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21 de Agosto del 2019
Ideas
Lectura: 5 minutos
21 de Agosto del 2019
Hugo Cahueñas Muñoz

Abogado, catedrático de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito. 

La Policía requiere seguridad jurídica, no solo discursos de la ministra Romo
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Son cientos los procesos en donde los policías son investigados, tanto en Asuntos Internos de la Policía como en el sistema judicial; sin embargo, los policías deben costear con sus recursos personales el patrocinio legal en referidos procesos.

La Policía Nacional tiene como mandato constitucional proteger “los derechos, libertades y garantías” de todos los ciudadanos, sin discriminación. Esto no significa que no pueda usar la fuerza en ciertos contextos. Al contrario, los miembros de la Policía Nacional están autorizados y obligados a usar la fuerza para proteger a los ciudadanos. Sin embargo, el uso de la fuerza tiene límites fijados por el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que estas normas son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los policías.

Para cumplir con esta misión, los miembros de la Policía Nacional también necesitan que se protejan sus derechos, por supuesto. Los policías necesitan seguridad jurídica para sus actuaciones, por lo que se requiere un marco legal claro sobre el uso progresivo de la fuerza. Estas normas deben estar establecidas en una ley porque regulan el ejercicio de los derechos y el funcionamiento de la Policía Nacional. En consecuencia, el uso de la fuerza no se debe normar en un acuerdo ministerial como ocurre al momento. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, debería promover ese proyecto de ley, el cual debe establecer parámetros claros para la actuación policial, pero además debe establecer medios de asistencia jurídica para los policías. Por ejemplo, se requiere un marco legal y políticas públicas que garanticen la defensa de los policías en los procesos relacionados con el ejercicio sus funciones. Actualmente, son cientos los procesos en donde los policías son investigados, tanto en Asuntos Internos de la Policía como en el sistema judicial; sin embargo, los policías deben costear con sus recursos personales el patrocinio legal en referidos procesos.

Son cientos los procesos en donde los policías son investigados, tanto en Asuntos Internos de la Policía como en el sistema judicial; sin embargo, los policías deben costear con sus recursos personales el patrocinio legal en referidos procesos.

Por otro lado, es oportuno reflexionar sobre algunos diálogos que se escuchan en el video de un policía pateando a un detenido que se vio en redes sociales. El policía le dice “me conoces, me conoces bien…” “sabes quien soy y me vienes a robar…”. Además, la ministra dijo “la persona que está siendo detenida le dice (al policía) cuando salga te mato”. Cuando la ministra justifica la actuación del policía nos queda la pregunta, ¿con qué medios institucionales cuentan los policías frente a tales amenazas de una persona que conoce quién es y dónde vive el miembro de la Policía Nacional? Evidentemente, la respuesta no debería ser las patadas. El Ministerio de Gobierno debe adoptar políticas públicas permanentes para garantizar la seguridad del policía y su familia. El policía debe sentirse respaldado para no necesitar recurrir a las patadas como medio de protección.

Por lo que son inoportunas las declaraciones de la ministra de Gobierno. Por un lado, la ministra dice “el policía no siguió el procedimiento regular”, “se le van a recordar los procedimientos” pero “no va a ser sancionado ni separado de la institución porque hizo su trabajo”. Por otro lado, la ministra dice que este fue un “caso impecable”, y ella no es una jueza. Debería ser la Justicia, mediante una investigación que respete el derecho al debido proceso, la que analice si existió o no un uso excesivo de la fuerza. También son inoportunas las condecoraciones que realizó la Gobernación de esa provincia al miembro de la Policía. Estos discursos envían un mensaje distorsionado a la Policía Nacional, les resta seguridad jurídica a sus miembros, pone en riesgo los procesos institucionales en derechos humanos que se han desarrollado por más de 15 años y, más grave aún, pone en riesgo los derechos, las libertades y garantías de los ciudadanos.

Se deben adoptar leyes que garanticen la actuación de los policías para que ellos, a su vez, puedan cumplir con su mandato de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Los graves problemas de inseguridad que vive el país requieren políticas públicas que tengan como base la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, para lo cual también es indispensable un marco legal que garantice las funciones de los policías.

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