Back to top
13 de Agosto del 2021
Ideas
Lectura: 12 minutos
13 de Agosto del 2021
Hugo Marcelo Espín Tobar

Especialista en Derecho Penal. Miembro de LEGAL International Advisors

La repetición: un derecho del Estado y la sanción necesaria, ante el abuso del poder estatal
0
Cuando se piensa en indemnizaciones, muchas veces se piensa exclusivamente en las condenas judiciales por actos de corrupción. Pero nos hemos olvidado o simplemente se ha dejado de lado que los funcionarios públicos, en todos sus actos, tienen implícita una responsabilidad directa o indirecta.

La señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, en un acto público recibió al Dr. Iñigo Salvador Crespo, procurador general del Estado en la Sala de Sesiones del Consejo de Administración de la Legislatura el 01 de julio de 2021. En esa reunión ella se comprometió a “impulsar, priorizar esta Ley de Repetición, cumpliendo todos los procedimientos legales correspondientes dentro de la Asamblea”. Ahí se reconoció que el Estado ecuatoriano ha sido condenado por tribunales internacionales de Derechos Humanos, por tribunales arbitrales, e incluso por tribunales internos por mala prestación del servicio público.

El Dr. Salvador refirió que solo en el caso Perenco se tendrá que desembolsar USD 400 millones y que,  aún se busca un acuerdo amistoso con la petrolera para pretender reducir este monto, consecuencia de la sumatoria de errores cometidos por una gestión que minimizó los derechos de la empresa o pensó en ignorarlos. Todo ello producto de los errores o abusos realizados por funcionarios públicos, que pensaron que estaban por encima de la Ley, por encima de la vigencia de los contratos legalmente suscritos con el estado ecuatoriano, y que asumieron que seguir las disposiciones del "jefe de turno" los liberaba de toda responsabilidad.

El mismo Procurador General, en su presentación relievó que este proyecto es  trascendente, “ya que hay mucha irresponsabilidad en los jueces competentes al tratar un tema tan importante que debe ser, en realidad, la defensa en beneficio de los recursos del Estado”. Es evidente entonces que no se puede desatender el clamor ciudadano, pero es necesario también contar con una herramienta estructural del Estado, que permita recuperar los dineros que se han tenido que pagar por concepto de indemnizaciones que surgieron como consecuencia de las acciones expuestas.

Cuando se piensa en indemnizaciones, muchas veces se piensa exclusivamente en las condenas judiciales por actos de corrupción. Pero nos hemos olvidado o simplemente se ha dejado de lado que los funcionarios públicos en todos sus actos tienen implícita una responsabilidad directa o indirecta. El Estado ecuatoriano ha sido condenado por tribunales internacionales de Derechos Humanos, por tribunales arbitrales e incluso por tribunales internos por mala prestación del servicio público. Los tribunales han castigado las acciones de abuso de funcionarios que por su criterio o descriterio han ignorado la ley para empoderar a sus allegados o deacreditar a quienes no lo son. Estos afectos y desafectos no han sido sino la cuota de poder que se impuso en el sector público para ejercer control sobre los funcionarios en las diferentes dependencias estatales.

Con estos antecedentes es necesario comprender, y que quede claramente especificado, el daño o perjuicio que haya sido cometido “en ejercicio” y “con ocasión”, de la función ejercida por el órgano o aparato estatal. Perjuicio en el que se considera no sólo las acciones que se llevaron a efecto con aquellas íntimamente relacionadas con el cargo y función, sino también aquellas acciones que se derivan de la permisibilidad del abuso de poder o del silencio para denunciar, lo cual es obligación de los funcionarios públicos. Esto porque en casos como el delito de tráfico de influencias, la reparación integral la reclamará el mismo Estado, sin perjuicio de que lo haga el afectado de tales decisiones del poder público, que en función de lo expresado actuaren en cumplimiento de compromisos, disposiciones superiores (ilegales) o en por la simple decisión de afectar a un tercero. 

