La democracia no consiste solamente en las elecciones. Desde luego que sin elecciones no hay democracia. Pero tampoco son suficientes las elecciones para que haya democracia. Más importante que el origen del poder, son las acciones que un gobierno elegido democráticamente practica en el ejercicio de su mandato.

En la toma de decisiones se aprecian las diferencias entre democracia y autoritarismo. Lo ocurrido en el Ecuador en los últimos días muestra el valor de la existencia de distintas funciones del Estado. El gobierno envió dos proyectos de ley a la Asamblea y en ella se procedió a examinarlas y discutirlas. Fue difícil llegar a acuerdos, pero finalmente se las aprobó.

Igualmente la función judicial-Fiscalía y Contraloría- indagan sobre presuntos delitos cometidos en la adquisición de insumos médicos y alimentos con sobreprecios. No ha habido de parte del gobierno ninguna interferencia para que estos actos se ventilen en los organismos correspondientes.

Tras la aprobación de las leyes de apoyo humanitario y reestructuración de las finanzas públicas, el gobierno optó por un ajuste del gasto público y un marco normativo para el uso de los exiguos recursos fiscales.  

La situación que está enfrentando el país-una caja fiscal en bancarrota, la paralización productiva y del comercio, un sistema de salud rebasado por la expansión del Covid-19-es una calamidad nacional que afecta no solo al gobierno, sino al Estado y a la sociedad en todos los planos. Una calamidad que no tiene precedentes.

Lo que se patentiza en la actual coyuntura es la gravitación de un conjunto de problemas que deben ser debidamente evaluados y contextualizados.

El gobierno de Lenin Moreno pudo dar un giro importante a la gestión de la “revolución ciudadana”. En el gobierno anterior el manejo de los recursos del Estado rebasó todo límite, no quedaron reservas ni ahorros, y la nómina de la burocracia creció desproporcionadamente. En el plano político, se dio una concentración de las funciones del Estado que impidió la acción fiscalizadora de los organismos de control- Asamblea Nacional y Función Judicial. El caso Sobornos 2012-2016, es producto de esa falta de control y transparencia. También la sociedad sufrió una desgastante polarización que se tradujo en una falta de libertad de expresión, lo cual agravó el ocultamiento de los actos de corrupción cometidos en las altas esferas del poder.

En estos tres años de gobierno de Moreno, se recuperó la independencia de las funciones del Estado, la Consulta popular de febrero de 2018 dio paso a una reconquista de la institucionalidad, bajo el liderazgo de Julio César Trujillo. Se restableció la libertad de expresión, lo que ha permitido que las denuncias de valientes periodistas y de la Comisión Anticorrupción tengan eco en los organismos de control. Ha habido avances en la construcción de una suerte de pacto social entre las fuerzas democráticas, que se expresa en una despolarización de la contienda política.

La emergencia sanitaria ha puesto al desnudo carencias que vienen de tiempo atrás. Un sistema de salud debilitado por décadas, inexistencia de planificación y coordinación de las entidades del sector público, prácticas culturales que agravan los riesgos de contagio, la persistencia de prácticas políticas electoralistas, pero también el choque de la ideología con la realidad, que se expresa en estrategias confrontacionales como las de octubre del 2019.

Tras las decisiones tomadas por el gobierno se abre un escenario conflictivo. La pérdida de empleo de 150.000 trabajadores, la situación de las empresas privadas, la reacción tanto de empresarios como trabajadores, el recorte de la nómina de empleados del Estado, el tránsito del confinamiento a una progresiva reapertura de la economía, la proximidad de una campaña electoral, configuran tal escenario.

Es necesario que esas diferencias se canalicen con apego a una racionalidad mínima. Las empresas que están en mejor situación deben aportar en la ayuda humanitaria y en la salvaguarda de los empleos. Los trabajadores y organizaciones sindicales deben dar una muestra de comprensión de la grave situación que enfrenta el país. Las universidades y los Gad´s, igualmente. Es un momento en que todos quienes somos parte del Ecuador debemos arrimar el hombro para evitar un desastre mayor.
Se aprecia en el gobierno el empeño de manejar el timón del estado equilibradamente. Tomando en cuenta factores económicos y políticos. Un ajuste que convoca a todos a aportar desde los distintos espacios en los que nos movemos. Las tentativas de desestabilizar al gobierno, con descabelladas muertes cruzadas o con el reemplazo del presidente por el vicepresidente, revelan un desconocimiento de la experiencia histórica del Ecuador. Las caídas de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez no sacaron al país de la crisis. Cambiar un presidente por otro es no entender la complejidad de la crisis que estamos viviendo no solo en el Ecuador, sino en el mundo.

Con baja gobernabilidad, el gobierno ha podido tomar decisiones que aunque no satisfagan a todos parecería que van en la dirección correcta. La dirección correcta supone armonizar la política con la técnica. Se le puede criticar al gobierno de Moreno por no haber tomado estas medidas cuatro meses atrás. Pero la experiencia de octubre mostró que medidas técnicamente convenientes, como la eliminación de los subsidios, no contaron con viabilidad política.

Es evidente que lo que está en debate no es el modelo económico ni el tipo de Estado. El ajuste no es una victoria del neoliberalismo sino el reconocimiento de una realidad. Así como se establece la banda en el precio de los combustibles, dependiendo de cómo evolucione la realidad, es posible situar, más arriba o más bajo, la acción e injerencia del estado. Nada es estático ni en el mercado ni en la política. La buena estrategia consiste justamente en apreciar y evaluar acertadamente el momento para optar por tal o cual posición. Lo contrario supone aferrarse a moldes de comportamiento que a la postre resultan equivocados y perjudiciales.

Hay un campo en el que es necesario actuar creativamente, y no desde posiciones preestablecidas. El campo laboral en el que empresarios y trabajadores deben llegar a acuerdos bajo un principio de equidad. Esto supone capacidad de negociación de lado y lado. Ni el predominio del capital, ni la imposición del trabajo. La pandemia no admite los extremos.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos y a la eliminación de empresas públicas, se impone una evaluación técnica de manera de no perjudicar a los empleados eficientes ni a las empresas públicas. No hay que dar palos de ciego ni atenerse exclusivamente a una urgencia fiscal. No hay que partir del prejuicio de que todo lo que viene del Estado es negativo. Tampoco que todo lo que hace la empresa privada es un dechado de eficiencia.

Ningún ajuste es popular. Esa es otra gran diferencia entre la democracia electoral y la democracia en el ejercicio de gobierno. Los gobiernos no se eligen para recibir aplausos. Eso es propio del populismo. El gobierno anterior incurrió en ese vicio. No tomó medidas impopulares para resguardar su capital político. Ello tuvo funestos efectos para el buen gobierno. Efectos que hoy se los siente con mucho dolor e indignación. El buen presidente no solo debe pensar en el éxito transitorio de su gobierno, sino en la estabilidad y prosperidad de los que le sucedan y, sobretodo, del país en su conjunto.

El actual gobierno, igual que otros en el pasado, está dando muestras de responsabilidad democrática.
Ese es un buen aprendizaje que debemos asimilar ante la proximidad de las elecciones del 2021. Estamos presenciando distintos estilos de los postulantes a la Presidencia. El que abre camino al entendimiento y a los acuerdos posibles y necesarios, y el que cierra ese camino en función de cálculos electorales mezquinos.