Es verdad que, en estos tiempos de sexo virtual y cámaras de alta resolución al alcance de la mano, nunca faltan él o la canalla que difunde fotos y vídeos íntimos solo con el fin de hacer daño, que los guarda en el celular en alguna carpeta de sentimientos oscuros, rencores y hasta envidias para usarla, en el momento propicio, como instrumento de chantaje. Cierto y evidente.

Cierto y evidente también que eso pasaría menos si es que todos evitáramos distribuir material casero comprometedor a personas que hoy están y mañana podrían irse, llevándose consigo nuestra intimidad en forma de pixeles. Pasaría menos también si, con menos vanidad y ostentación, dejáramos de publicar la vida entera en redes sociales, para luego quejarnos de en qué oscuras manos cayeron las fotos.

A este fenómeno nuestros sabios políticos han decidido darle respuesta. Y lo han hecho de la única forma en el que Estado policial, tropical y moralista que es Ecuador, laico solo de nombre, suele hacer con frecuencia: poniendo más delitos en el catálogo de la ley penal para que fiscales y policías tengan la base legal de meter preso a alguien. Y ya, dirán los padres y madres de la patria, problema solucionado.

El resultado es una ley pudibunda, mojigata y claramente mañosa, cuyo propósito más evidente, en lugar de proteger la santa intimidad de hombres y mujeres que hemos mandado fotos demás por internet, es impedir que se publique noticias. Una continuación, apenas, de los relatos más cursis del correísmo clásico: el combate sin tregua a la prensa corrupta que persigue, por gusto, a nuevas generaciones de políticos y políticas dignos del primer mundo, a quienes solo por accidente les toca sacrificarse trabajando en nuestra República tropical.

Las últimas reformas al Código Integral Penal -aun habiéndoles quitado el intento de cambiar el artículo 178 por una propuesta digna de una dictadura islámica- son una trampa. Un instrumento para criminalizar la libre circulación de información no solamente en los medios de comunicación, sino, sobre todo, en las redes sociales. Una engañifa arropada en corrección política y moralismo cuyo fin último es encarcelar tuiteros, periodistas, ciudadanos y críticos del poder a santo de la “intimidad”, el “secreto” y la “honra”.

Este gobierno, al que algunos colegas llamaron “correísmo light” es realmente un neocorreísmo que ha pasado cuatro años apelando a sus orígenes políticos para atajar las polémicas. Así lo hicieron cuando de plano vetaron totalmente el Código de la Salud. Y aún tienen hasta el 24 de mayo para ponerle el ejecútese a la tramposa ley antinoticias que han aprobado a última hora los legisladores de una Asamblea que, como casi todos los poderes públicos en los últimos cuatro años, ha destacado sobre todo por mediocre e intrascendente.

El debate de descriminalizar los supuestos delitos contra la honra y solucionar esos conflictos en el ámbito de lo civil no le conviene a una clase política y una sociedad pudibunda que creen que la mejor noticia es la que no se publica y el pecado, como decía Tartufo en la comedia de Moliere, solo depende de cuánto escándalo llega a hacerse sobre él.

Si Moreno no veta el mamotreto, aún cabe esperar que Lasso, honrando su anunciado talante republicano, le aplique un fulminante veto total.

@FerminVaca