Con independencia de cómo termine esta semana de movilizaciones, estoy convencida que la marcha ya triunfó, la movilización es un éxito y el paro ha logrado detener mucha de la desinformación y engaño del aparato de propaganda de los APs, pues ha desmentido, con los hechos, tantas mentiras urdidas desde la RC. Una de ellas, quizá la mayor, la de atribuir una y otra vez a quienes no pliegan a la sumisión, la condición de ser violentos.

Creo que hay algunos puntos que sintetizan el desarrollo promisorio de las manifestaciones: la ratificación de las Fuerzas Armadas de inscribirse en la Constitución, en la defensa de la democracia, así como en el resguardo de las libertades y derechos ciudadanos; la construcción progresiva de un consenso en torno a las demandas mínimas en las que coinciden las diferentes vertientes de las oposiciones; la pérdida del miedo que se apuntala día a día en distintos ámbitos y dimensiones de la realidad ecuatoriana, y el ensimismamiento en el que se empeñan los habitantes de Carondelet, para apartarse del pueblo.

Respecto del primer punto, el comandante general del Ejército, general Carlos Obando, recordó en una reciente ceremonia castrense que el deber de los militares es defender la Constitución y las leyes, además de respetar la democracia y la dignidad y derechos del pueblo. Sus palabras constituyen una revalidación del grado de profesionalismo alcanzado por la institución militar, a despecho de ciertas voces que pregonan criterios de orden político. Una de estas, la de un oficial de mediana jerarquía, quien consignó en otro acto militar consideraciones de orden político-ideológico que no corresponden a un soldado profesional. Según la información que circula en redes sociales, sería el autor del informe sobre el cantautor Jaime Guevara, aquel 29 de agosto de 2013, cuando el intérprete popular fue acusado de una conducta, desvirtuada a las pocas horas de haber sido enunciada.

En cuanto a lo segundo, los ecuatorianos advertimos una creciente coincidencia en los reclamos de los ciudadanos de las clases medias, los representantes de los pueblos indígenas y los dirigentes de la sociedad organizada. Es la exigencia para que el Congreso archive las mal llamadas enmiendas constitucionales, por ser regresivas en cuanto a derechos y porque afianzan la dependencia de instituciones del Estado que deben ser autónomas, al colocarlas en la órbita del Ejecutivo.

El tercer aspecto relevante es el destierro del miedo. Este se traduce en acciones como la discusión sobre la prebendas de unas cuantas familias en nuestro Ecuador; el pedido de esclarecimiento sobre el Yachay Tech; el clamor por la libertad, la dignidad y el respeto a todos los ecuatorianos, y porque los gobernantes se apeguen a la Constitución. En este proceso de debilitamiento del espanto los plantones de la Shyris fueron una primera expresión de que el temor se estaba cambiando de lado y de que el letargo ciudadano se estaba asentando en el pasado. Quizá esto explique la saña con la que los ciudadanos de clase media han sido atacados por tanto asalariado del correísmo. Otra manifestación de que el recelo está perdiendo fuerza es la solidaridad de los ecuatorianos con los actores de la marcha de los pueblos por la dignidad, a punto de congregarse en Quito.

Finalmente, la actitud defensiva del régimen, que se apresta a auto cercarse en la plaza de la Independencia, es otra pauta digna de tomarse en cuenta. Ya perdí la cuenta del número de empleados del Gobierno que han sido destinados a conseguir el mayor objetivo presidencial de este segundo semestre del 2015: llenar con al menos 10 mil almas la Plaza Grande. Objetivo tan minúsculo, no por la alta cantidad de individuos que ello requeriría sino por su sentido real, ha conducido al Gobierno a que busque apoyos entre los poderes fácticos, tan denostados en antiguos momentos.

Así es posible entender su encuentro con los empresarios del transporte, un muy conocido grupo de presión, célebre por su comportamiento impositivo con los gobiernos de turno, desde hace décadas. Estos propietarios de buses y camiones, sin preocuparse por el discurso del Ejecutivo, no dudaron en requerirle el archivo permanente e inmediato de los proyectos de ley de las herencias y de la plusvalía, y una revisión de las medidas de salvaguardia. Dando y dando, como dicen.

En este escenario, ya es irrelevante que el Gobierno consiga el nombramiento de directivas ad hoc en ciertos colectivos sociales, como el de los jubilados, si estos mismos nuevos dirigentes le plantean rectificaciones. Tampoco importa demasiado que exhiba la presunta adhesión de grupos, estos sí violentos, como el de los antiguos miembros de los Latin Kings, de los Ñetas y de otras organizaciones de similar perfil. Y menos aun que denigre a los marchantes y movilizados desde la semana pasada y los acuse de ser aliados de la derecha, a la que sí pertenece su inefable secretario jurídico.

Sí es decidor, sin embargo, que el jefe del Gobierno reivindique los subsidios a los combustibles y los contraponga con el aporte estatal a las pensiones jubilares del IESS. Increíble e indignante que valore más la quema de combustibles fósiles, que contribuye a la contaminación y al calentamiento global, y no la obligación constitucional de entregar pensiones jubilares dignas, que sí favorece a la equidad social, pues contribuye a la tranquilidad y a la seguridad de las familias y de sus miembros más valiosos: los ecuatorianos más sabios por sus años y por su experiencia.