José María Velasco Ibarra depuró tantos gabinetes ministeriales cuantos conformó. Despedía funcionarios públicos desleales con la misma facilidad con la que los sustituía por otros igualmente inconsecuentes y potencialmente depurables.
Esta es una condición intrínseca a los regímenes populistas: sus administraciones están compuestas por una masa informe y voluble de cuadros y militantes que se amoldan a su conveniencia. Y que guardan lealtades mafiosas.

Solo así se explica la eventual complicidad de varios funcionarios con la fuga de Fernando Alvarado. Si lo apoyaron, es imposible creer que lo hicieron por afinidad ideológica. Peor aún por solidaridad revolucionaria. Alvarado no representó más que el oportunismo y la viveza criolla instalados en el manejo burocrático del poder. Y todos, al interior de Alianza PAIS, sabían que su único compromiso con el “proyecto” era enriquecerse a costa del erario nacional.

Pero en la fuga de Alvarado hay componentes más complejos y retorcidos. Su caso se parece al de aquel ministro del rey que construyó una cárcel con pasadizos secretos por si acaso algún día terminara adentro. Diez años de autoritarismo opaco y corrupto fueron suficientes para estructurar mecanismos dentro del Estado que pudieran ser manejados desde afuera, al margen de cualquier gobierno de turno. Y que pudieran ser activados en caso de necesidad.

Es difícil saber cuántos de estos engranajes dejó instalados el correato en la actual administración pública. A juzgar por las últimas declaraciones del presidente Moreno y de su Secretario de Comunicación, son muchos. Son tantos que se requiere de una urgente depuración para evitar mayores penalidades.

Si no fuera por la obviedad, la manipulación del grillete electrónico de Fernando Alvarado sería digna de una película policial. Pero si quienes lo manipularon son los mismos que lo compraron y que montaron el sistema de monitoreo, no se necesita de talento detectivesco para desenredar la trama.

El problema, por eso, no se reduce a la fuga de Alvarado, sino al entramado mafioso que podría seguir operando en infinidad de instancias estatales. No solo en el gabinete. Así como se dice que el diablo está en los detalles, el boicot administrativo está en los pequeños funcionarios.

El problema –aún mayor– es que Moreno aceptó gobernar con ese contingente de funcionarios resbalosos. Todos ellos se sienten parte de la continuidad del “proyecto” y, en buena medida, dueños y beneficiarios de sus cargos. A fin de cuentas, trabajaron ardua e incansablemente por apuntalar al anterior gobierno. Sobre todo, por apuntalar los vicios, abusos, corruptelas y atropellos de los cuales medran hasta ahora.

El problema, en síntesis, es que todos son parte del mismo proceso de Moreno. ¿Cómo hará el presidente para discernir entre leales y traidores, entre militantes e infiltrados, entre incondicionales y conspiradores? Las depuraciones políticas son tan delicadas como peligrosas, y esta, por la propia debilidad del gobierno, es inclusive más riesgosa.