenso, Marx destacó al “lumpenproletariat”. Este fenómeno de desclasamiento no solo se incuba entre los trabajadores pobres, sino al interior de cada clase social, incluso en la aristocracia y la burguesía.

Un partido, entonces, sea de derecha o de izquierda, también puede verse infiltrado por lumpenproletariats. El caso ecuatoriano muestra que en torno a los líderes populistas se encaraman grupos sociales trepadores cuya incondicionalidad y falta de principios, les permite escalar posiciones y cometer latrocinios.

El ascenso de Rafael Correa al poder se sustentó en dos grupos caracterizados, el uno como ideológico y, el otro, como pragmático. El primer grupo fue poco a poco dejado de lado, y el segundo logró adquirir preponderancia en el gobierno de Correa. Sin duda los procesados en los sobornos 2012 a 2016, son muy distintos a la gente de izquierda que constituyó el Club de Tobi en el que había figuras honorables como Alberto Acosta Espinoza. ( El Séptimo Rafael, 2017, de Mónica Almeida y Ana Karina López).

¿Cómo entender semejante viraje, a vista y paciencia de las fuerzas sociales y políticas que prestaron su nombre y sus credenciales para el éxito sin precedentes de un liderazgo populista?

Volviendo a Marx, Luis Bonaparte encarnó lo que hoy se denomina populismo. “Quiso aparecer como el bienhechor patriarcal de todas las clases”. En medio de la marginalidad y el subempleo, se erigió en aliado de la clase media, en amigo de la clase obrera, en protector de los campesinos, pero también en guardián del orden establecido, lo que le valió el respaldo de la burguesía. La lucha de clases en Francia, en el siglo XIX, no desembocó en lo que Marx suponía: la implantación  del despotismo de una clase; en su lugar, se impuso el despotismo de un individuo.

Sin embargo, la victoria electoral de Bonaparte fue el antecedente de la democracia política basada en el sufragio universal.

La lucha de clases, entonces, tiene oscilaciones. Las formas políticas también cuentan. El poder político en un régimen democrático no expresa unívocamente el poder de una clase. La participación directa del pueblo en las urnas obliga a las clases contendientes a ligar sus intereses particulares con el interés general, lo cual plantea un escenario distinto a la polarización clasista.

Correa, como fenómeno político, nació de la ebullición de los “forajidos” , a la caída del gobierno de Lucio Gutíérrez. Levantó la bandera de la “revolución ciudadana”, despertando muchas expectativas en la población. Su discurso político fue polarizante. Embistió contra los poderes fácticos: los medios de comunicación, los banqueros, la partidocracia. Ello le hizo entrar en conflicto con la democracia, en nombre de una revolución que nunca se efectuó.     

Alianza PAIS  fue perdiendo su inicial identidad ideológica. No se entiende cómo los que sí tenían convicciones y no apetitos de enriquecimiento personal, dejaron que el mercadeo político terminara apropiándose del gobierno. Y cómo éste expulsó de sus filas a quienes le dieron a Correa el aval para ingresar a la arena política y encumbrarse en la cúspide de la representación política. Personajes como los hermanos Alvarado y Alexis Mera conformaron el entorno íntimo del gobierno de Correa. El aparato de propaganda devino en el soporte de su poder. Las sabatinas y los gabinetes itinerantes le proyectaron a Correa como un presidente que gobernaba con el pueblo. Con los plebiscitos se instauró una suerte de democracia directa.

Pese a ello, el poder de Correa se apartó de una línea basada en su discurso contestatario. La tarima pública servía para denostar a sus adversarios, a quienes se les presentaba como enemigos. Tal discurso coexistió con un gobierno complaciente con las ambiciones del lumpenproletariat que infiltró su zona oscura. No se entiende la dureza con la que acalló y persiguió a sus opositores y la blandura frente a los oportunistas enquistados en su gobierno. En ese sentido, tampoco supo defender su propia trayectoria: desaprovechó una oportunidad histórica.   

El control de los poderes del Estado impidió la fiscalización de los actos de gobierno. Ello permitió que se crearan instancias paralelas desde las cuales se armaron redes de corrupción que, al parecer, no han sido desmanteladas.

Esta desviación hacia la lumpenización del poder le ha desacreditado a la democracia y a la imagen de la izquierda que le acompañó a Correa en su ascenso al poder. También se desacreditó el modelo basado en un Estado fuerte, pues, en la experiencia de la “revolución ciudadana” el crecimiento del Estado amparó la existencia del lumpenproletariat en las filas de la burocracia. De esta manera, la “revolución ciudadana” le ha hecho el juego a la derecha que enarbola la bandera del libre mercado y de un estado mínimo. La derecha aparece como la depositaria de la ética y de la eficiencia, mientras a la izquierda se le tilda de refugio de quienes padecen de “hambres atrasadas” y de retóricos.

El izquierdista, entonces, es pintado como el aspirante a “nuevo rico”, lo que significa que para él la revolución social es una pantalla para salir de su condición social subalterna.  “Que la tortilla se vuelva” y,  para un ejercicio autoritario y despótico del poder.

La lucha de clases, efectivamente, no sigue una línea recta. La alianza del crorreismo con el socialcristianismo en la Asamblea Nacional lo patentiza.Ya se habla de la alianza entre los extremos para las elecciones de febrero del 2021. Pero en la práctica, no hay tales extremos, sino cálculos pragmáticos de agrupaciones poco adictas a la democracia. Se trata más bien de dos expresiones populistas, en apariencia, una de derecha y otra de izquierda. 

Lenin Moreno debe su elección a la “revolución ciudadana”. Su gestión desde 2017 marcó diferencias con su antecesor. Hubo una cierta recomposición de la institucionalidad. Su política económica y social, más que a un programa, responde a las presiones de los grupos de poder y de los movimientos sociales. Las funciones del Estado gozan de relativa independencia. Se respira un aire de libertad, de respeto a las ideas del más distinto colorido. Los actos de corrupción no se esconden ni se protege a sus autores. Los medios de comunicación no están amordazados. En las protestas de octubre de 2019, la represión fue moderada y se aceptó el diálogo. No hay el propósito del gobierno de quedarse en el poder.

Sin embargo, por las denuncias efectuadas, lo acontecido en los hospitales del país durante la pandemia, revela la subsistencia de ese “lumpenproletariat” en las esferas de la burocracia.
La defensa de la democracia exige la extirpación de este lastre. 

La “cirugía mayor” exige pasar del discurso a la práctica. Un buen paso fue la supresión de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia. Es necesario acabar con el nepotismo en el servicio exterior; que se transparenten los acuerdos legislativos; que se le libere al IESS de las redes que se establecieron en el gobierno anterior. Que se recate la idoneidad del estado como órgano del poder público, no sujeto a la voracidad del lumpenproletariat.

La bancarrota del Estado no debe dar lugar a su desmantelamiento. El gran desafío del Estado es, hoy, ganar credibilidad con la eficiencia en la gestión y funcionamiento de sus dependencias, lo cual implica capacitación técnica y no solo ideológica.

Un estado desmantelado no podrá hacer frente al desbalance de los impactos sociales derivados de la pandemia. La democracia exige el establecimiento de un Estado de Derecho en el que los recursos públicos dejen de ser un botín político para beneficio de aventureros que se valen de la democracia para asaltar el poder que el pueblo les confía transitoriamente, pero cuyo ejercicio debe estar sujeto al más estricto escrutinio.