Como si se tratara de un acto de magia la violencia criminal ha cesado. Al menos, en los titulares de los diarios y en los informes de la Policía. Todo ha vuelto a la “normalidad”, dirían ellos. Los policías doblegan a los delincuentes. Los buenos derrotan a los malos. La bota militar convertida en símbolo de paz. La pistola policial, en emblema de civilidad.

 

¿Realmente vivimos el cierre de un ciclo violento espeluznante o tan solo ha bajado la marea por un momento para volver con fuerza más adelante? Pronto lo sabremos. Mientras tanto examinemos los escenarios que habrían posibilitado una súbita interrupción de la espiral de violencia, con el fin de precisar consecuencias y responsabilidades.

 

Si se considera que el crimen organizado actúa como un Estado paralelo, caben dos opciones: combatirlo o pactar una convivencia pacífica. Esta es la idea que cabalga atolondrada en las mentes del Gobierno de Guillermo Lasso y que permite imaginar dos escenarios.

 

En el primer caso, la “pacificación” sería la consecuencia de la reorganización de la Penitenciaría iniciada el 1 de noviembre. Intervención que habría provocado un debilitamiento estratégico de los grupos criminales, a tal punto, que la mayoría de las pandillas carcelarias grabaron mensajes audiovisuales llamando a la paz y reconociendo su sometimiento al Estado.

 

El colofón de esta “espléndida estrategia” sería la exitosa operación policial para neutralizar a un grupo criminal que intentó tomarse el hospital de Chone, el 27 de noviembre pasado.

 

Pero esta secuencia cinematográfica tiene un problema. Si la reorganización de la Penitenciaría era condición suficiente para neutralizar y doblegar al crimen organizado, por qué no se lo hizo antes. No hacerlo antes, teniendo la posibilidad, conlleva una grave responsabilidad penal y política sobre el mando policial, militar y el Gobierno nacional, frente a las masacres carcelarias.

 

¿Estarán conscientes de esto los generales que gobiernan junto al presidente Lasso, o la reorganización de la Penitenciaría no fue más que un show mediático? ¿No se suponía que esas temibles mega-bandas de docenas de miles de integrantes estaban superando en fuerza a la Policía?

 

¿Acaso no fue ese el principal pretexto para invertir 1200 millones de dólares en la Policía e incrementar 30.000 nuevos efectivos en el corto plazo? ¿O se sobredimensionó la amenaza para reforzar la militarización de la policía y de la sociedad?

 

Analicemos el segundo escenario, el de pactar una convivencia pacífica. Para el efecto consideremos las premisas que varias veces ha esgrimido el presidente Lasso. Primero, que entre el crimen organizado y el correísmo hay un cordón umbilical inmutable. Segundo, que la violencia criminal es una estrategia conspirativa del correísmo.

 

 

Siguiendo esta lógica, la “pacificación” de las cárceles y las calles como preludio de la excarcelación de Jorge Glas sería el resultado de un pacto mafioso entre el Gobierno y el correísmo. Es inobjetable que sin el consentimiento del Consejo de la Judicatura y el SNAI, controlados por el Gobierno de Lasso, Glas no habría recuperado su libertad jamás.

 

¿Será que está en marcha un nuevo reparto del país? ¿Cuánto influyó la prometida reapertura del catastro minero en estos acuerdos de trastienda? ¿Qué peso tiene en estas decisiones la próxima renegociación de la telefonía celular con las dos multinacionales a las que entregó Correa el control de tan suculento negocio? ¿Cuál es la influencia de Jorge Glas en el sector de las telecomunicaciones? ¿O simplemente esta idea paranoica del nexo correísmo-crimen organizado no tiene asidero?

 

Los escenarios son distintos si la concepción sobre el crimen organizado cambia. En vez de imaginarlo como un Estado paralelo hay que pensarlo como la zona gris de criminalidad que se forma en las intersecciones del accionar estatal y criminal. Ahí, donde los agentes judiciales, policiales o militares brindan protección a las redes criminales.

 

Ahí, donde el sistema financiero y la economía formal lavan dinero sucio sin control ni supervisión efectiva. Ahí, donde empresarios, políticos y generales se codean con narcos, contrabandistas y mercenarios para decidir los destinos del país, burlando la democracia. Pero el Gobierno no está haciendo nada al respecto.

 

Por eso, lo más probable es que estemos asistiendo a una pausa y no a un final. A un reacomodo de fichas para la nueva fase en la “guerra contra las drogas” que está por empezar.