Hay una trama conspirativa en marcha. El doble discurso en las mesas de diálogo y en el reparto de dignidades en la Asamblea Nacional está siendo usado para deslegitimar la voluntad popular expresada en las urnas. Por sobre esta voluntad popular se ha fraguado un mecanismo de representación paralelo. Este medio confiere a una fuerza social particular el derecho a representarnos a todos los ecuatorianos en una negociación con el Gobierno, en la que se ha puesto en juego la existencia misma de la democracia. 

En la democracia el debate público no puede estar sujeto a imposiciones de ningún sector social, y mucho menos si a ello precedió la paralización del país mediante una protesta que usó la violencia. Dicho reclamo también se valió del doble discurso. El argumento de la resistencia social como un derecho constitucional dio pie a infringir otra disposición consagrada en la Constitución: la prohibición de atentar contra los bienes públicos y la paz social. Esto se vio trastocado por el estallido de una suerte de reguero de odio contra una población inerme. Se sembró el terror, sin excluir a los enfermos y a los hospitales. Se sometió a la población a un sinnúmero de privaciones para luego culpar al gobierno por la desatención de las necesidades ancestrales, acumuladas a lo largo de décadas. Aparte de las millonarias pérdidas ocasionadas a la economía privada y pública, se deterioró la imagen internacional del país con el evidente propósito de sabotear la reactivación económica, haciéndole responsable de la debacle al gobierno de Lasso.  Para ello no usaron argumentos recurrieron a una cantidad de atropellos que fueron desde el bloqueo de las carreteras a la obstrucción de la producción y exportación del petróleo. Estrangular la economía del país, cuando recién estábamos logrando un respiro respecto de la pandemia, aparece como un acto deliberado. ¿Ante quién responden los autores de tantos desmanes?      

En lugar de ello, los responsables de esta conflagración antisocial son quienes se atribuyen la representación de toda la población, pese a no haber sido electos como sus delegados y se sientan en las mesas de negociación como portavoces de la angustia popular. En ellas formulan planteamientos que no concuerdan con los lineamientos programáticos del actual Gobierno, al que tildan de neoliberal, no obstante Lasso haber triunfado en la segunda vuelta con el respaldo de otras corrientes ideológicas no necesariamente alineadas con el neoliberalismo. Lo que se ha puesto en discusión, entonces, es el derecho a gobernar. Y si este proviene de las urnas o de las calles.       

La Asamblea Nacional muestra las falencias de los partidos políticos. Éstos responden más a intereses particulares que al interés público y son los primeros los que gobiernan sus acciones, ampliando los márgenes de la corrupción. La falta de control sobre el ejercicio de las funciones de representación popular ha propiciado la constitución de una delincuencia política que igualmente se parapeta en la autoridad conferida en las urnas para engrandecer sus intereses a costa de la representación popular e instaurar la corrupción como una manera aceptada y normal de gobierno.  

Se advierte, entonces, un menoscabo de la autoridad democrática. Ésta, al parecer, va perdiendo legitimidad, lo cual abona en favor de la implantación de un mando dictatorial que supuestamente sería capaz de poner orden y gobernar en beneficio de las mayorías. Esto, por cierto, fue desmentido en la larga dictadura correísta.  Ello también implica dar fuerza al discurso del estado fallido, acosado por el narcotráfico y la delincuencia ligada a él. Las Fuerzas Armadas y la Policía han sido despojadas del “monopolio de la coacción física legítima” que según Weber es inherente al Estado moderno. Incluso el descrédito de la política, que se la confunde con las maniobras fraudulentas de políticos inescrupulosos, es parte de esta trama conspirativa.

En este entorno la aprobación de la ley de comunicación de factura correísta, es otro paso en la escalada conspirativa. La libre expresión del pensamiento hace posible que todas las voces se escuchen con igualdad de derechos y que los ciudadanos puedan acceder a los debates que configuran la opinión pública que no puede estar atada a una sola verdad. La justificación inventada para la conculcación de la libertad de expresión    es la existencia de una masa encadenada a la pobreza y a la explotación, frente a lo cual los derechos a hablar, a escribir y a opinar terminan siendo un privilegio de las minorías que detentan el poder económico y político responsables de las condiciones de vida miserables de las mayorías.   

Por ahí se filtra la teoría de la lucha de clases reivindicada por los líderes de la protesta indígena. Resulta ilustrativo oponer el maquiavelismo al marxismo. Antes de llegar al poder, el marxismo reprobaba el maquiavelismo, entendido como una práctica de gobierno al margen de la moral y de la ética. Bajo la dictadura del proletariado, ese maquiavelismo que se lo asoció a la burguesía, terminó siendo utilizado por los partidos comunistas cuando se vieron obligados, desde el poder, a mentir a las masas respecto de los crímenes cometidos, por ejemplo, bajo el estalinismo.  También recurrieron a la demagogia, y a los peores vicios atribuidos a los gobiernos capitalistas.

La tramoya urdida desde las filas de un supuesto movimiento insurgente demanda una respuesta que no solo debe venir del gobierno sino de todas las fuerzas sociales excluidas de una negociación en la que se niega el valor de las estadísticas, del análisis serio de la economía,  de la argumentación técnica y en la que se sigue amenazando con volver a la movilización de 18 días. El país está, pues, secuestrado. Ya en la Asamblea, la nueva mayoría prepara sendos juicios políticos a los ministros del interior y defensa para que respondan por los muertos y heridos de los que no son solo responsables las fuerzas del orden sino, en mayor medida, las del desorden.

El planteamiento de la consulta popular puede ser el canal para generar esa respuesta. Cifrar las esperanzas en los diálogos con la CONAIE y con la Asamblea implica permitir que la sedición avance.  Hay que evitar nuevos octubres de 2019 y junio de 2022. La acción política debe congregar a todas las fuerzas democráticas. No se trata de salvar a un gobierno sino a la democracia como un sistema legítimamente constituido y basado en los pesos y contrapesos del poder, y cerrar el paso a la tiranía sustentada en la mentira populista, falsamente democrática.