Casi todos de los candidatos que buscan ser elegidos a escaños con poder e influencia hablan de la minería cómo fuente de salvación nacional. Son muy pocos los que tienen alguna remota idea de lo impactante que es para las comunidades, los derechos humanos y, más que todo, para los recursos naturales. Y aún más específicamente para los recursos hídricos. No hay la más mínima evidencia que los candidatos conozcan de los bochornosos incentivos económicos creados por el régimen correísta para atraer la inversión minera al país. Dichos incentivos dejarán al país con migajas económicas, pero sí con impactos ambientales a perpetuidad, sociales y culturales por generaciones.  Como si el descalabro de la era petrolera nunca hubiera ocurrido.

El otro aspecto que la gran mayoría de los candidatos rehúsan a reconocer es el total fracaso por parte del Estado de controlar y regular a la industria minera en todas sus fases y formas. La más reciente prueba de ello es el artículo publicado El Universo sobre la devastación del Chocó ecuatoriano producto de la minería no regulada, a pesar de contar con medidas cautelares y afectada por la pandemia. Que no se diga que sola la minería informal es el problema; tal como las empresas aducen.

En Intag, la Contraloría General del Estado constató decenas de irregularidades, y total falta de control y regulación por parte de las entidades estatales encargadas con regular y controlar el proyecto minero Llurimagua; supuestamente legal.

En el caso de San Lorenzo, en el 2011 la Defensoría del Pueblo interpuso las medidas debido a la gravísima contaminación del recurso agua con metales pesados y otras sustancias letales. En el 2018, la corte de Esmeraldas otorgó 30 días a varias instituciones gubernamentales para que se cumpla con las medidas y se paralice toda actividad minera en los sectores impactados. Mientras tanto los focos de la minería descontrolada crecieron, al mismo ritmo que la devastación ambiental y pérdida de vidas. Y continuará si las nuevas autoridades se posesionan en Carondelet y la Asamblea y siguen apoyando a una actividad que simplemente no ha sido, ni puede ser, regulada ni responsable, por más “legal” que se pinte, dado su enorme poder adquisitivo de apoyo político y blindaje judicial. ¿Cómo, cabe preguntarse, la minería puede considerarse responsable cuando el Estado ha violado sistemáticamente el derecho de las comunidades a las consultas ambientales y a las previas, libres e informadas?

Lo mínimo que se espera del país es un honesto y transparente debate sobre los costos-beneficios de transformar un país megadiverso en culturas y biodiversidad, y excepcionalmente rico en recursos hídricos, en otro país meramente minero, lo cual beneficiará, principalmente a las transnacionales, unos pocos vivos criollos, y las economías del Norte (incluyendo, en primer lugar, a la China).

En estos días la Asamblea Nacional analiza modificaciones a la Ley de Recursos Hídricos que pondría unas razonales restricciones a toda actividad minera metálica cuando éstas presentan un riesgo de contaminar el recurso hídrico. Es muy probable que el poder del capital, acompañado como siempre ha sido en nuestro país por la corrupción, se evidencie para que muera en el segundo debate.  A menos que actuemos para contrarrestarlo.