La desaprobación a la gestión del presidente Guillermo Lasso, según la última medición efectuada por la encuestadora Perfiles de Opinión, alcanza el 85.46%, lo cual implica que, de cada diez personas, al menos ocho califican el trabajo desarrollado por el gobierno del ‘Encuentro’ como malo o muy malo.

De igual manera, el vicepresidente Alfredo Borrero, presenta de manera directa una valoración negativa del 74.4%, adicionalmente con un inusual 15.29% de los consultados, que ni siquiera se pronuncian con relación a lo ejecutado por esta autoridad, lo cual deja entrever la modesta o paupérrima participación que tiene dentro del régimen.

Es por demás evidente que estas cifras lo que desvelan es el derrumbe del oficialismo producto de la descapitalización política de un gobierno que carece de base y respaldo popular, que se encuentra enredado en denuncias de corrupción e ineficiencias mayúsculas, que camina dando palos de ciego, huérfano de respaldo y sin aliados que le aseguren terminar su periodo para el cual fue elegido, al estar expuesto a una oposición que pretende su asfixia y salida del Palacio de Carondelet.

De su parte, la Asamblea Nacional, con un 88.38% de reprobación, lo que expresa es una abierta incapacidad para cumplir con sus deberes y obligaciones constitucionales, actuando penosamente a espaldas del pueblo que lo que exige de sus representantes, en general, es una práctica política transparente y que esté en función del bienestar general.

Ciertamente, la lectura que se tiene de esos números tan bajos en el nivel de aprobación, es la existencia de un implícito retiro del apoyo ciudadano a sus mandatarios y representantes, lo cual, en el caso del presidente Guillermo Lasso, además se vio expresado de una manera nada sutil con el triunfo del ‘no’ en la última consulta popular en donde inclusive se planteó –preguntas anzuelo- en temas de seguridad, medioambiente y reforma institucional.

En estas condiciones, donde destaca la marcada debilidad política de un régimen dado al garete y que, valga decir, de superar la prueba del juicio político que se tramita ahora mismo en la Asamblea Nacional, quedaría en una  posición bastante incómoda y, lo que es peor, como rehén de las fuerzas políticas que posibiliten al final su eventual continuidad en el poder; lo que corresponde, más bien, sería la aplicación del Art. 148 de la Constitución, esto dada la facultad del presidente de la República, para disolver la Asamblea Nacional y proceder a  la inmediata convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.

Esta decisión pondría en manos de los ecuatorianos el poder elegir a nuevas autoridades y con ello iniciar un proceso de reorientación de la gestión tanto de las funciones ejecutiva y legislativa, así como la construcción de un acuerdo nacional, con base a una agenda mínima. Desde luego, los resultados de ninguna manera están asegurados y, con ello, queda abierta la posibilidad que el neopopulismo pudiera acceder nuevamente al poder. No obstante, corresponderá a los partidos y movimientos políticos y a los propios ciudadanos asumir un eventual proceso electoral con la madurez y responsabilidad debidas.