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27 de Agosto del 2021
Ideas
Lectura: 15 minutos
27 de Agosto del 2021
Hugo Marcelo Espín Tobar

Especialista en Derecho Penal. Miembro de LEGAL International Advisors

La necesidad de una Comisión de la Verdad y Transparencia en la Policía Nacional
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Hoy más que nunca se requiere de un verdadero baño de verdad, que vaya mucho más allá de los discursos en las ceremonias de los ascensos cuestionados. Un baño de verdad que garantice a los uniformados reglas claras en su profesión, que se defienda lo justo y el accionar sacrificado y tesonero de miles de mujeres y hombres policías que lo arriesgan todo en su día a día.

Una mañana como cualquier otra en el Ecuador, mientras decurría el 30 de septiembre de 2010, se suscitaron una serie de hechos que reflejaban la inconformidad por el trato y acciones que ejecutaba un gobierno autoritario, que buscaba consagrar su estilo de control sobre la ciudadanía ejerciendo el poder absoluto sobre todas las formas de autoridad que tiene un gobierno realmente democrático.

Ese día de septiembre quedaba en claro que se cristalizaban las palabras expresadas por el entonces  Presidente, que en el enlace radial del sábado 12 de marzo de 2009, que se realizó en el coliseo Abel Jiménez Parra, dijo: "El presidente de la República no es solo jefe del poder Ejecutivo, es jefe de TODO el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, Superintendencias, Procuraduría, Contraloría, TODO eso es el Estado ecuatoriano", asumiendo que era su sagrado deber controlarlo todo. Para ello necesitaba iniciar su cruzada controlando el aparato de Justicia, como en efecto hizo a través de su exministro de Interior, que se convirtió en el transformador del sistema judicial desde la titularidad del Consejo de la Judicatura. Y, por supuesto, con cargo a lo sucedido el 30 de septiembre de 2010 se transformó la Policía Nacional, que hasta entonces era una entidad del Estado ecuatoriano con autonomía jurídica, financiera y sobre todo operativa, para convertirla por Decreto Ejecutivo (Decreto Ejecutivo No. 632, publicado en el Registro Oficial 372 de 27 de enero 2011) en el apéndice del Ministerio de Interior y/o Gobierno y de esta manera iniciar una fase que el país no ha borrado de su memoria.

Con esta aberración jurídica, nacen los cambios en la estructura policial; se fomenta la creación de sistemas de inteligencia que actuaban de manera paralela a la justicia y otros que se dedicaban a la judicialización de cualquier evento para justificar investigaciones contra quienes se consideraban un riesgo para las líneas del gobierno; se contratan servicios de inteligencia extranjeros para soportar esta nueva concepción de seguridad nacional, en la que el Presidente sentía temor de su misma sombra, creando un aparataje de seguridad, que el Ecuador de hasta ese entonces no había visto jamás: soldados movilizados con días de anticipación daban seguridad a las sonadas sabatinas; policías uniformados y agentes de inteligencia se desplegaban para asegurar los lugares de los innumerables desplazamientos del señor "A1". A la par se fraguaba un nuevo instrumento jurídico para reorganizar la seguridad estatal en todos sus aspectos. Este libro con jerarquía orgánica lo cubriría todo, y así un grupo de inspirados asesores redactaron lo que se denominaría el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

Un grupo de asesores uniformados y civiles que suponían tener el conocimiento necesario para definir las operaciones policiales y de inteligencia, concibieron un Código que contemplaba cuatro libros. El primero de ellos dedicado a estructurar la Policía Nacional del Ecuador,  planteándola como una institución de carácter civil, en la que debía cambiarse hasta los uniformes, darle un carácter profesional (porque se concebía que no lo era), que sería prioritariamente preventiva con un eje fundamental en la policía comunitaria o del barrio y con intervención disuasiva y reactiva, especialmente ante eventos de orden público.

Este libro, aún vigente, requería de la existencia de varios Reglamentos para su aplicación y en especial para tratar de llenar los vacíos legales de su imperfecta construcción que "solo" tomó siete años en la Asamblea de mayoría correista.

