La frase que titula este artículo fue dicha por uno de los abogados de la defensa de uno de los procesados en el caso conocido como “Damián Peña”, adolescente de dieciséis años de edad que fue asesinado en una manifestación ocurrida el 11 de enero del año 2002 en las inmediaciones de la Universidad de Cuenca. ¿Por qué de esta frase?

A los diez años, aproximadamente, de ocurridos estos hechos se formularon cargos en uno de los juzgados de garantías penales del Azuay. En la audiencia respectiva, la defensa de Sonia Bonilla Brazales, madre de Damián, en la configuración del delito para que inicie la instrucción fiscal, solicitó que no se indague por homicidio preterintencional, que fue al final la conducta que en esa época perseguía la Fiscalía, sino que la conducta de los acusados sea considerada como ejecución extrajudicial.

El fundamento de este accionar, y por cuanto fue el primer caso de la Comisión de la Verdad que accedía a su judicialización, fue establecer de manera fundamentada que la víctima falleció en una confrontación policial y que los presuntos involucrados pertenecían a la fuerza pública.

Además, las investigaciones que se realizaron en esa época fueron hechas por el jefe del operativo policial de aquel día, quien se desempeñaba también como jefe de la Policía Judicial. La orden de delegación de estas pesquisas iniciales fue dada de manera antitécnica por el fiscal que inicialmente conoció el caso, por cuanto el artículo 216 numeral 10 del Código de Procedimiento Penal de esa época señalaba que este funcionario “podía” delegar su actividad a esta institución.

Precisamente ese fue uno de los argumentos para que en primera instancia, en lo que se denominaba etapa intermedia, el juez emitiera el sobreseimiento provisional a favor del jefe del operativo policial, en virtud de que tanto fiscal como el procesado simplemente cumplieron con una disposición legal y realizada por autoridad competente.

Dentro de estas primeras diligencias quedaron incluso registradas las amenazas y visitas que tuvo uno de los jóvenes testigos por parte de este oficial de la policía, pidiéndole que declara a favor de los uniformados; al joven testigo se le "pedía" que señalara que el disparo que cegó la vida de Damián salió del interior de la Universidad, con lo cual elaboraron la teoría de que fueron los manifestantes los que ocasionaron este lamentable hecho.

Además, las continuas persecuciones a Sonia Bonilla Brazales; las visitas y amenazas telefónicas siempre previnieron de que ciertos miembros policiales se encontraban involucrados directamente en este asesinato.

Fueron estos los motivos, además de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, los que impulsaron a la defensa el tomar distancia con la propuesta de Fiscalía y solicitar que se aperturara el juicio por ejecución extrajudicial; pronunciamiento que se lo realizó antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuerpo jurídico que en su artículo 85 ya lo tipifica de forma expresa.

Además, en una memorable audiencia, se señaló que debían aplicar los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente los relativos al uso progresivo de la fuerza, conducta de agentes del Estado, uso de armas de fuego; y sobre todo, que no podía existir impedimento alguno para juzgar este grave delito en contra del derecho internacional de los derechos humanos, ni siquiera por el hecho de que la conducta a la fecha del suceso no estaba tipificada en aquel momento.

Claro, se entendía que la “monstruosidad” no solo fue para el abogado defensor del procesado, sino también para el juez fue porque ¿cómo podía investigar un delito que no se encontraba tipificado en el Código Penal? y ¿Cómo podían aplicar instrumentos internacionales de Derechos Humanos si el delito estaba como homicidio preterintencional?

Y así el juicio empezó con estas pretensiones en las diversas instancias en la ciudad de Cuenca, llegando al Tribunal de Garantías Penales del Azuay, donde la Fiscalía se abstuvo de acusar frente a la impotencia de la víctima; pero a pesar de la orfandad que sentimos en ese instante, seguimos insistiendo en que fue una ejecución extrajudicial.

En el mismo sentido y bajo un argumento adicional de no existir acusación por parte de la Fiscalía, se ratificó la sentencia absolutoria, y con esto la imposibilidad de conocer la verdad de los hechos.

Sin conformarse ante los hechos consumados se presentó recurso de casación, e igualmente lo hizo la Fiscalía. Durante la espera de la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, Sonia Bonilla Brazales perdió trágicamente a su joven segundo hijo, producto precisamente de la lucha de la madre por conocer sobre el asesinato de su primer hijo.

Con las pocas fuerzas que le quedan a la madre pero con el ímpetu vigoroso, se presentó a esta comparecencia ante los jueces de esta instancia nacional, donde al final se emitió la aceptación de nulidad de la investigación realizada por la Fiscalía y la Policía, pero también se señaló que la conducta punible debía ser de conformidad a los estándares internacionales, es decir por ejecución extrajudicial.

Al final, las palabras del procesado que ratificó su inocencia y los problemas desde el momento en que ha sido investigado, apelando que se conozca la verdad; pero también las expresiones de la madre y víctima, no solo de los hechos sino también de un sistema perverso que se burla del dolor y la pobreza de las víctimas.

A pesar de un nuevo duelo que se suma a los trece años de esta lucha incansable, considera que existen motivos de seguir luchando y pidiendo verdad, aunque le digan “loca” y aunque señalen que su petición es tan “monstruosa” como la impunidad que lleva a cuestas.