Hacia el año 2008 (momento de aprobación de la Constitución del Ecuador), varias personas y organizaciones fuimos optimistas al ver que el texto que se aprobaba recogía mucho de nuestros planteamientos en favor de emigrantes, inmigrantes, refugiados, desplazados, víctimas de trata y tráfico.

La Carta Magna recogía el derecho a la libre movilidad, el reconocimiento de la libre movilidad, el progresivo fin de la condición de extranjero, el fortalecimiento de una ciudadanía sudamericana, entre otros elementos, que aún siguen escritos en dicho texto; pero que no tienen congruencia en las acciones concretas y cotidianas.

Basta ver como el Estado ecuatoriano ha manejado este tema en estos últimos años. La última buena práctica que recuerdo sobre el tema fue la aplicación del denominado “Registro Ampliado” en la zona de frontera norte (2009) y por medio de la cual se aplicó la Declaración de Cartagena para ampliar el reconocimiento del refugio a quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, específicamente provenientes de Colombia. De allí para acá solo han existido imprecisiones e incluso acciones que violentan la propia Constitución.

El impedimento a la población haitiana de ingresar al Ecuador (2015), la deportación masiva y sin procedimiento adecuado de población cubana (2016) y la propia aprobación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017); son muestras de esto. Pero al menos a partir de este último se abren más y profundos problemas que están afectando a todas las personas que ejercen su derecho a la libre movilidad. En este marco quiero resaltar dos ejemplos de las consecuencias que deben sufrir las personas a causa de la falta de un enfoque de derechos al momento de abordar la movilidad humana.

Por un lado, la situación de los ecuatorianos que pretenden retornar al país es muy precaria. La serie de ofrecimientos para acceder a beneficios en el momento del regreso no han sido cristalizados. Los beneficios del denominado “Plan Retorno” no han funcionado en la práctica e incluso han generado que muchas personas pierdan el fruto del trabajo de años en los países donde fueron acogidos.

En este último periodo eso se ha visto con mayor crudeza cuando los miles de ecuatorianos y ecuatorianas (y sus familias que por Constitución también tienen nuestra nacionalidad) quieren regresar de Venezuela, país que los acogió décadas atrás y en donde hicieron sus vidas. Son personas que pasan las mismas penurias del viaje que otros venezolanos.

Uno de los casos que he podido atender es el de una mujer trabajadora de origen manabita, que con dos de sus nietas y uno de sus hijos ha querido retornar al Ecuador. Al parecer (si todo sale bien) pronto estarán en Ecuador. Pero su espera fue de casi un año. Problemas con la documentación, falta de recursos, imposibilidad de respuesta institucional por parte del Estado venezolano y del sistema consular ecuatoriano; han sido los que han propiciado este impertinente retraso con las consecuencias que cada uno de ustedes pueden imaginar.

Por otro lado, el drama de los desplazados venezolanos – que se ha ido incrementando en los últimos días y que lastimosamente seguirá recrudeciéndose – muestra claramente la falta de previsión sobre un tema que hace un par de año atrás fue alertado por varias organizaciones en el Ecuador (entre ellas la Misión Scalabriniana).

En estos momentos, aunque se han empezado a dar respuestas, las mismas carecen de contundencia y de una visión estructural de la problemática.

La Resolución 000152 del Viceministerio de Movilidad Humana (que en siete artículos declara la situación de emergencia para tres provincias del Ecuador) no logra tener la fuerza para responder de manera efectiva a los requerimientos que demanda la actual situación.

Varias organizaciones que trabajan en temas de movilidad humana mediante carta emitida al presidente Moreno el 25 de junio de este año habían solicitado una serie de medidas, entre ellas, la declaratoria de emergencia en todo el territorio ecuatoriano y que vaya acompañada de medidas efectivas que permitan el ejercicio de la libre movilidad.

Se había solicitado una amnistía migratoria, mediante la cual se facilite el acceso a documentación que es básica para generar procesos de integración positivos (por si acaso, es el mismo argumento que utilizó nuestra Cancillería para solicitar en Europa que se elimine la visa para los ecuatorianos).

Adicionalmente se había solicitado que cada uno de los ministerios asuma adecuadamente sus competencias de acuerdo a lo que establece nuestra legislación. En ese sentido, y para no tener espacio de improvisación, se solicitaba que el Ministerio de Inclusión Económica y Social implemente un sistema de protección emergente (asistencia humanitaria, albergues, etc.) con la finalidad de evitar cualquier problema que a veces a sido común encontrarlos en estas situaciones (como la violencia sexual contra niños y adolescentes, el aparecimiento de redes de tráfico de personas, etc.)

También se había solicitado que pueda utilizarse todos los recursos. Tanto los públicos (que son aquellos que se les ha cobrado a los propios migrantes por concepto de tasas consulares, multas, especies valoradas y otros) y los privados (organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional, entre otros), pueden ponerse a disposición de esta emergencia y pueden ser coherentemente administrados.

De la misma manera, se había planteado que, para evitar otras consecuencias negativas de esta falta de enfoque de derechos a la movilidad humana, el Estado ecuatoriano asuma un proceso de cambio de la ineficiente estructura normativa e institucional que ha sido herencia del anterior gobierno.

Como se podrá apreciar, ideas e iniciativas no han faltado. Entonces, ¿no será que falta voluntad política para asumir un tema delicado y transcendental como la movilidad humana?

Me sumo al llamado de varias personas para que luego de 10 años de escrita la Constitución del Ecuador, podamos ejercer auténticamente la libre movilidad como un derecho; y que esta se convierta en un factor de desarrollo para el país y para todas y todos quienes habitamos en este territorio.