¿Por qué en las negociaciones entre el movimiento indígena y el gobierno no se instaló una mesa para discutir sobre el narcotráfico, la principal amenaza en contra del Estado y la sociedad ecuatoriana en los actuales momentos?

Habría que suponer que, para cierta parte del mundo indígena, tanto el narcotráfico como el crimen organizado constituyen fenómenos ajenos y distantes de sus problemas concretos. Ni la hoja de coca se produce en zonas andinas de altura ni el microtráfico encuentra mercado en las comunidades rurales. En resumen, muchas zonas de la Sierra ecuatoriana todavía permanecerían al margen de la violencia que provoca la producción y el tráfico de drogas. Aparentemente, esta situación cambiaría por completo la perspectiva que tiene la dirigencia de la CONAIE respecto de la profunda crisis que afecta al país.

No se puede decir lo mismo del gobierno. Las autoridades están perfectamente informadas y conscientes del problema del narcotráfico, de sus efectos conexos y de sus secuelas. Si nos atenemos a los anuncios oficiales a propósito de la declaratoria de guerra al narcotráfico, entendemos que algo importante se piensa hacer para enfrentarlo.

Sin embargo, que el tema no conste en el centro de las negociaciones entre el gobierno y la CONAIE no significa que el problema no sea acuciante. El decomiso de cocaína, las masacres carcelarias y el sicariato reflejan una realidad sobre la cual no se tienen parámetros claros. Únicamente se hacen conjeturas sobre la magnitud del problema, y a ratos se percibe que mucha gente prefiere desviar la mirada de una situación a todas luces aterradora. Igual que el niño que cierra los ojos para que desaparezca el cuco.

Pero los acontecimientos están ahí para administrarnos una amarga dosis de realismo. Hay que revisar lo que sucede en Colombia para confirmar que el mayor impacto del narcotráfico es la anulación de la política. El Clan del Golfo, el principal cartel de las drogas en ese país, junto con otras 30 organizaciones criminales, acaban de proponer al presidente electo un cese al fuego a cambio de impunidad y legalización de sus fortunas. Para ello hacen una analogía con lo que han sido las negociaciones de paz con las organizaciones guerrilleras. Reinsertarse a la sociedad sin someterse a la justicia –sostienen– es una medida que facilita la reconciliación nacional.

El desafío para el próximo gobierno de Gustavo Petro es complicadísimo. La propuesta de los carteles lo coloca frente a un dilema catastrófico: la paz a cambio de la legalización del crimen. Con un aditamento peligrosísimo: la eventual reinserción de los narcotraficantes a la legalidad no significa que el negocio del tráfico de drogas desaparezca. Alguien, si no son ellos mismos, por interpuesta persona, les tomará la posta.

La situación en el Ecuador es aún más difícil, porque los carteles recién están en proceso de consolidación. La presencia de capos mafiosos con influencia directa sobre la política, tal como ocurrió y ocurre en Colombia y México, parece lejana. Pero la economía subterránea, el poder en las sombras y la violencia ya se instalaron. Los resultados de los diálogos entre el gobierno y la CONAIE, que son un hecho esencialmente político, podrían toparse con los escollos propios de la informalidad criminal.