El debate acerca de lo que vendrá en el futuro inmediato a Ecuador se presta a muchas especulaciones. Dada la dimensión de la crisis, el próximo gobierno debe reunir características excepcionales. Sin embargo, no todos los aspirantes al solio presidencial poseen esas cualidades. Los partidos políticos aún están en deuda con la democracia. Sin duda, son imprescindibles en un régimen democrático. Pero, con excepciones, no han logrado formar cuadros capaces de asumir responsabilidades tan complejas.

 Los problemas a enfrentar desafían las mentes más lúcidas. Las recetas aplicadas en el pasado inmediato se desactualizaron, o enfrentan mayores obstáculos que antes. La humanidad se quedó sin certezas. El estado y el  mercado como que fueron sacudidos por la pandemia. La sociedad civil se halla acorralada. 

La fragmentación domina el espectro político electoral. Difícilmente de ella puede surgir el liderazgo que las circunstancia actuales del país lo exigen. Tanto en  la derecha como en  la izquierda se habla de la necesidad de grandes acuerdos en torno a una propuesta programática o a la definición de grandes objetivos nacionales. Pero ello parece bastante improbable. Aun prevalecen las demarcaciones ideológicas y los liderazgos personalistas con tintes populistas. 

En un momento como el que está viviendo el Ecuador el valor de las ideologías se relativiza, también la vana esperanza de que aparezca un mesías. El próximo gobierno tendrá márgenes de acción restringidos. La renegociación de la deuda externa y un nuevo acuerdo con el FMI comportan compromisos y obligaciones que regirán por algunos años, si no décadas. Las ofertas de campaña deben, por tanto, guardar concordancia con ese escenario. 

La situación del sector externo de la economía, la baja de las exportaciones tradicionales, el precio del petróleo, el abatimiento del sector productivo, la crisis del turismo, la elevación de las tasas de desempleo y subempleo, la crisis del IESS, del sistema sanitario, la prolongación de la pandemia, las condiciones adversas de la economía mundial, la existencia de redes delincuenciales en el tejido social e institucional, no permiten formular castillos en el aire. 

El próximo gobierno, sea de izquierda, de derecha o de centro, requiere contar con el respaldo suficiente para sobrellevar su baja gobernabilidad.  El debate sobre el tamaño del estado, sobre las medidas de ajuste económico, sobre la reactivación económica, sobre la estabilidad democrática, no puede hacerse en abstracto ni a partir de criterios normativos, de esos que nacen de verdades absolutas. El “ajuste de cinturones” parece inevitable, ¿cómo evitar que el costo político de tal ajuste traiga consigo la crisis de la estabilidad democrática?         

 Las próximas elecciones son una oportunidad para evaluar la gestión del gobierno de Rafael Correa. El voto duro que, al parecer, todavía tiene revela la fuerza que tuvo su discurso y el poco caso que muchos ciudadanos dan a la obra realizada. El que se lo siga  catalogando de izquierda, no solo por parte de sus partidarios declarados, sino por algunos analistas hace pensar que el correismo es una manera de entender la política, como una plataforma impugnadora del orden y la democracia que no pasa de ahí, de la retórica.  Difícil entender las relaciones del gobierno anterior con Odebrecht como propias de la izquierda. Su expulsión y posterior regreso, configuraron una trama contractual para que la constructora  se atuviera a las condiciones del gobierno. Los sobre precios y sobornos que contemplaron las obras asignadas, son una muestra de una ineficiencia flagrante en términos administrativos y de gestión, además de sus implicaciones penales. Seguir endilgándole al gobierno de Correa el calificativo de izquierda, no suena muy congruente. El caso Sobornos 2012-2016, sobre el que ya existe una sentencia definida por la Corte de Justicia, no puede ser ignorada, a menos que la Justicia haya perdido vigencia en el Ecuador. El elenco de colaboradores sentenciados tampoco  provino de la izquierda. 

 La ideología, por tanto, no es garantía de buen gobierno ni de honestidad en el manejo de los recursos y bienes públicos. Lo que hoy se ha podido descubrir de la década anterior, dado el encubrimiento y falta de transparencia imperantes entonces, ha sido gracias a la reimplantación del estado de derecho, a la división y autonomía de las funciones del estado, a la existencia de una Fiscalía no atada al gobierno, a una Contraloría liberada de la tutela e injerencia estatal, a la libertad de expresión y de movilización social.

Esto debe servir para que recapacitemos sobre las ofertas electorales. Hay que valorar la capacidad de los postulantes para cumplir con sus ofrecimientos, con honestidad y responsabilidad.  Separar el acto electoral del ejercicio del gobierno es un profundo error. Los ciudadanos debemos ejercer nuestro derecho de ir a las urnas no para dar al que salga electo una patente de corso,  sino para que se sujete a estrictos protocolos de petición y rendición de cuentas.     

¿Qué tan preparados están los candidatos para ello?   

Las ideologías marcan la dirección de un gobierno, pero no las condiciones en que éste vaya a actuar. Por ejemplo Correa tuvo un precio del petróleo por encima de los cien dólares; gozó de un alto capital político; Moreno no tuvo la mesa servida; el precio del petróleo estuvo a la baja y el endeudamiento dejado por el gobierno anterior desfinanció la caja fiscal. Por eso la dirección trazada por una ideología enfrenta circunstancias favorables o desfavorables que pueden ser bien aprovechadas o desaprovechadas por quien tiene el timón del Estado. Lo que realmente cuenta al final del día, es la capacidad de gestión de uno u otro gobierno. No obstante el boom de las commodities, Correa falló en la ejecución de sus proyectos emblemáticos. Moreno, pese a las condiciones adversas ha podido sortear, mal que bien, muchas dificultades. El golpe de estado fraguado por Correa, con la complicidad de ciertos dirigentes indígenas y populares no tuvo éxito, gracias a lo cual tendremos una sucesión constitucional de mando, el próximo año.  

Hoy, además de los equilibrios regional, de género, étnico, etario, ecológico,  hace falta forjar un equilibrio político. ¿Qué significa esto? 

Acudamos a Maquiavelo: “Los soberanos de los principados de Nápoles, Milán y Florencia, cuidaban de que ninguno de los grupos políticos de Italia se engrandeciera a costa de los otros”. Lo cual suponía una distribución proporcional del poder. Si uno de ellos quería preponderar sobre los demás, éstos debían unirse para contenerlo. Para ello precisamente sirven las alianzas; y éstas no se establecen solamente por afinidades ideológicas. La conciliación de objetivos e intereses explican alianzas tan inverosímiles como la de Stalin y Hitler en agosto de 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial;  o de Churchill con Stalin en 1941. Se trataba de “coaliciones antinaturales:  anglo-americanos y rusos, capitalistas y comunistas”. Hitler no pudo romperlas.     

Hay que hacer de las elecciones del 2021 una oportunidad, como lo fue la Consulta de febrero del 2018, bajo el liderazgo de Julio César Trujillo. La iniciativa de una nueva consulta para decidir la suerte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la culminación de ese proceso.

Hoy hace falta, más que nunca, creatividad, no reincidir en viejas prácticas ni  en visiones caducas. Los partidos y tendencias políticas deben reinventarse. La nueva normalidad lo demanda.