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24 de Agosto del 2015
Ideas
Lectura: 10 minutos
24 de Agosto del 2015
Patricio Moncayo

PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.

La profecía de Santa Mariana de Jesús
El Ecuador está atravesando una crisis muy compleja, en la que varios fenómenos se interrelacionan. No es posible, entonces, enfrentar el riesgo de una calamidad natural, como la erupción posible del volcán Cotopaxi, aisladamente.

La declaratoria del Estado de excepción se enmarca en la convivencia de un riesgo natural con riesgos provenientes de decisiones oficiales que han alterado la paz social. No parece posible encarar el peligro de una eventual erupción del Cotopaxi sin antes remover las causas que provocaron la movilización indígena y el paro de los trabajadores. Mientras que sobre lo primero, el riesgo natural,  el gobierno tiene baja gobernabilidad, dado que  se trata de fenómenos que no conocemos o que su ocurrencia está fuera de nuestro control, sobre lo segundo, la protesta social,  el gobierno sí puede actuar.

En el pasado, en sociedades tradicionales, la relación entre gobernantes y gobernados formaba parte de un orden natural, o en su defecto, había la creencia de que el gobernante había sido designado por Dios; en las sociedades modernas, los gobernantes son el producto de decisiones tomadas por los gobernados. De ahí que  Santa Mariana de Jesús previera que el Ecuador se destruiría “no por catástrofes naturales sino por los malos gobiernos”.

Expertos en los temas de riesgo relievan el peligro del mal uso del poder o de las malas decisiones políticas. “El cambio de peligro a riesgo es, como muestra este ejemplo, el propósito no intencional contra-intuitivo de numerosas instituciones de la sociedad moderna, que se concibieron originalmente para propósitos completamente diferentes”.

Los pesos y contrapesos, inherentes a un régimen democrático, se establecieron precisamente para contrarrestar el “mal uso del poder o de las malas decisiones políticas”. Los brotes de descontento en las calles son el resultado de la eliminación de esos pesos y contrapesos. En tales condiciones, el enfrentamiento de un posible desastre natural corre el riesgo de fracasar si no cuenta con la participación y colaboración de la población.  

Gotthard Bechmann, un experto en estos temas , sostiene que “ la evaluación de riesgos y sus límites representa el resultado de un proceso dinámico de debate y disputas en donde los intereses en conflicto tienen que ser ajustados”. Ello es posible cuando las instituciones de la democracia funcionan sin cortapisas; no lo es, si tales instituciones han sido maniatadas y sujetas al poder omnímodo de un gobernante.

El concepto de riesgo es multidimensional; los fenómenos sociales están interrelacionados, por lo cual es frecuente constatar que ciertas decisiones económicas tienen impactos políticos; y al revés, hay decisiones políticas que producen efectos económicos.

La “incertidumbre social” que asecha a la vida moderna exige precaverse de los “riesgos colectivos”. Así se entiende el valor de la seguridad social. Ya no existen solo los riegos de la naturaleza sino los creados por la propia sociedad. El progreso científico y tecnológico ha provocado daños ecológicos ; o sea la propia naturaleza es objeto de acciones humanas producidas por el “estado industrial de bienestar”.

Los riesgos, por tanto, no pueden ser afrontados unilateralmente. No existen “cadenas causales simples”.

El Ecuador está atravesando una crisis muy compleja, en la que varios fenómenos se interrelacionan. No es posible, entonces, enfrentar el riesgo de una calamidad natural, como la erupción posible del volcán Cotopaxi,  aisladamente. Este potencial peligro debe llamar la atención de las autoridades nacionales acerca de los impactos de este riesgo natural sobre las demás esferas de la vida colectiva: la economía, la política, la solidaridad social. Pero, a la vez, sobre cómo el manejo de los  demás factores de orden social incide sobre la capacidad del Estado para afrontar ese posible siniestro.

Si el país está afrontando una situación de disconformidad social; si el gobierno se ha visto cuestionado por las decisiones tomadas respecto del orden constitucional; si la economía carece de los recursos necesarios para sostener una política keynesiana y exige una política de austeridad; si la incertidumbre social crece por la decisión de suspender la entrega de fondos estatales al IESS, si los derechos de las poblaciones ancestrales (indígenas) han sufrido un menoscabo,  es natural que surja la presunción de que con el estado de excepción el gobierno lo que quiere no es ponernos a buen resguardo de una eventual erupción del volcán, sino “protegerse” con él de la embestida social.

