Explotar el petróleo del Yasuní, ubicado en los bloques 31 y 43, es inconstitucional. La explotación tiene un velo de legalidad, otorgada por la Asamblea Nacional, a través de la autorización de octubre del 2013. Esta autorización avala unos mapas de presencia de Pueblos Indígenas Aislados (PIA) que se modificaron sin sustento, y tiene como uno de sus efectos poner en riesgo a los PIA, contrariando el principio pro homine con que se debería interpretar los derechos constitucionales y a lo establecido en el Art. 57 de la Constitución.

Ahora el Presidente Moreno pregunta: "¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?"

¿Qué busca conseguir la revolución ciudadana de Lenin Moreno? ¿Proteger a los PIA o legitimar la explotación del Yasuní? Según el Presidente, la intención de la pregunta es aplicar el principio de progresividad de derechos y en consecuencia aumentar la zona intangible para evitar que en los sitios en los cuales se hayan establecidos “zonas especiales de protección” se produzcan procesos extractivos.

Sin embargo, la pregunta no es clara ¿donde van a ampliarse los 50.000 ha de la zona intangible? ¿En aquellos territorios donde en 2013 el Ministerio de Justicia de Correa borró del mapa a los PIA? o ¿Seguirá el Gobierno, convenientemente, jugando a la ficción y extendiendo la zona intangible donde no se ponga en riesgo la explotación petrolera?

Suena bien reducir de 1030 a 300 hectáreas la afectación en él Yasuní pero ¿Quien va a calcular eso? Según estimaciones hechas por geógrafos de la sociedad civil, esas 300 hectáreas ya han sido superadas en la actualidad. Sin embargo, Petroamazonas afirma que la intervención directa no supera las 100 hectáreas. El Ministro de Hidrocarburos es claro al decir que el resultado de la consulta no afectará la explotación de petróleo, e incluso tiene planes para perforar en la Zona de Amortiguamiento, una de esas “zonas especiales de protección” que supuestamente el Presidente quiere proteger. El resultado práctico de esta reducción a la afectación del Yasuní quedará en manos de quien contabilice las hectáreas, y el Gobierno es claro en explicar que quien maneja esto es el Ministerio de Hidrocarburos.

Legalmente el Presidente no requiere de una consulta para lograr el objetivo que, él dice, tiene esta pregunta. Todos los resultados que aspira lograr los podría obtener modificando un decreto, es decir sólo con su firma. Consultar esto a la ciudadanía tiene un claro objetivo: obtener legitimación democrática. A diferencia de lo que el colectivo YASunidos deseaba preguntar en el 2013: mantener o no el petróleo en el subsuelo, para lo cual sí resultaba evidente una legitimación democrática, el Presidente busca legitimar la protección a los Pueblos Aislados, lo cual resulta curioso, ya que la Constitución por si misma le obliga al Estado a garantizar esos derechos.

Entonces ¿Qué busca legitimar el Presidente? ¿La explotación petrolera? El Gobierno Nacional no es claro en sus intenciones, más aún cuando el Ministro de Hidrocarburos, recorre los medios de prensa asegurando que la consulta no afectará la explotación, y cuando los Ministros de Ambiente y de Justicia (El ministerio de Justicia es el rector de la política de protección de los pueblos aislados), han quedado relegados o sin palabras, en el debate de esta pregunta.

La Corte Constitucional tiene la tarea de emitir un dictamen de constitucionalidad sobre la pregunta, y en ese dictamen tiene la facultad de aclarar la pregunta y determinar qué se va a consultar, si mejorar las garantías de los derechos de los PIA y los derechos de la naturaleza, o si se va a decidir sobre la legitimación de la extracción petrolera en el Yasuní.

Estando así las cosas, no sé aún si votaré sí o no, estos días son claves para determinar las verdaderas intenciones de la pregunta y definir una posición.