En días pasados se lanzó a la luz pública varias noticias que daban cuenta de la separación de cuatro Generales de la Policía Nacional, por no haber logrado superar la calificación de la llamada "Comisión de ascensos". Esta figura aparece como consecuencia de la creación del funesto Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orde Público, COESCOP, y su Reglamento, para poder consagrar la discrecionalidad con la que se efectúa este crucial proceso para la seguridad del país.

Los titulares decían Presidente saca a cuatro generales de la cúpula de la Policía  y ello estaba atribuido a un supuesto proceso de selección basado en la calificación del desempeño profesional, pruebas de confianza entre las que se encuentra el polémico polígrafo, pruebas toxicológicas, psicológicas y un análisis financiero y económico del oficial analizado.

Estas pruebas que son de carácter cualitativo, pues únicamente se determina si el evaluado cumple o no cumple, considerando para ello un porcentaje igual o superior al 70% de la sumatoria de las evaluaciones ejecutadas.

Ahora bien, tampoco se puede desconocer que el mismo Reglamento de carrera profesional para las y los servidores policiales  (Acuerdo No. 0556), en su Art. 477 dice: "...sus resultados son orientativos y referenciales para la administración del talento humano policial.", por lo tanto, su carácter no determinante debería inferir que la evaluación realizada acoja el desempeño anual que es evaluado por los superiores directos del oficial que se encuentra desplegado en territorio. Sin embargo, ello no ocurre, ya que la evaluación de la famosa Comisión de ascenso se basa en el criterio de sus miembros. Los evaluados no conocen las motivaciones para la nota que se les impone y no pueden contradecir esta valoración de manera determinante, pues los parámetros o consideraciones para las mismas no constan en la matriz sino únicamente la valoración final.

Estos procesos recogen absurdos que implican, inclusive, la descalificación por pruebas médicas de un oficial que, en cumplimiento de su trabajo en primera línea, se contagió dos veces del virus mortal del Covid-19. La primera de ellas en la fase inicial y más temida de la pandemia en la ciudad de Guayaquil, en medio del proceso de reconocer los cadáveres NN que se acumulaban en contenedores, y la segunda poco después de las primeras inoculaciones de la vacuna que nos abre una esperanza de "volver a normalidad". Pero bajo estas premisas se evaluó a los oficiales para que logren su desempeño físico óptimo, sin consideraciones de carácter lógico y sobre todo humano, por las secuelas de haber trabajado cuando todos sentíamos temor de caer enfermos de la letal enfermedad.

Este enredado procedimiento pareciera ser la mejor alternativa para buscar transparencia y la calidad de los oficiales, para que alcancen grados tan relevantes y de dirección como Coroneles o Generales de Policía. Sin embargo la realidad nos dice otra cosa. Este sistema fue creado por el "revolucionario" gobierno de Rafael Correa que, gracias al trabajo tesonero de sus ministros e iluminados oficiales que estuvieron junto a ellos, en el proceso de transformación policial post 30S, decidieron crear una Policía que ya no se constituya en una Institución del Estado —garante de derechos y como un medio de aseguramiento de la vida y bienes de los ciudadanos, así como un referente técnico de investigación criminal— sino en una Policía sumisa, sin personería jurídica, sin capacidad para decidir al menos sobre lo que necesitaba en su logística cotidiana; dependiente totalmente de las decisiones ministeriales, no solo en lo administrativo sino inclusive y, principalmente, en lo operativo.

Se decidía por medio de video conferencia cuál delito atacar o cuál dejar de hacerlo. Se decidía dar prioridades institucionales, llamar la atención públicamente a cualquier miembro policial que no se alineara o pensara distinto a las verdades institucionales. Jóvenes funcionarios ministeriales que habían culminado meses atrás sus estudios universitarios cuestionaban y "ponían en su sitio" a coroneles u oficiales de alto rango, ya que estos "no entendían" las órdenes emanadas del sillón ministerial y su aureola iluminada.

En medio de este escenario, se tornaban necesarios Generales no deliberantes y sumisos, que supieran comprender que el sillón ministerial lo sabía y entendía todo; que su posición ya no era la de planificar, organizar y estructurar las acciones del personal bajo su mando, sino la de cumplir las disposiciones y estructuras que la revolución imponía. Esta tónica no cambió mucho en el gobierno de Lenín Moreno, donde la búsqueda de perfiles iluminados llevó al mando Institucional a quienes antaño fueron cuestionados, pero que ahora podían expresar con solvencia meridiana clases de ética policial tan venida a menos. Aquellos que se olvidaron de sus tiempos al frente del rancho policial para hoy cuestionar los pensamientos desalienados con el titular de la cartera de Estado más importante políticamente.