Es entonces cuando aún no existía ésta norma que reguló la actividad policial (COESCOP), se produjeron varias de las acciones más atroces en materia de debido proceso y violación de derechos, como fueron los procesos de degradación pública al estilo del Western "Marcado"  (aplicando penas degradantes, expresamente prohibidas por el Pacto de San José de Costa Rica en su Art. 5.2), o los procesos de desvinculación por listados que dejaron fuera a más de 1300 policías sin ningún debido proceso, manteniendo la zozobra a miles más por el riesgo de encontrarse en los temidos listados.

De ello cabe mencionar que la Contraloría inició un examen especial. Pero como todo en este país, misteriosamente —al afectar el interés de los intocables— se archivó (Oficio No. 811-DNA1-2021 de fecha 13 de agosto de 2021), y dejó en el olvido a quienes junto con sus familias quedaron en la indefensión y sin trabajo. Algunos de ellos por el experimento social llamado "pruebas de confianza", las mismas que hasta hoy han servido para excluir a buenos Oficiales que no eran de la línea del gobierno de turno.

Muchas de estas acciones, se sucedieron durante el gobierno democrático de Don Lenin Boltaire y sus ministros/a que pretendían descorreizar a la Policía. Para ello, nombraron como sus comandantes a los más lejanos correístas entre el 2017 y 2021, pero cuyas funciones entre el 2010 y 2017 los posicionaban de manera muy diferente a la que mostraban.

De la misma manera se ubicaron en agregadurías no a las primeras antigüedades, como reza la ley, sino a quienes en relación a sus méritos con el/la ministro/a de turno podían ubicarse en diferentes embajadas del mundo. No se puede desconocer que lo hicieron también quienes legalmente debían optar por dichas asignaciones y con mérito propio, pero ello infiere la necesidad de investigar sobre quienes no podían hacerlo y dejaron a quienes tenían ese derecho —en mérito de su esfuerzo— cumpliendo con sus funciones ordinarias mientras que los ungidos aprovecharon su proximidad para dichas designaciones. EEUU y Europa fueron los destinos más apetecidos, pero no los únicos.

Hoy más que nunca se requiere de un verdadero baño de verdad, que vaya mucho más allá de los discursos en las ceremonias de los ascensos cuestionados. Un baño de verdad que garantice a los uniformados reglas claras en su profesión, que se defienda lo justo y el accionar sacrificado y tesonero de miles de mujeres y hombres policías que lo arriesgan todo en su día a día

 De la misma manera, esta nueva visión policial facultó, o mejor dicho, se autofacultó, la posibilidad de calificar, para los ascensos de Oficiales e incluso del personal de Tropa, con una nueva variante de valoración subjetiva. Esta ha fomentado fuertes críticas, porque permite la separación definitiva de quienes no están en línea de aceptación del mando, o de quienes detentan el poder ministerial.

Aparece entonces la famosa calificación del "concepto". ¿Qué es esta valoración? La respuesta la da el Art. 389 del  "Reglamento de Carrera Profesional para las y los Servidores Policiales" (acorde a los rimbombantes nombres revolucionarios), que define los procedimientos e instrumentos de "carácter técnico", que permitirían medir el desempeño y la gestión por competencias de los servidores policiales. Sin embargo, tiene como parámetros a valorar: liderazgo, flexibilidad, autocontrol, orientación a la comunidad, orientación al logro, trabajo en equipo... Todos estos factores cuantificados a criterio de la sabia superioridad representada en la Comisión de Ascensos. Esta,  realmente es la que pone un número o nota a dichas cualidades, con la aplicación de la vieja  técnica del ojímetro policial.

Es decir al buen ojo del calificador, pues no necesita otro elemento que su decisión. Es tan "objetivo" este parámetro que pueden asumir como válido cualquier comentario sobre el evaluado sin necesidad de documento alguno. Por ello, en las acciones constitucionales que se han interpuesto, los jueces realmente garantistas han requerido a la Policía que justifique la razón de la calificación pues, conforme el Art. 76.7, literal l, es necesario motivar las decisiones del poder público, sea en instancia administrativa o judicial. No cabe en este criterio constitucional el libre albedrío de los miembros de una comisión, ya que no es suficiente para dejar por fuera a quienes con su trabajo se han ganado un espacio dentro de la institución policial, la decisión de voluntad.