Es iluso pensar que los afectados por la crisis económica, social y política vayan a cesar en sus movilizaciones y protestas, si el gobierno no da muestras de apertura a los reclamos populares. Si en lugar de ello, el gobierno sigue enfrascado en la confrontación política que le distrae tiempo y recursos para afrontar la crisis económica y la emergencia del volcán Cotopaxi, difícil que tenga el liderazgo que se necesita en el momento actual para poder convocar a una acción colectiva de gran amplitud para que todos los ecuatorianos no empeñemos y comprometamos a prestar nuestro contingente frente a esa eventual emergencia.

Ante situaciones de emergencia y de alto riesgo no cabe que las autoridades prescindan de la colaboración y cooperación de la población; ello supone  establecer distintos niveles de coordinación, que combinen la centralización con la descentralización. Los planes de contingencia que llevan a cabo algunas empresas ubicadas en la zona de influencia del volcán Cotopaxi son una muestra del valor de la descentralización. Iguales campañas corresponde hacer a los gobiernos locales en tales zonas. Le toca al gobierno nacional coordinar esas acciones, no con medidas coactivas sin consultar con los afectados.

En cuanto a los no afectados para que ellos desplieguen su solidaridad con los afectados, como el Ecuador hizo con Haití, el gobierno debe contribuir a la paz social y no tomar al estado de excepción como un medio para sustraer recursos de los ciudadanos  e incrementar la incertidumbre social.   
Nuevamente es al gobierno, en particular al presidente Correa, a quien le toca dar el primer paso. Está en la competencia del presidente atender las demandas de la población; en un régimen democrático este es el principal deber de un gobernante. Si tal cosa ocurre, el segundo paso les corresponderá dar a los ciudadanos.

Gobernar el riesgo natural, pues, no es un asunto, puntual, aislado, separado  de los “otros riesgos” de naturaleza social.  Más que la declaratoria del estado de excepción en términos territoriales, que suscita suspicacias, tal estado debe encarárselo sistémicamente, o sea, actuando en distintos frentes, no para coartar los derechos políticos de los opositores al gobierno, sino entendiendo la interrelación entre las dimensiones físicas, económicas, sociales y políticas de este posible desastre natural. Lo que no cabe es jugar irresponsablemente con éste y otros riesgos que un gobernante tiene frente a si.

Es al gobierno al que corresponde liderar una vasta acción colectiva, abierta a propios y extraños, a partidarios y adversarios del régimen; ello mostraría la sensibilidad y madurez de las autoridades para encarar con responsabilidad una situación que ha adquirido una  magnitud difícil de predecir.
Planificar  comprende también la realización de cálculos de corto, mediano y largo plazo; o sea no es suficiente prepararse para enfrentar la emergencia “hoy” sino prepararse también para “mañana”; hay, entonces, que pensar en las consecuencias futuras, a sabiendas de que ellas son desconocidas. Ello plantea la necesidad de “una gestión procesual de la contingencia”, según expertos.

Hacer un llamado a la población, a la concordia nacional,  a la búsqueda de acuerdos que destierren la confrontación y la fragmentación, es deber del gobierno nacional.  No cabe un estado de excepción en el cual unos ecuatorianos confronten con otros, peor si se recurre a la violencia. Los recursos utilizados para reprimir o para sofocar los levantamientos estarían mejor utilizados para socorrer a los afectados. 

El Ecuador es uno solo; el Estado ecuatoriano es unitario, lo cual, según mandato constitucional implica “fortalecer la unidad nacional en la diversidad”.

El camino para alcanzar la paz no puede ser otro que escuchar la voz de un pueblo que le pide al presidente Correa rectificaciones y un serio compromiso con la democracia. Archivar las enmiendas constitucionales y otros proyectos de ley inconsultos e inconstitucionales, sería un primer gran paso.

El riesgo es un desafío pero también una oportunidad. La mejor manera de enfrentarlo es aunando esfuerzos y reencontrándonos como ecuatorianos.

[PANAL DE IDEAS]

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