Hace varias semanas el presidente Lasso fue entrevistado por Juan Carlos Calderón, director de este portal. Me llamó la atención el énfasis del gobernante al destacar su anhelo y decisión de modificar el modelo de gestión imperante en el estado ecuatoriano, en todos los campos que le competen. La manifestación de este empeño se tradujo para mí en su deseo de institucionalizar la eficiencia, entendida esta como un correcto y eficaz uso de los recursos públicos en beneficio de las mayorías y no para el aprovechamiento particular de unos cuantos. Y me pareció, sobre todo, como la oportunidad de que el presidente trascienda como un jefe de estado que enfrentó un mal endémico en la historia ecuatoriana.

Esta oportunidad se la presentó hace poco. Y como se pregona, hay que tomar las oportunidades cuando se presentan, pues, a veces, no se despliegan dos veces. La ocasión se mostró con el “Primer informe sobre presuntas irregularidades” que constituye el documento preparado y presentado por el ex secretario de política pública anticorrupción Luis Verdesoto, este 23 de enero. Sus hipótesis puntualizan algunos mecanismos de prácticas sistematizadas de corrupción de los cuales se ha hablado con anterioridad y desde hace décadas. Incluso hay dignatarios y funcionarios condenados por la comisión de delitos como la concusión, el tráfico de influencias, los sobornos, el cohecho, la colusión y el lavado de activos.

La existencia de dispositivos como la franquicia, la compensación, el direccionamiento, la competencia coludida, el grupo corrupto, el lavado de activos y el conflicto inter empresarial y su perfeccionamiento nos indica que la corrupción es lo que se ha institucionalizado en Ecuador. ¿Estamos conformes?

Sobre esas bases el reporte de Verdesoto señala la ineficiencia en CNEL (p. 10); la ausencia de un proceso sistemático de rendición de cuentas en la empresa pública FLOPEC (p. 11) y la vigencia del monopolio y de la discrecionalidad en la misma empresa (p. 12). Señala también como la composición institucional de las empresas públicas refleja la consolidación de procesos de concentración de decisiones desde 2009 (p. 19). Y la prevalencia del intercambio de favores (p. 20). Afirma que “el actual modelo de gobernanza de las empresas públicas carece de los controles, auditorías o rendición de cuentas necesarios para prevenir, mitigar, investigar y sancionar actos de corrupción” (p. 20). Esto favorece “una alta discrecionalidad, arbitrariedad y autonomía a sus directorios y gerentes” (p. 20). Estas falencias, junto con la “opacidad operacional, materializa condiciones habilitantes de corrupción, habiendo podido transformar a las empresas públicas en botín económico” (p. 20). Una derivación de este sistema sería la “necesaria manipulación del mercado a favor de intereses personales”, la conformación de carteles y la “formación de espacios de poder” (p. 20).

Si las hipótesis muestran un paisaje que es obligatorio modificar, para el bien nacional, las conclusiones delinean una propuesta bastante completa para diseñar y ejecutar una política pública contra la corrupción, es decir un programa para enfrentar este flagelo, que erosiona la eficiencia en la gestión gubernamental en los diversos ámbitos, no solo en el de las empresas estatales.

Por ello me sorprendió escuchar a un alto integrante del círculo de confianza del presidente Lasso abominar contra el informe y rotularle de mera especulación. El indicado funcionario seguramente no conoce que las conjeturas son conocimientos sustentado en indicios, insuficientemente probados, y que exigen más investigación.

Hace unos días escuché también en el espacio radial de Plan V al legislador Fernando Villavicencio. Describió con detalle algunas de las ocasiones en las cuales expuso al presidente Lasso pruebas de que ciertas decisiones implicaban errores en perjuicio del estado y cómo el mandatario las modificó y evitó pérdidas incalculables para el país. Tal entrevista lo deja en claro: el presidente Lasso es solo un individuo, con poder político, pero no omnipotente. Requiere del apoyo de equipos de gobierno, de colaboradores capacitados, competentes, probos y honestos. ¿Y de dónde salen estos grupos? 

Supongo que de recomendaciones de allegados de su confianza y de percepciones del propio jefe de estado. ¿Cómo lograr que se integren a esos círculos personajes de probada ética, integridad e idoneidad? Porque no es solo sustituir las cabezas si les van a suceder otras iguales o hasta peores. Es todo el entramado institucional el que coadyuva a la corrupción, a la opacidad, al autoritarismo, a la centralización y a la falta de controles, como detalla Patricio Moncayo en su columna “Anticipar es asesorar”. Ahí es cuando se advierte la necesidad de cambiar el modelo de gestión establecido. De no hacerlo, no habrá personal experto e íntegro que se anime a colaborar en la gestión de gobierno.

Estas son algunas de las preocupaciones que le cercan al presidente Lasso y le exigen decisiones. ¿Difíciles?  Por supuesto.  Es que gobernar no es fácil, sencillo ni simple.