La última matanza ocurrida en la Penitenciaría del Litoral revela la incidencia de dos factores de gran importancia en la perpetuación de la crisis carcelaria en el país. De un lado, la incapacidad de la Policía Nacional para prevenir la violencia mayor en las cárceles e intervenir de manera oportuna cuando esta se produce, y, de otro, la irresponsabilidad de ciertas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la protección de derechos humanos.

Según se conoce, la Policía contaba con indicios claros de que una nueva matanza de presos podía producirse en la Penitenciaría y no hizo nada para evitarlo y, lo que es peor, cuando la matanza al final se dio, esperó siete horas para intervenir. La comandante general de la Policía, Tanya Varela, declaró que la inacción policial se debió a que había, en la cárcel, presos armados circulando. ¿Y entonces? ¿No es, precisamente, en estos casos en los que la fuerza pública debe actuar? Si no, ¿para qué le sirven las armas que el Estado le ha proporcionado a fin de mantener y restablecer la paz ciudadana, en cualquier territorio del país? La Policía, queda claro, se limitó a esperar que los prisioneros asesinaran a sus compañeros y solo una vez que se consumó la matanza intervino. Como resultado de esta intervención, se incautaron tres armas. Tres, cuando la masacre se prolongó por ocho horas.

Mientras tanto, y por disposición de la Corte Constitucional, los miembros de las Fuerzas Armadas se limitaron, viendo al frente, a escuchar el ruido de las balas y las explosiones que, adentro, derrumbaban paredes para permitir el paso de los asesinos.

Ellos, los jueces de la Corte Constitucional, encerrados en el mundo platónico de las normas puras, se han mostrado, otra vez, incapaces de ver la realidad y de relacionar las normas con las necesidades de la vida pública, y han actuado irresponsablemente.

Satisfechos con que los llamen una “Corte de lujo”, siendo que frente a las que les precedieron cualquiera podía serlo, tratan de hacer méritos ante otros pedantes como ellos y ante los activistas sociales siempre dispuestos a condenar el uso de la violencia por parte de la fuerza pública cuando tiene que enfrentarse a personas armadas, dispuestas a matar.

¿Es el temor a ser denunciados por dichos activistas lo que impidió que la Policía actuara oportunamente en la Penitenciaría, enfrentando a los armados con las armas? Si lo hubieran hecho ya tendrían este momento unas cuantas demandas en la Fiscalía. La Policía no intervino y sesenta y dos personas fueron asesinadas. Sin embargo, los activistas, como los jueces de la Corte Constitucional, no se sentirán responsables de nada. Ni los unos ni los otros parecen entender que las emergencias se enfrentan con medidas emergentes y la violencia armada con las armas. En los unos ha podido más la pedantería que el sentido de la realidad y, en los otros, la satisfacción moral del “bien pensante”.

El Gobierno ha anunciado algunas medidas para manejar la crisis carcelaria y una de ellas es la mediación entre las bandas criminales que controlan la Penitenciaría, “sin que el Estado renuncie a nada”, dice. No obstante, esta medida, sugerida probablemente por los “bien pensantes”, irroga un grave daño al Estado de derecho. Con la mediación, el Estado está demostrando que es incapaz de imponer la ley y el orden en su territorio y, al mismo tiempo, convierte a los delincuentes más sanguinarios de Ecuador en sus interlocutores. La cesión del Gobierno es un triunfo para los criminales. Y no sería sorprendente que “Fito”, uno de los líderes de los “Choneros”, se presente de hoy en adelante como un campeón de la paz. Ya tenemos a un ex “Latin King” como asambleísta.

La pacificación de la Penitenciaría ya no será, por tanto, el producto de la acción de un Estado que cumple sus funciones, sino de la buena voluntad de los delincuentes. ¿Realmente, el Gobierno cree que la mediación con ellos no le representará ningún costo?

Admitir la mediación con las bandas criminales que dominan la Penitenciaría es reconocer como legítimo su poder en el sistema carcelario; y permitir que personas u organizaciones de la sociedad civil dirijan este proceso es entregarles un poder privativo del Estado.

No todos los asuntos de interés público se resuelven con el diálogo, menos aquellos en los que está involucrado directamente el crimen organizado. Las entregas y renuncias al poder público que ha venido haciendo el Gobierno minan la institucionalidad pública y el Estado de derecho. Quienes dirigen un Estado no pueden renunciar al uso de la fuerza cuando es necesario. Pretender sustituir su uso por el diálogo o el formalismo jurídico es abdicar de sus responsabilidades.