Hoy la Policía nuevamente entra en una etapa de decisión de quienes ocuparán los puestos vacantes para el ejercicio del rango de Generales de la Policía Nacional, cuya duración actual total es de 10 años. Es una responsabilidad de trascendental importancia, pues el ascendido ejercerá ese cargo al frente de la institución por una década, si entendió lo que significa estar "alineado" con las políticas públicas de seguridad. Este ungido, que nace de las descalificaciones de sus compañeros, podrá usar sus laureles mientras entienda qué significa la subordinación, no solo institucional sino personal.

El proceso de calificación se vuelve una suerte de concurso de popularidad y auspicios del más alto nivel, pues la productividad operativa, el riesgo personal, las acciones de desmantelar organizaciones delictivas, comandar en territorio al complejo sistema de personal policial y sus limitantes logísticas, ya no resultan suficientes.

Excelentes oficiales que han ostentado las primeras antigüedades a lo largo de 30 años de carrera pueden y serán dejados de lado en base a un concepto subjetivo, infundado, y que generalmente se contrapone con reconocimientos, condecoraciones nacionales e internacionales, felicitaciones públicas y el mismo reconocimiento del esfuerzo desplegado que hace la comunidad.

Oficiales que han estado día a día demostrando su valía quedarán relegados por aquellos cuyo principal mérito nace de la cercanía al Comandante saliente, al Ministro que ejerció su cargo fugazmente o simplemente por haberse mantenido firmes cuando acusaban a sus compañeros de rebeldes en ese fatídico 30 de septiembre del 2010, al ser parte de quienes los investigaban o acusaban.

Estos llegarán a usar laureles en sus hombros sin el honor de haberlos ganado en el trabajo cotidiano, escudados en un mando pasado y desde la comodidad de los escritorios que aquellos iluminados supieron cuidar. En una franca analogía a la designación de funcionarios que se encuentran en el  cumplimiento de misiones diplomáticas o de representación en el exterior, pues habrá que ver y se lo deberá hacer, para entender qué motivó al mando institucional para posicionar a los ayudantes, edecanes, y demás coordinadores en estas posiciones internacionales, más allá de cualquier otra meritocracia de trabajo diario.

En algún momento se deberá cambiar la mentalidad de aquellos que hacen su trabajo con riesgo de su propia vida todos los días en las calles del país. De este Ecuador cada día más herido por la delincuencia violenta, por esa delincuencia importada y desarrollada bajo el ala del narcoterrorismo internacional. Algún momento esos "hijos de don Lucho" podrán ser también valorados en el sagrado concepto de excelencia policial que lo realiza una Comisión reglamentaria, cuyos miembros no conocieron la misma realidad del trabajo en terrirorio como quienes por ellos fueron evaluados.

Mientras esto sucede, buenos servidores policiales enfrentan a la justicia por cumplir su trabajo, servidores que sienten el abandono del mando en apoyarlos, que luchan solos por mantener su libertad y sobrellevar lo que el cumplimiento de su deber ha traído a su familia. No podemos y no olvideremos el sacrificio de los Cabos Velasteguí en Imbabura y Olmedo en Riobamba.

En algún momento, el Estado deberá revisar todo lo actuado por la Comisión de Ascensos y la Comisión de Pases que han generado una constante de abusos en los servidores policiales. En algún momento los jueces codenarán, como ya lo están haciendo, estos abusos de poder y actos discresionales de la administración pública. En algún momento tendrá valor y deberá ser valorado el esfuerzo y resultados más allá de la proximidad o compromisos de quien los evalúa, y en ese momento tendrá sentido la Ley Orgánica de Repetición, que hoy impulsa el Procurador General del Estado, justamente para repetir contra quien actúa en la forma descrita.

Ineludiblemente todas estas acciones que hoy motivan una revisión, mañana serán materia de condena pecuniaria en contra del Estado, lo que pasará la factura que corresponde a quienes en su momento no supieron aplicar el concepto ético que hoy valoran.