La compra de votos en la Asamblea Nacional es solamente el aperitivo de los graves conflictos que pueden desencadenarse si el Gobierno no logra virar la votación y evitar la destitución del presidente de la República.

La primera reacción podría ser el desacato a la decisión de la Asamblea Nacional, bajo el argumento de que el juicio político es espurio y que no existen pruebas fehacientes del peculado. El Ejecutivo ya adelantó una estrategia en ese sentido. En los últimos días se ha desatado una ofensiva mediática desde distintos frentes para intentar desvirtuar los negociados en FLOPEC.

No sería la primera vez en nuestra historia que un presidente de la República opta por estos vericuetos inconstitucionales. Ya León Febres Cordero se negó a aceptar la destitución por juicio político de su ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, acusado de graves violaciones a los derechos humanos. El ministro se quedó campante hasta el final del período, y Febres Cordero salió con la atrabiliaria novedad de que la Constitución no lo obligaba a cesarlo en sus funciones.

En ese caso, el rechazo a la convocatoria del presidente provendría desde el Legislativo, bajo el argumento –ya anticipado por algunos legisladores– de que no es constitucional aplicar la muerte cruzada en medio de un juicio político.

Antecedentes para este impasse sobran en el país. Y respuestas también. Cuando Averroes Bucaram no quiso admitir una decisión parlamentaria para reemplazarlo en la presidencia del Congreso, fue sacado de su oficina a pulso por cuatro miembros de las fuerzas especiales. Algo parecido sucedió cuando los legisladores de oposición a Rafael Correa fueron reemplazados a la fuerza por los diputados de los manteles.

Estos ejemplos tienen una particularidad: en apariencia, nunca provocaron el rompimiento del orden constitucional. Siempre se estiró la norma para al menos poder guardar las apariencias. Por eso, la eventualidad de que el día de mañana el Gobierno ordene el desalojo de la Asamblea Nacional por la fuerza pública no debería sorprender a nadie.

Queda una tercera posibilidad: que la presión social termine inclinando la balanza en favor de una de las fuerzas en disputa. Sin embargo, la pregunta de cajón es si existe interés y voluntad en la ciudadanía para salir a dirimir un conflicto entre las dos instituciones más desprestigiadas del país. Más bien, todo apunta a la prolongación indefinida del caos.

Con el decreto que permite la tenencia y porte de armas a personas civiles, Guillermo Lasso anuncia que puede ir más allá de lo que la racionalidad política le permite. Inclusive, pasándose por encima de la vocación democrático con la que ha adornado sus discursos en los últimos tiempos. Si llega a verse frente al abismo, tranquilamente podría sacar a relucir su talante autoritario y avivar el incendio.

Pero si renuncia a su cargo, podría pasar a la historia como una persona sensata. Al menos eso, porque sus aspiraciones de llegar a ser un buen estadista quedaron empeñadas desde hace tiempo.