La catedrática argentina, Dra. Lucía Álvarez señala que: “todas las personas que el Estado designa para desempeñarse en funciones por él encomendadas son en general agentes suyos, por lo tanto, órganos de él. Por ello, no son “independientes”. Cuando actúan en el ejercicio aparente de las funciones que les han sido encomendadas, actúan como órganos del Estado, o sea, actúa directamente el Estado a través de ellos. La responsabilidad del Estado es, en consecuencia —en estos casos—, siempre directa; pues no tiene el Estado “agentes,” esto es, personas humanas, que no sean órganos suyos”.

Con estos antencedentes, queda en claro que la responsabilidad pecuniaria del Estado tiene una coresponsabilidad directa con el accionar de sus funcionarios o quienes actúen con potestad de Estado. 

No me puedo olvidar del ámbito policial, en el que las Comisiones de Pases o Ascensos, están conformadas por funcionarios del sector público, cuyas decisiones afectan la carrera, la vida de otros funcionarios e inclusive de sus familias dada la trascedencia de las mismas. Si bien es cierto que para estas Comisiones son simples listados de personal,  la realidad es otra, pues estos nombres corresponden a seres humanos que tienen grupos familiares a sus espaldas, que serán severamente afectados por dichas decisiones, pues hijos se quedarán sin padres o madres junto a ellos, ya que, la decisión de un nuevo destino en diferente plaza de servicio así lo determina.

Esta designación debe, como lo dice el COESCOP y su Reglamento, ser motivada y contar con los informes de soporte que generalmente jamás ocurre. Lo propio, cuando los miembros de estas Comisiones se pronuncian sobre los derechos de continuar o cesar  una carrera y vocación de servicio propia de los miembros de la Policía Nacional. De ahí que la nota de “concepto” no es un arbitrio, sino debe ser la consecuencia de un acto administrativo motivador, debidamente sustentado,  válido y en firme, que modifique la valoración objetiva del desempeño policial.

Las acciones descritas afectan al servicio público de seguridad ciudadana, pues mover a una persona de su lugar de trabajo es un concepto válido en las instituciones jerarquizadas y de seguridad. Sin embargo, hacerlo como consecuencia de una vendeta o para acallar justos reclamos motivados, se torna en un abuso sustancial de poder. Justamente por las consideraciones esgrimidas en líneas anteriores y por los daños causados, con o sin intencionalidad, son precisamente de responsabilidad total del Estado. 

Cuando se piensa en indemnizaciones, muchas veces se piensa exclusivamente en las condenas judiciales por actos de corrupción. Pero nos hemos olvidado o simplemente se ha dejado de lado que los funcionarios públicos, en todos sus actos, tienen implícita una responsabilidad directa o indirecta

Corresponde entonces, enteder que es obligación de los funcionarios públicos que ejercen el control, la auditoría de gestión y del mismo poder punitivo judicial del Estado, ejecutar inmediatamente el derecho de repetición contra las personas que produjeron el daño, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales.

 

El Art. 344 del Código Orgánico Administrativo establece que una vez declarada la responsabilidad extracontractual del Estado y efectuado el pago completo de la respectiva indemnización, procede esta acción que está sujeta al trámite ordinario previsto en el Código Orgánico General de Procesos, ante los jueces de lo contencioso administrativo. Mientras que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, expone al derecho de repetición contra servidores públicos por violaciones de derechos en el Art. 63 y siguientes. (La Corte Constitucional determinará si en la sentencia se han violado derechos constitucionales del accionante y si declara la violación, ordenará la reparación integral al afectado. La Corte Constitucional tendrá el término máximo de treinta días contados desde la recepción del expediente para resolver la acción.  La sentencia de la Corte deberá contener los elementos establecidos en las normas generales de las garantías jurisdiccionales establecidas en esta ley, aplicados a las particularidades de esta acción.).

Otto Mayer  sostienen que: “La indemnización existirá siempre que el Estado haya obtenido alguna ventaja en detrimento excepcional de un administrado”. Considerando que para que una persona sea acreedora de una indemnización, deben existir las siguientes condiciones:

1. Que el daño sea causado por la Administración Pública;
2. Que ese daño rompa la equidad, castigando al individuo de una manera injusta y desigual; y,
3. Que el daño se manifieste en un perjuicio material para el individuo, de manera que por parte del Estado se dé una especie de enriquecimiento sin causa.

