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24 de Junio del 2020
Ideas
Lectura: 7 minutos
24 de Junio del 2020
Mauricio Alarcón Salvador

Abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

La red Peñaranda
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A los 34 años, Luis Peñaranda se codeaba con la clase política nacional, en especial, en el Congreso. El “manejo legal” de una cuenta presupuestaria, era la base de una red de corrupción basada en la inofensiva, y hasta necesaria, compra de material educativo para escuelas y colegios públicos. La malversación y el enriquecimiento ilícito dieron cuenta de 24 mil millones de sucres, unos 7 millones de dólares de la época.

Quienes lo conocieron desde pequeño, recuerdan que Luis Edmundo Peñaranda Samaniego era un niño tenaz y constante, con ansias de superación. En el cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, donde su familia había sentado raíces, hizo de lustra botas, vendedor de periódicos, recolector de fruta y vendedor ambulante. Todo, por salir de la pobreza en la que sus padres y sus siete hermanos vivían. Tan pronto pudo, siguió los pasos de su hermana Teresa y se fue para Quito.

En la capital, no pudo continuar con sus estudios. Tuvo que hacer de “mil oficios” para sobrevivir. Hasta que hojeando un diario encontró un anunció que le cambió la vida. Se enroló como vendedor en el Círculo de Lectores, un club de lectura que en el Ecuador de los 90 se enfocó en la distribución y venta de libros.

¡Y sí que le cambió la vida! Resultó ser un vendedor exitoso, que recibió premios y ascendió hasta convertirse en jefe de ventas. Creó su propia empresa y abrió su primera oficina; armó una cuadrilla de vendedores a nivel nacional y alcanzó el éxito con poco más de 25 años. Gracias a los libros conoció a varios políticos, entre ellos diputados, que le abrieron las puertas del Congreso Nacional para seguir haciendo lo que mejor sabía: vender. A los 34 años, Peñaranda se codeaba con la clase política nacional y se preciaba de tener, entre sus mejores amigos, al presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, el diputado Santiago Bucaram. Lo había conocido en 1994 como diputado por Guayas, y en 1996 celebraba su reelección y la elección de su hermano Abdalá, como Presidente de la República.

Tras la caída de Abdalá Bucaram, en 1997, se conoció a través de la recién creada Comisión Anticorrupción sobre una denuncia de actos de corrupción relacionados con el manejo de “la cuenta 8110” de la Presidencia de la República, correspondiente a “Inversiones y aportaciones especiales del Estado”. El “manejo legal” de una cuenta presupuestaria, era la base de una red de corrupción basada en la inofensiva, y hasta necesaria, compra de material educativo para escuelas y colegios públicos.

Pero, ¿cómo operaba la corrupción? Los diputados negociaban una lista de las instituciones educativas beneficiarias de recursos de dicha cuenta. Los recursos se asignaban. Los representantes de las instituciones se acercaban, literalmente, a retirar el cheque. Con los recursos en mano, se dirigían a una de las varias oficinas de Peñaranda a firmar contratos para la compra de libros y computadoras que, obviamente, tenían sobreprecio y su calidad era cuestionable. Para que todo funcione bien, no solo se usaba la empresa de Peñaranda, sino más de 10 empresas de papel con cuentas en diversos bancos, que “para despistar” también presentaban propuestas.

Realizado el negocio y con los recursos efectivizados, Peñaranda convocaba a los diputados a reuniones en el salón de un lujoso hotel de Quito, en las que en medio de tragos y una buena charla, procedía con el reparto del sobreprecio, en billetes contantes y sonantes, en sobres y en maletines. En fin, todos ganaban.

Peñaranda convocaba a los diputados a reuniones en el salón de un lujoso hotel de Quito, en las que en medio de tragos y una buena charla, procedía con el reparto del sobreprecio, en billetes contantes y sonantes, en sobres y en maletines. En fin, todos ganaban.

Por esta denuncia, el Comité de Excusas del Congreso Nacional recomendó la separación de 17 diputados que integraban la denominada “Red Peñaranda” liderada por el diputado del PRE Santiago Bucaram Ortiz. Según la denuncia, la integraban además los diputados Héctor Villamil de Pachakutik, Hermel Campaña de la Democracia Popular, Milton Fabara del Partido Social Cristiano, Homero Fuertes del Partido Conservador Ecuatoriano, Mario Meza de la Izquierda Democrática, Michel Saud, Marco Proaño Salgado y Andrés Romo Molina del Partido Roldosista Ecuatoriano, entre otros.

Tras la destitución, la Corte Suprema de Justicia les abrió un proceso y dictó prisión preventiva en su contra, pero la mayoría salió del país para evitar a la justicia. También se ordenó la captura de Peñaranda, su contador, su secretaria y varios empleados. Peñaranda escapó a Miami y Bucaram se autoexilió en Panamá. Gracias a las investigaciones se conoció que la Red operaba desde inicios de los 90, en un esquema que se fue perfeccionando a lo largo del tiempo.

En 2002, la Corte Suprema de Justicia condenó por el delito de peculado a más de 30 personas: Luis Peñaranda y varios ex diputados, entre ellos Andrés Romo Molina. Con el pasar de los años, algunos involucrados recibieron sobreseimiento provisional. Para otros, beneficiándose del sistema penal vigente en la época, prescribieron las acciones y las penas. Varios de los condenados quedaron libres y nunca cumplieron la condena. La defensa de Peñaranda aseguró, en todo momento, que la justicia obvió de manera intencional a ciertos actores políticos que estaban involucrados en el delito.

Peñaranda, por su parte, fue extraditado en 2001. Permaneció detenido en el penal García Moreno y en la cárcel No. 4 de Quito hasta que recuperó su libertad en 2004. No se sabe si entonces pudo disfrutar de la gran fortuna que amasó: varias oficinas en Quito, un terreno en Guápulo, vehículos de lujo, decenas de cuentas corrientes y una docena de negocios. Hasta una hacienda bananera de 60 hectáreas en Los Ríos, “La Frutita II”, por la que pagó, según registros de la época, un millón ciento cuarenta mil dólares en efectivo, y que fue adquirida a la empresa Vismara con el apoyo de Santiago Cuesta Caputi.

Lo que sí se conoce es que, según un informe de la Comisión Anticorrupción, la malversación y el enriquecimiento ilícito dieron cuenta de 24 mil millones de sucres, unos 7 millones de dólares de la época. ¡Ah, y me olvidaba! En 2010, Luis Peñaranda volvió a prisión por supuestamente entregar pólizas de seguro falsificadas. Bien dicen que “lo que bien se aprende, nunca se olvida.”

[PANAL DE IDEAS]

Mauricio Alarcón Salvador
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