Por todo ello, es necesario entender por qué una promoción de Generales de Distrito fueron calificados como "incompetentes" para ascender a Generales Inspectores, sin embargo de que habían ejercido cargos de alta responsabilidad institucional y que, mientras cumplían dichas funciones eran calificados como absolutamente competentes, tal como lo reflejan sus calificaciones de desempeño y conducta anuales que obran en sus hojas vida.

Lo propio ha sucedido en el ascenso de coroneles, tenientes coroneles y mayores, sometidos a este proceso de valoración cuyas hojas de vida se contraponen con las calificaciones de concepto alcanzadas, en lo que se denomina "desarrollo de competencias". Cabe entonces preguntar: ¿por qué los evaluados no tienen acceso a los verdaderos elementos que motivaron a ésta Comisión tomar la decisión de fijar la calificaciones aludidas que, a la postre, colocan o separan a las primeras antigüedades?

Qué decir de lo que ocurre con los pases policiales, que han sido siempre materia de controversia y, en su momento, motivaron la detención y cumplimiento de pena de un Comandante General que protestó contra el Ministro de turno. Pases que mueven a familias completas bajo la óptica de la decisión superior, sin el cumplimiento de las mínimas formalidades que para el efecto establecen las leyes y reglamentos. ¿Por qué son transferidas las personas que reclaman o se quejan de alguna situación propia de su servicio? ¿Por qué no se cumplen los famosos informes de Talento Humano y condiciones fijadas por el Art. 307 y siguientes del nombrado Reglamento de Carrera? Es necesario entender que las personas no son fichas de libre movilidad, pues detrás de ellas existen familias que merecen el derecho de programar su vida, y pese a que entienden que pueden trasladarse a lo largo y ancho del país, no es menos cierto que hacerlo por el cumplimiento de una disposición, que podría ser visceral, es una vulneración de derechos.

Todos estos elementos y muchísimos más, merecen la creación de una Comisión de la Verdad y Transparencia Institucional, que evalúe los acaecido dentro de la institución garante del derecho a la seguridad y garantías de los ciudadanos. Pero que igualmente debe analizar qué sucede puertas adentro de las instituciones uniformadas y jerarquizadas. Que no sea el silencio la única respuesta que reina a una serie de abusos que van quedando en el olvido o simplemente, de los cuales no se quiere hablar porque así ha sido siempre y así serán las cosas detrás de las puertas de los cuarteles.

La Asamblea Nacional tiene la potestad de fiscalizar y dar seguimiento a procesos que debieron regirse por el tenor literal de la Ley. Siendo la Policía Nacional una institución de Derecho Público, no pueden existir dudas de cómo se hicieron las cosas; cómo se tomaron decisiones e, inclusive, cómo se llevaron a efecto contrataciones para la adquisición de bienes y servicios que siguen bajo tela de una duda más allá de lo razonable.

Sobre la determinación de qué o en qué se invirtió el dinero de los ecuatorianos, aún quedan en el aire temas como FABREC, agregadurías, comisiones de servicio al exterior, designaciones internacionales, cursos en el exterior, ingresos a las Escuelas de Formación de Tropa y la Escuela Superior de Policía cuyos listados para inclusión o exclusión han sido cuestionados; adquisiciones para la logística policial, reposición de pertrechos, contratación de seguros, presupuestos para uniformes, adquisición y mantenimiento del parque automotor policial, y por supuesto el accionar de las Comisiones de Ascensos y Pases, entre otras maravillas de los últimos diez años.

Cuando el presidente Guillermo Lasso habló de transparencia en el inicio de su mandato y ha expedido sendos Decretos Ejecutivos para dicho fin, hoy más que nunca se requiere de un verdadero baño de verdad, que vaya mucho más allá de los discursos en las ceremonias de los ascensos cuestionados. Un baño de verdad que garantice a los uniformados reglas claras en su profesión, que se defienda lo justo y el accionar sacrificado y tesonero de miles de mujeres y hombres policías que lo arriesgan todo en su día a día. Un baño de verdad que dé a sus familias la tranquilidad de saber cuál será su futuro y poder planificarlo de alguna manera.

En fin, el país requiere de profundos y reales cambios en los destinos de todos, más en el futuro de los responsables de la dura tarea de mantener la paz y el orden interno en un país que se siente asolado por la delincuencia y la amenaza de convulsión social latente.

[PANAL DE IDEAS]

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