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11 de Noviembre del 2014
Ideas
Lectura: 6 minutos
11 de Noviembre del 2014
Consuelo Albornoz Tinajero

Profesora universitaria, investigadora y periodista, con un doctorado por la Universidad Nacional del Cuyo, de Argentina.

La pretensión de limitar la democracia no se detiene
El ataque a la consulta, supuestamente por su origen, va en contravía con el “imperativo participativo” vinculado con el “imperativo deliberativo”, preconizado por las democracias que pretenden responder efectivamente a este apelativo.

El gobierno y sus voceros se han empeñado en contraponer la democracia representativa con la democracia participativa: enmienda versus consulta ciudadana. Y de valorar más a la primera. La simpleza de presentarlas como una disyuntiva y el menosprecio que evidencian hacia la participación prueba el desconocimiento sobre la democracia por parte de quienes conforman el círculo central del correismo.

Igual falencia demuestra su inopia, la que apenas les alcanza para denostar de toda pretensión de acudir directamente a la ciudadanía, en virtud de quien la recomiende. Así, confundir al  proponente con los preguntados embrolla un derecho, plenamente reconocido y garantizado en nuestra Constitución. Con ello, repudian la participación como una institución de la democracia, y la rebajan a una estricta condición instrumental. 

Sin rubor, ni pudor, los adversos a la participación ciudadana recurren a juegos de palabras como los de un comunicado del movimiento Alianza País (AP) en el cual afirman –y suena casi a burla- que la “mayor consulta es el proceso electoral de 2017 donde el pueblo decidirá quienes serán sus gobernantes. La enmienda no presupone ni condiciona el voto que sigue siendo soberano y decisivo, pero garantiza que solo el pueblo es quien puede decidir quién, cuándo y cuánto tiempo le debe (sic) gobernar sus representantes”.

Esta es la perla lanzada por el movimiento oficialista a los ecuatorianos con el objetivo de atacar la demanda social por convocar una consulta para que el pueblo se pronuncie sobre la reelección indefinida.

Y a la que pretenden deslegitimar al bautizarla como “la consulta de Lasso”. Una perla que no toma en cuenta a la mayoría de ecuatorianos que aspira a intervenir en una consulta y solo aprecia la palabra y la acción de uno: el ex candidato Guillermo Lasso. Por si no lo saben los dirigentes de AP, entre un 70 y 80 por ciento de ecuatorianos desea ser consultado sobre temas como el de la reelección indefinida.

El ataque a la consulta, supuestamente por su origen, va en contravía con el “imperativo participativo” vinculado con el “imperativo deliberativo”, preconizado por las democracias que pretenden responder efectivamente a este apelativo.

Al percibir las limitaciones de la representación, introducen dispositivos participativos, cuyo denominador común es el reconocimiento del potencial democratizador de la presencia ciudadana. Tal fue el sentido de incluir elementos de la democracia directa en la carta constitucional vigente, desde hace no muchos años, apenas seis. De ahí que la postura del gobierno de Alianza País (AP) implique un retroceso y un apartamiento de los principios constitucionales por los que supuestamente sus integrantes se jugaron al trabajar en aquella constitución. Su retractación, por ello, es también una ofensa a sus simpatizantes y militantes y a toda la colectividad ecuatoriana.

El ataque a la “consulta de Lasso” manifestada en el documento de AP no tendría mayor significado si no coincidiera con la retórica de los máximos exponentes del poder político  para quienes, según publicaciones de los diarios nacionales, la “consulta de Lasso” constituye un “abuso”, frente al cual piden la reacción del pueblo ecuatoriano. Con tales posturas indican su irrespeto a la participación ciudadana y la avasallan con la afirmación de que “La resolución del más alto tribunal del país, ratifica la constitucionalidad, la legitimidad y la legalidad de la vía de la enmienda propuesta por nuestros Asambleístas, elegidos por la voluntad popular”. Lo que indican con su postura es la convicción de que la voluntad popular está hipotecada por aquellas votaciones parlamentarias.  No admiten que el soberano pueda modificar sus preferencias, mudar de opinión, darles las espaldas. Pareciera que conciben al electorado como  incondicional, obediente, acrítico, en concordancia con la actitud de cierto círculo de Carondelet, habitual comensal de palacio no solo en ésta sino en otras administraciones. El reciente comunicado de  AP, en suma, dibuja la visión correista sobre la soberanía ciudadana, como una instancia estática, inmodificable, inerte.


Me gustaría conocer qué piensan y expresan esos simpatizantes de AP que tanto valoraron la democracia directa, la democracia deliberativa, la democracia republicana, la participación ciudadana. Hay algunas voces que se han atrevido a reivindicar los principios que las sustentan, y esto es destacable. Merecen respeto. ¿Y los otros?

Cierro esta reflexión con una cita tomada de un libro recientemente editado El nuevo espíritu de la democracia, cuyo autor en Loïc Blondiaux, y en el que en su nota preliminar, la investigadora Rocío Annunziata escribe: “La perspectiva de un demócrata no queda presa de ninguna ideología; es una perspectiva abierta por definición a la exploración, que no toma ni el tiempo presente ni las instituciones o prácticas que observa como naturales, o como la materialización definiiva de su ideal”. Y con este horizonte, la presencia ciudadana es indispensable, pues mientras más variada sea su intervención más beneficios traerá a la democracia.

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