En estos tiempos en que la retórica y la publicidad correístas trabajan sin descanso en la tergiversación del sentido de las cosas, toca hacer un esfuerzo permanente por desenredar la maraña de los pronunciamientos oficiales. De otro modo corremos el riesgo de convertirnos en una torre de Babel. Veamos.

1. El gobierno ha designado como optimización  lo que no es más que una reducción del derroche de fondos públicos. El pueblo, que si de algo sabe es de administrar las penurias cotidianas, hace la más simple de las reflexiones: si ahora se puede administrar la cosa pública con muchos menos empleados, ¿por qué llevamos ocho años inflando la burocracia hasta límites inmanejables? Si el gerente de Petroecuador anuncia que no hay mayor problema en despedir al veinte por ciento de funcionarios (mil de cinco mil) de esa dependencia pública, la gente deduce que durante el gobierno de Alianza País se han pagado sueldos innecesarios por montos astronómicos. No es necesario que recurran a tantos eufemismos tecnocráticos para referirse a la demagogia, al despilfarro, al clientelismo. En resumen, al piponazgo.

2. El Presidente de la República ha declarado que la izquierda y los movimientos sociales pretenden imponer una agenda desde las calles sin haberse legitimado en las urnas. Demuestra así un absoluto desconocimiento de lo que significan la democracia y lo público; cree que la democracia son las urnas y que los asambleístas son el pueblo; no ha entendido el concepto de intermediación política.

Cuando la ciudadanía llena las calles y plazas del país –es decir, los espacios públicos por excelencia– para expresar su descontento, lo hace porque las instituciones de intermediación política entraron en crisis, porque el sistema ha perdido legitimidad, porque la representación formal se agotó. Si en todo el Ecuador se movilizaron entre 40 y 50 veces más descontentos que los simpatizantes que movilizó el régimen, significa que las instancias de representación formal ya no corresponden a la realidad del país. Eso no es sedición ni terrorismo, sino simple ejercicio democrático.

3. En un pronunciamiento público el gobierno nacional ha rechazado las declaraciones del Arzobispo de Guayaquil con el argumento de que la iglesia no debe intervenir en política. Bajo esta premisa, hay que preguntarse qué habrían hecho en este gobierno los curas de la Teología de la Liberación, monseñor Proaño, monseñor Luna. ¿Habrían sido denostados, perseguidos, detenidos y expulsados del país como en la dictadura militar? ¿Solamente los curas correístas, que cada vez son menos, pueden hacer política en el Ecuador? Las autoridades de gobierno confunden el Concordato con el Derecho Canónico. Si se tomaran la molestia de revisarlos entenderían la diferencia entre que un cura hable de política y que sea parte de un partido político.

Desde hace mucho tiempo la iglesia progresista latinoamericana ha insistido en su responsabilidad frente a los problemas que afectan a la sociedad, y ha condenado la tendencia a reducir la actividad religiosa al simple espiritualismo, a la salvación individual del alma.  Es más, acuñó la definición de pecado social estructural para sacar al compromiso religioso de los confesionarios y enfrentarlo al mundo temporal. Y eso implica pronunciarse sobre aquellos problemas que afectan a la comunidad. Es decir, sobre el mundo de la política. Que lo haga un cura de derecha o de izquierda es secundario.

Sic transit gloria mundi (así pasa la gloria del mundo). Para que les quede claro a los expertos en marañas semánticas: todos los triunfos son efímeros. Sin ambigüedades.

Septiembre 1, 2015