Cabe entonces la pregunta: ¿cuántas veces se han producido en el Ecuador actos jurídicos contenidos en decisiones administrativas, inclusive algunas consideradas de simple trámite, que han conculcado derechos fundamentales, dejando a servidores públicos en la indefensión más absoluta, con reclamos que han recibido al silencio como respuesta o la simple denegación de atención por parte de la entidad que generó la vulneración; que sumados a una justicia administrativa lenta y oprobiosa, resulta que muchas violaciones serán imposibles de subsanar y corresponderá al Estado indemnizar?

Claro está que la lógica infiere que cuando el Estado repitió contra un funcionario público, castigando su accionar atentatorio contra los derechos de otro u otros ciudadanos, éste funcionario deberá dejar de serlo y no podría ejercer cargo público en el futuro, tal como se aplica a quienes han generado un perjuicio a la administración pública y fueron sentenciados penalmente por dicha conducta. La acción de repetición no se limita como quedó expresado al ámbito penal, aunque es una de las consecuancias de las reparación integral que la Ley determina.

Están pendientes en la línea de la reclamación judicial cientos de decisiones de separación de servidores policiales sin justa causa, así como otros que son el producto de la grave violación de derechos o inclusive de aquel derecho fundamental al debido proceso, igualmente conculcado por acción u omisión de quien tiene la responsabilidad de aplicar la norma y decide interpretarla con su óptica sesgada. 

Esto no implica que la instituciones no puedan autodepurarse, separar elementos que abusan de su autoridad  o inclusive que violan derechos de otros ciudadanos. Por el contrario, es necesario entender que las acciones del poder público deben hacerse conforme lo establece el derecho público, apegadas a la norma, entendiendo que nadie está por encima de la Ley, así como tampoco por debajo de ella.

Entender que comandar, dirigir o encausar, infiere una gran responsabilidad y se la debe asumir con respeto absoluto a la legalidad, pero manteniendo la firmeza en las decisiones, de tal suerte que aquellas tengan tanta fuerza jurídica como moral y ética, que no permitan su cuestionamiento. Dejar brechas abiertas de discrecionalidad y abuso solo puede generar más abusos y discrecionalidad, y es hora de romper ese círculo que ensombrece el futuro de las entidades públicas y más aún de aquellas garantes de derechos.

[PANAL DE IDEAS]

Carlos Arcos Cabrera
Rodrigo Tenorio Ambrossi
Andrés Quishpe
Alfredo Espinosa Rodríguez
Giovanni Carrión Cevallos
Pablo Piedra Vivar
Fernando López Milán
Rubén Darío Buitrón
Patricio Moncayo
Mariana Neira

[RELA CIONA DAS]

Democracia o autoritarismo étnico
Fernando López Milán
25 años de ignominia contra Gustavo Cortez
Redacción Plan V
La deuda del Estado con el IESS le quitó $408 millones a la salud en 2021
Manuel Novik
Odio a las personas, amor al dinero
Mariana Neira
Leonidas Iza y su anhelado proto-Estado
Francisco Chamorro
GALERÍA
La repetición: un derecho del Estado y la sanción necesaria, ante el abuso del poder estatal
 
1


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

El veto del presidente Lasso a la Ley de Comunicación será parcial
Redacción Plan V
Estos son los mejores 32 puntuados para jueces anticorrupción
Redacción Plan V
Perú: la demanda de Perenco que buscaría parar la Reserva Napo Tigre
Lorena Mendoza y Guísela Loayza
Razas y racismo en la civilización del capital
Julio Oleas-Montalvo

[MÁS LEÍ DAS]

El círculo jurídico de Leandro Norero impulsó el habeas corpus para Jorge Glas
Redacción Plan V
Los pecados del boom inmobiliario de Quito según la Contraloría
Redacción Plan V
Bien Futuro: Una nueva fórmula para tener casa propia que reducirá el precio de las viviendas
Redacción Plan V
¿Qué hay detrás del juicio político del correísmo contra la Judicatura?
Redacción Plan V