Los ciudadanos asistimos a una nueva metida de mano en la Justicia. A diferencia de la era correísta, esta es silenciosa. Sin pomposos discursos de tarima de las autoridades políticas. Pero con un gran trabajo tras bastidores y empujada, según las fuentes consultadas, desde lo más alto de la Función Judicial.

Este embate tiene una marca de la política nacional: con cada cambio de gobierno se hace un cambio en la justicia al más alto nivel. El pretexto eterno es fortalecer la independencia judicial, y para ello se eliminan jueces y se ponen a otros que supuestamente son mejores prospectos. Claro, luego de unos años los cambian de nuevo porque no resultaron tan buenos como se pensaba. Es la historia de siempre en Ecuador.

La Justicia ha pasado de mano en mano. Y pocos juristas han sabido lidiar con los políticos y sus verdaderos jefes. La justicia ha pasado de partido político en partido político. De los conservadores, liberales, demócratas cristianos, a la derecha, a la izquierda, al correísmo… y al morenismo. Muy pocos logran surfear en las olas de ambiciones y venganzas, sin caerse.

El actual Consejo de la Judicatura se propone hacer una evaluación a los jueces supremos, los 21 de la Corte Nacional de Justicia. Son dos instrumentos los que tiene para ello: el primero es un Reglamento para evaluación integral de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia; y, el segundo, es el Instructivo para la conformación y funcionamiento del Comité de Expertos y del Comité Evaluador del proceso de evaluación integral de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional. Ambas normas tienen serios cuestionamientos por su ambigüedad y legitimidad. Estas advertencias no llegan sólo dentro del país, sino desde fuera.

La evaluación que quiere emplear la Judicatura tiene los criterios cualitativos y cuantitativos, legitimidad y transparencia. Según ese organismo, los elementos cualitativos tienen un peso de 80% en la calificación y se tomarán en cuenta la calidad de los fallos. Son cuatro sentencias por año de cada Juez, en el período que va del uno diciembre del 2014 y al 31 diciembre del 2018, es decir, cuatro años.

Los elementos cuantitativos suman el 20% del puntaje total. Ahí se analizarán la productividad, la asistencia a plenos, audiencias, el cumplimiento de la jornada laboral y jornadas de capacitación. Además de un análisis de la Declaración de bienes, ya que, aseguran, han recibido denuncias sobre algunos jueces. Todo esto se realizará en el tiempo récord de un mes.

Sin embargo, Jason Reichelt, experto en independencia judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un encuentro del 30 de mayo del 2019, en la Universidad Andina, cuestionó el fondo de la evaluación que hará la Judicatura. Advirtió de las consecuencias por remover a jueces si no están inmersos en casos graves de incompetencia, corrupción o actividad delictiva grave. Demandas internacionales e indemnizaciones. Algo que ya conocido por el Estado.

Además, dijo que en los parámetros de transparencia y equidad deben hacerse públicos. El experto de la ONU sugiere no implementar un sistema de puntaje y calificación para la evaluación individual de desempeño de jueces. Para Reichelt no es posible determinar con precisión cómo los criterios cualitativos y cuantitativos se traducirán a valores en una escala de 100 puntos. Además, parece que no hay forma de que el Juez evaluado pueda mejorar su puntuación durante un tiempo a prueba.

También señaló que no es posible determinar los detalles de los parámetros de legitimidad y transparencia. Y, finalmente, indicó que la Judicatura es juez y parte de la evaluación al recibir informes de los jueces y ser, a la vez, el nivel al que los jueces podrán apelar si no están conformes con la evaluación.

A ese durísimo escenario para la Justicia, le añadimos dos más. Uno es que actualmente ese organismo está liderado por una funcionaria que no ha sabido ocultar sus preferencias y simpatías. María del Carmen Maldonado se ha desleído de cariños para Moreno. No ahora, sino desde antes. Es más, ella presentó el reconocimiento en favor de los derechos constitucionales. Llamó a Moreno "mensajero de paz, apóstol de amor"…  Claro, era la época dorada de la revolución ciudadana. Ella es quien lleva adelante un cambio en la justicia que está viciado, según el experto de la ONU.

Y el segundo escenario es que Patricia Esquetini, la delegada del presidente Moreno ante el Consejo de la Justicia, renunció. Fuentes consultadas aseguran que ella abandonó ese alto organismo administrativo por la injerencia política en las decisiones de la Judicatura y en casos judiciales específicos. Específicamente: caso Isaías, caso Ola Bini, y los cuestionamientos a la participación de la Corte Nacional de Justicia en la iniciativa del Diálogo 2030.

La cosa va así: si un juez supremo no cumple con 80 puntos… se va. Todo apunta a que será la segunda metida de mano en la Justicia en la gran era de revolución ciudadana. Una que incluso pudiera ayudar al propio correísmo al desprestigiar a jueces que han fallado en contra de las corruptelas de ese grupo político...

En la Corte Nacional preparan maletas… y las demandas internacionales.