El Ecuador es una bomba de tiempo y corresponde al Gobierno y a los diferentes actores políticos y sociales desactivar, mediante un diálogo franco y directo, esa amenaza que podría no solo afectar a la ya deteriorada economía doméstica, sino también a la actual crisis sanitaria motivada por la Covid-19 y la propia estabilidad democrática del país.

Por el momento, el Frente Popular ha anunciado la participación, en los próximos días, en movilizaciones ciudadanas encaminadas a expresar su inconformidad frente a varios temas derivados de la política de corte neoliberal que impulsa el régimen de Guillermo Lasso, como son la privatización o concesión de empresas públicas o la necesidad del pago de la deuda del Estado al Seguro Social, el rechazo a toda forma de precarización laboral y la revisión del precio de los combustibles, tema último en el que también coinciden con la CONAIE, organización que igualmente ha anunciado medidas de hecho indefinidas contra la política del ‘Gobierno del encuentro’.

De ahí la importancia de abrir un canal de diálogo por parte del Gobierno a fin de escuchar cada una de las preocupaciones y planteamientos que legítimamente tiene la ciudadanía. En nada ayuda posiciones como la de estigmatizar o descalificar la protesta social o de anticipar el uso de la fuerza pública para enfrentar a los que considera Carondelet como ‘anarquistas’.

No debemos olvidar, y menos el Gobierno, que en una democracia sana, el disenso debe estar presente, como una expresión de la diversidad de enfoques que existen frente a la realidad, esto en contraposición al pensamiento único o corsé ideológico característicos de los regímenes autoritarios o despóticos. Por lo tanto, la divergencia o confrontación no se debe reprimir, sino encausar y resolver a través de los canales institucionales previstos en la Constitución y las leyes.

Resulta válido, por ejemplo, exigirle al Gobierno una explicación en torno a la decisión de vender el Banco del Pacífico, eufemísticamente encasillada en la llamada operación de monetización, precisamente de la segunda institución financiera más grande del Ecuador, que concentra casi 7 mil millones de dólares en activos. ¿Por qué insistir en una medida como la privatización y concesión que no ha solucionado históricamente los problemas sino, todo lo contrario, los ha profundizado, con el agravante de terminar afectando el patrimonio de todos los ecuatorianos?

Asimismo, en el campo de los combustibles no basta con mantener, desde el oficialismo, posiciones inflexibles en cuanto a la revisión de los precios de la gasolina y diésel, sin siquiera definir una estrategia de focalización del subsidio que limite el impacto económico a los sectores más pobres. Al parecer, en este ámbito, la arrogancia gubernamental, hace que las conversaciones iniciales mantenidas por el Ejecutivo y la CONAIE se hayan diluido en una especie de diálogo de sordos.

También, otro aspecto de enorme inquietud y que requiere de respuestas tiene que ver con el marcado deterioro del mercado laboral en el que de 8,47 millones de personas que forman parte de la PEA apenas 2,85 millones tienen un empleo adecuado, en tanto los restantes 5,6 millones se incluyen en el desempleo y empleo inadecuado, guarismos que se deterioran aún más cuando analizamos las cifras desde el ámbito rural. Por lo mismo, la anunciada reforma laboral debe ser trabajada dentro de un amplio diálogo nacional que permita llegar a coincidencias mínimas.

Lo cierto es que las actuales complejidades que envuelven al Ecuador exigen la mayor de las responsabilidades de todos sus actores. No cabe encender la mecha de la convulsión social.

@giovannicarrion