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1 de Octubre del 2020
Ideas
Lectura: 5 minutos
1 de Octubre del 2020
Carlos Rivera

Economista, catedrático de la Universidad de Cuenca. 

La peligrosa brecha entre la política y la economía
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Una buena propuesta económica sin viabilidad política, lamentablemente se quedará en medio camino, mientras lo político sin racionalidad económica, siempre nos conducirá a mal puerto.

No recuerdo otro proyecto en Ecuador que recibiera tanto apoyo político como la consulta popular para Cuenca sobre la defensa de las fuentes hídricas. Esta noticia se recibió con un enorme entusiasmo opositor y oficialista, no solamente en el Consejo Cantonal sino en toda instancia del ámbito político de la ciudad y del país, mientras que los economistas que habitualmente estamos en las antípodas, coincidimos en cierta incomodidad frente a esta idea, abriendo una nueva brecha entre la política y la economía. Por un lado los políticos, aún los más virtuosos, que enfrentan el incentivo de legislar lo popular, aunque no sea necesariamente lo correcto. Por el otro lado, los economistas que apuntamos a lo correcto, aunque tome tiempo para revelar su impacto y no sea siempre lo más popular, reconociendo además que no siempre existen respuestas únicas o ciertas, lo que obviamente no impide diferenciar a priori entre mejores y peores políticas públicas.

Sin lugar a duda, lo que esta in es defender el agua y estar out es favorecer la minería. Casi puedo dar por descontado el resultado de la consulta popular en Cuenca. Sin embargo, tomar una decisión sobre la minería solamente observando el lado ambiental y el capital electoral, es un grave error de política pública. Falta analizar los resultados de la evaluación económica y social que complementan el enfoque integral de cualquier proyecto, los mismos que tienen beneficios y costos y que deben ser contrastados para tomar una decisión. Ello implica pensar en los impactos en términos de empleo e ingresos, bajo las debidas consideraciones de una muy buena utilización de esos recursos. Junto, desde luego, a la cuantificación rigurosa de los riesgos ambientales, así como el verdadero alcance de los planes de mitigación.

Una buena propuesta económica sin viabilidad política, lamentablemente se quedará en medio camino, mientras lo político sin racionalidad económica, siempre nos conducirá a mal puerto

Esta nueva disyuntiva entre la política y la economía nos invita a reflexionar sobre los roles complementarios que cumplen éstas en una democracia moderna, pues si una falla, todo falla. Una buena propuesta económica sin viabilidad política, lamentablemente se quedará en medio camino, mientras lo político sin racionalidad económica, siempre nos conducirá a mal puerto. Los políticos son los que deben decidir hacia dónde queremos ir, pero la economía es la que determina los caminos posibles para lograrlo. Así, en el diseño de la política pública se debe identificar lo que sería factible, estimando los probables beneficios y costos de cada idea, política o proyecto. Y con esa información, la política debe elegir la alternativa preferida, porque al final del día, ciertamente son los políticos, no los técnicos, los responsables de gobernar.

En este contexto, la propuesta de consulta popular sobre la minería en Cuenca en lo político me suena a un lavarse las manos de la autoridad al mejor estilo de Poncio Pilatos, mientras que en lo económico, me abruma una vez más la falta de criterio para definir la política pública. Porque si bien se puede decir que el agua es el oro del futuro, no es menos cierto que un país pobre no se puede dar el lujo de andar mendigando sentado en un banco de oro. Además que, con las nuevas tecnologías, estos objetivos no necesariamente son mutuamente excluyentes. Lo que para todo efecto práctico significa que los cuencanos deberíamos pronunciarnos sobre los proyectos mineros con base en el contraste de todos los beneficios y costos implícitos en la implementación de estos proyectos.

De allí que las preguntas de la consulta popular no pueden ser sesgadas por ideas preconcebidas, sino que deben ser desarrolladas cuidadosamente sobre la base de los números que arroje una rigurosa evaluación económica, social y ambiental, por separado, de cada una de las propuestas de proyectos mineros en la ciudad de Cuenca. Si esta información no está disponible al momento de ejercer nuestro voto e incorporadas en las preguntas, la consulta popular se parecerá bastante a la aciaga historia del tranvía cuencano, como un tributo más a la impericia de las autoridades locales.

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