Siempre superamos las expectativas.
La reacción de muchos políticos, intelectuales y activistas sociales a las medidas económicas tomadas por el Gobierno revela los graves defectos que tiene nuestra cultura política. Entre otros, 1) la negación del principio de legalidad, 2) la renuencia a abandonar, a través de una confrontación sincera con la realidad, las creencias y prejuicios con que ellos y otros ciudadanos se relacionan con la política, 3) el divisionismo, que trae aparejadas la idealización de los excluidos y la apología del resentimiento, y 4) la estigmatización de la fuerza pública.

De Cynthia Viteri es la frase que mejor resume la negación del principio de legalidad, actitud que comparte con muchos ciudadanos y políticos del país. Ella afirmó, cuando la ley lo prohibía, que “con ley o sin ley” exhibiría los rostros de quienes hubieran cometido abusos sexuales en los buses urbanos y de la Metrovía de Guayaquil, y se negó a ejercer las competencias que, en relación con la fijación de las tarifas del transporte urbano, la ley asigna a las municipalidades.

Negación del principio de legalidad -sumada a antirrepublicanismo- hay, también, en la declaración de estado de excepción por parte de la CONAIE. En la que se llega a hablar, incluso, de territorios que, supuestamente, estarían bajo su jurisdicción. Se trata, claro está, de un despropósito jurídico, que rechaza los principios fundamentales del ejercicio del poder y la autoridad pública en un Estado moderno.

Medidas como esta son celebradas por políticos y activistas de izquierda. Quienes, en el fondo, no creen en la democracia ni en sus instituciones. Y están dispuestos a apoyar cualquier intento por desestabilizarla y, en último término, cualquier proyecto autoritario que se declare seguidor de dicha tendencia. Son incapaces, sin embargo, de proponer medidas claras y precisas para enfrentar los problemas actuales. Medidas que no sean la simple repetición de consignas y acusaciones contra la burguesía y los organismos financieros internacionales.

Tampoco creen en la democracia Nebot y Cynthia Viteri. De hecho, la manera de actuar de esta última, su decisión de actuar sin una ley que la autorice a hacerlo o a no hacer lo que le manda la ley, se define, de modo sintético, como autoritarismo. Y ya hemos tenido bastante de esto.

La política, para estos políticos (derecha e izquierda incluidas), es un intento por adecuar la realidad a sus prejuicios. Ahí están, por ejemplo, Lasso y Viteri y Correa con su oposición a la legalización del aborto por violación. Y ahí están la CONAIE y el FUT y la FEUE, y los mismos socialcristianos y correístas, sin proponer nada medianamente realizable para superar la crisis económica que vive el país. Todos estos políticos carecen de la honestidad intelectual y el sentido de responsabilidad necesarios para confrontar sus certezas ideológicas y sus recetas mágicas con la realidad. De eso viven. Con eso justifican su forma de vida. Con eso y la oferta de paraísos en la tierra. Solo que los problemas sociales, por lo general, no admiten soluciones fáciles y sin consecuencias negativas para alguien.

Dividir a la población en buenos y malos, identificar un excluido, idealizarlo y convertirlo en objeto de su discurso, es otra de las costumbres de quienes se dedican a la política en Ecuador. Y el divisionismo suele –sobre todo en los grupos de izquierda- alimentarse con una dosis de resentimiento. Por ello, justifican el asalto de un grupo de más de cien indígenas –no infiltrados- a la empresa PARMALAT y a las florícolas de la provincia de Cotopaxi. Por ello, no les parece reprochable que los indígenas movilizados maltraten a los empleados de esta empresa y les impidan, con violencia y soberbia, trabajar.

Para ellos, las personas que robaron, maltrataron y dañaron la propiedad privada –palabra maléfica para la izquierda- se encuentran más allá del bien y el mal y, en consecuencia, no están sujetas a la ley. Al excluirlas del imperio de la ley, están afirmando que la democracia no es una asociación entre iguales, entre ciudadanos -indios, negros, hombres, mujeres, heterosexuales y homosexuales -, y que los indígenas, si son ciudadanos, lo son de una clase distinta a la del resto de ecuatorianos.
Para ellos, los indígenas tienen el derecho a ejercer la violencia por mano propia. Y si están movilizados, les está permitido robar y quemar vehículos y destacamentos policiales a discreción, porque se trata de la “santa ira del pueblo”.

De la apología del resentimiento se benefician, en términos políticos y psicológicos, muchos políticos e intelectuales. Pero también lo hacen quienes, basados en algún criterio de identidad, se sienten liberados del respeto a la ley. El fomento del divisionismo se ha traducido, en los actuales momentos, en una verdadera invasión de la ciudad por el campo. Los indígenas, con el apoyo de ciertas organizaciones sociales y políticas, y también del correísmo, pretenden convertirse, como en los años noventa, en los únicos interlocutores del Estado. Y dejan de lado las aspiraciones e intereses de los pobladores de las urbes.

No hay ahora, como ocurrió en la mencionada década, una razón y objetivos compartidos con el resto del pueblo. La diferencia de intereses y la irrupción violenta de los indígenas en la vida urbana ha generado el rechazo de la mayoría de gente que vive en la ciudad. Y, lo que es más grave, intentos de movilización social para enfrentar a los indígenas que han ocupado parte de Quito. Se habla de la necesidad de que el Gobierno dialogue con los dirigentes del paro. Se sugiere, incluso, que acepte sus demandas. ¿Y los intereses y demandas del resto de la población? ¿Se harán ellos responsables de los ingresos que los vendedores informales dejan de recibir, sabiendo que el día que no trabajan no comen?

Una vez desatado el caos. Todo el mundo exige el restablecimiento de la paz. Pero los autores del caos y quienes los apoyan exigen que la fuerza pública no haga lo que debe hacer para controlar la violencia y la anarquía. Y si la fuerza pública no actúa como debe, es posible, como ya empieza a suceder, que el resto de la población se movilice y reaccione contra los que violentan su espacio y sus costumbres.

Si no entendemos que el uso de la violencia legítima solo le corresponde al Estado y que sin una fuerza pública institucionalizada que la ejerza de modo exclusivo y regulado, los más fuertes y agresivos impondrían su voluntad, terminaremos por aceptar que la violencia privada es un requisito para plantear y resolver los problemas sociales. Los saqueos en Guayaquil, los robos en Cotopaxi, el saqueo de las oficias de la Contraloría son una muestra de lo que pasa cuando sectores privados (delincuentes o activistas) ejercen la violencia –ilegítima- por su cuenta.

Intelectuales irresponsables lo saben. Políticos irresponsables lo saben. Líderes indígenas y sindicalistas irresponsables lo saben. Estudiantes irresponsables lo saben. Y, sabiéndolo, echan leña al fuego. Y difunden la idea, ya añeja, de que la fuerza pública es enemiga del pueblo y se enfrentan a ella como si de un enemigo se tratara.

¿Solo el diálogo permitirá superar la crisis política que vivimos? El diálogo, sin que la espada de Damocles penda sobre el cuello del gobierno y la mayor parte de la ciudadanía. El diálogo, y el control efectivo, por parte de la fuerza pública, de quienes quieren imponer al país sus ideas e intereses a través de la violencia.