Durante el cambio de mando militar, el pasado jueves 11 de junio, el ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Gral. Luis Lara, en su discurso de orden manifestó: “la insurgencia interna es, señor presidente —dirigiéndose a Guillermo Lasso—, una de las mayores amenazas para la integridad de la nación, los sucesos de 2019 en Ecuador y las recientes asonadas de Colombia y Chile así lo confirman” . Tal aseveración forma parte de una estrategia de securitización de la protesta social en la que se empeñó el gobierno de Lenin Moreno, tras las protestas de octubre de 2019. Estrategia que fomenta la violencia política porque revive la idea del “enemigo interno” y cierra las puertas de diálogo para desactivar la conflictividad social. 

La noción de “securitización”, acuñada por Barry Buzan y Ole Wæver, es una de las innovaciones teóricas más relevantes en los estudios críticos de seguridad. Se trata de una práctica discursiva ejecutada generalmente por agentes gubernamentales para convertir un asunto público en una “amenaza existencial” para el Estado. Así el asunto es desplazado del debate político y se vuelve monopolio de los aparatos de seguridad del Estado. En otras palabras, cuando un problema público es securitizado la única respuesta plausible desde el poder estatal es combatirlo y eliminarlo.

El Gral. Lara no es el primero en esgrimir esta estrategia de securitización de la protesta social. El propio Oswaldo Jarrín, ex ministro de Defensa, y María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, no desperdiciaron oportunidad para reforzarla en cada intervención pública. Pero con estos actos, lejos de mostrar fortaleza, evidenciaron la falta de voluntad política o capacidad para procesar los asuntos que motivaron las protestas de octubre de 2019.

La securitización de la protesta social guarda un estrecho vínculo con la militarización de la seguridad interna; esto es, la participación de los militares en tareas de seguridad pública. Algo que se ha normalizado en América Latina y que en Ecuador está ganando presencia.

El gobierno de Rafael Correa ya criminalizó la protesta social. Además, encargó a las Fuerzas Armadas el control de armas en el país, entre otras tareas, sin que hasta la fecha existan cifras claras para evaluar tal desempeño. Pero Lenin Moreno fue un paso más allá al involucrar a los militares en operativos antinarcóticos y securitizar la protesta social: convirtiéndola en una “amenaza existencial”. Hoy, Guillermo Lasso no parece dispuesto a revertir esta tendencia. Para muestra un botón. Hace pocos días el actual gobernador del Guayas, Vicente Taiano, muy suelto de huesos informaba que más de mil efectivos militares se sumarían a patrullar la provincia para combatir la delincuencia.

Ambos procesos (securitización y militarización) plantean serios desafíos a la democracia. Primero, porque al desdibujar el rol institucional de las Fuerzas Armadas (tradicionalmente encargadas de la seguridad externa o defensa nacional) ganan influencia sobre el gobierno civil y las políticas públicas que se implementan, sin asumir la responsabilidad política que eso conlleva. Segundo, porque reactivan mecanismos de violencia política para neutralizar a los opositores, bajo el pretexto de estar luchando contra una supuesta “insurgencia interna”. Tercero, porque despolitizan el debate sobre las causas mediatas e inmediatas de la protesta social, encapsulando el conflicto sociopolítico sin resolverlo.

La protesta social es una legítima manifestación política en todo orden democrático. Pero puede volverse un medio de fuga recurrente y a veces incontenible cuando convergen al menos tres condiciones: desigualdad social, precariedad del sistema de partidos y errores de percepción en los gobernantes. Las desigualdades proveen mayores incentivos para que las demandas sociales detonen en protestas. La precariedad del sistema de partidos impide a los sujetos sociales contar con mediadores fiables para canalizar sus demandas, pasando de las instituciones a las calles. Pero los errores de percepción en los gobernantes –tal como el que induce la securitización de la protesta social– los alienan conduciéndolos a un laberinto que acelera la espiral de violencia en las protestas.

De esto hay muchas experiencias recientes en la región y en el país. Por eso, si el compromiso de Guillermo Lasso con la democracia es auténtico su gobierno debe empezar por des-securitizar la protesta social y desmantelar la militarización de la seguridad interna. Caso contrario el Ecuador puede pasar rápidamente del “país del encuentro” –como sugiere el slogan oficial– al encuentro en las calles para reclamar y protestar.