La desaparición de la abogada María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía, el 11 de septiembre, ha conmocionado al país. Ante el hecho, el Estado actuó tarde y mal. Aunque diez oficiales estarían siendo investigados por Asuntos Internos de la Policía Nacional; al cabo de ocho días, la única procesada es una cadete. El principal sospechoso está prófugo.

Este hecho se suma a una serie de delitos protagonizados por policías en servicio activo, que ponen de manifiesto serios problemas al interior de la Policía Nacional. El reportaje de Alina Manrique es demoledor: “Desde 2018 hasta el primer semestre de 2022, 1.898 policías ecuatorianos fueron apresados por haber cometido infracciones penales. Esto implica que, a diario, al menos un policía es arrestado en Ecuador”. Lo más grave, “el sistema de vigilancia interno de la Policía de Ecuador permitió que más de 1000 efectivos detenidos sigan siendo parte de la fuerza. Solo el 2 % de los denunciados en Asuntos Internos fueron destituidos y más de 500 uniformados fueron investigados por delitos vinculados con el crimen organizado” (https://bit.ly/3DIQ4VY). ¿Qué responsabilidad les corresponde a los mandos?

La noción de “mando” en una institución jerarquizada como la Policía Nacional atañe al ejercicio de la autoridad. Este se ejerce en el ámbito estratégicos y operativo, en distintos niveles. Pero, lejos de funcionar como un “mando unificado”, el sistema de controles basado en premios y castigos ha mellado la cadena de mando sistemáticamente, ya que carecen de mecanismos externos de supervisión y rendición de cuentas. Este sistema estimula el ocultamiento de información a sus superiores, promueve lealtades informales que socavan la autoridad legítima entre policías y fomenta los “pactos de silencio” para encubrir abusos de poder o hechos delictivos.

La responsabilidad del mando policial tiene varias dimensiones. Por un lado, respecto a las actuaciones de sus subordinados. Aunque generalmente la responsabilidad se le atribuye al infractor, no hay que olvidar que las decisiones previas y el ambiente institucional pueden favorecer el uso ilegítimo de los poderes policiales. Por otro lado, hay que evaluar la responsabilidad de los mandos en la definición de un marco operativo. En ambas dimensiones hay mucho que analizar respecto a la desaparición de María Belén dentro de la Escuela Superior de Policía.

Cuando en abril de este año se conoció que un policía contrató sicarios para asesinar a la madre de su hija que le exigía pensión alimenticia y resultó matando a su niña (https://bit.ly/3do0fEK), el mando policial debió tomar en serio los graves problemas de violencia intrafamiliar que existe entre varios de sus subordinados. Generados, entre otros motivos, por la movilidad del personal a nivel nacional y las tensiones que esto desata casa adentro. Nada de eso ocurrió. La percepción del mando policial frente a ese macabro hecho fue que se trataba de un acto aislado e “irracional”. Tal como califican ahora la actuación del teniente Cáceres, principal sospechoso de la desaparición forzada de María Belén Bernal.

La incapacidad del mando policial para percibir patrones de conducta nocivos para la institución acarrea consecuencias nefastas para la seguridad del país. Sobre todo, cuando se pretende expandir el aparato policial con 30.000 nuevos efectivos, sin lograr un control y supervisión idóneo para los 52.000 policías que existen actualmente.